Por: Gustavo Gallón

“¿Usted se siente seguro?”

LA MITAD DE LA POBLACIÓN COlombiana parece que no se siente segura.

Eso revela la encuesta realizada por Napoleón Franco para Semana con motivo de los primeros cien días del actual Gobierno: 46% respondieron que no, 53% que sí, y el 1% no supo o no respondió. Es decir, un empate técnico, porque el margen de error de la encuesta es de 2,8%.

¿Sorprendente? Sí, para quienes hayan sido cautivos de la poderosa propaganda gubernamental sobre la política de “seguridad democrática” durante los últimos ocho años, que son la mayoría dentro y fuera del país. De tanto repetirlo se volvió verdad que el total de homicidios al año se redujo de 28.000 a 17.000 gracias a dicha política, a la cual también se debería la disminución de secuestros y la posibilidad de viajar tranquilo por las carreteras del país.

Una política contrainsurgente, es decir, concentrada en derrotar a las guerrillas (que eso es la “seguridad democrática”) no podía producir tantos milagros. De una parte, porque la violencia vinculada al conflicto armado, siendo muy grave, representa menos del 15% de los homicidios del país. El 85% restante no se afecta directamente por una política sectorial, que no la interpela.

De otra parte, porque aun si hubo reducción en ese 15%, el total de homicidios por razones sociopolíticas registrados por fuera de combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fue considerablemente alto: 16.855 personas perdieron la vida o fueron desaparecidas forzadamente en tales circunstancias, lo cual no es sinónimo propiamente de seguridad. Los secuestros, si bien bajaron, continúan todavía registrándose a razón de más de mil por año. Además, no todos los índices de violencia se redujeron: se duplicaron los homicidios atribuidos a agentes estatales por fuera de combate, incluidos los llamados “falsos positivos”, que privaron de la vida a cerca de 2.000 personas.

Y el desplazamiento forzado continúa a niveles alarmantes: 600 personas en promedio son desplazadas diariamente. Las carreteras no resultan muy seguras para ellas, ni para quienes han sido blanco de las persecuciones ilegales del DAS: un magistrado denunció haber sido víctima de un atentado en carretera cometido a través de un vehículo que resultó pertenecer a dicho organismo de inteligencia.

No debería entonces sorprender que la mitad de la población no se sienta segura. Así trató de decirlo el DANE en septiembre de 2004, en otra encuesta sobre percepción de seguridad, que el Gobierno impidió revelar sin ser sometida previamente al Consejo Nacional de Seguridad, lo cual motivó la renuncia indignada de su director.

Estas encuestas deberían servir para el diseño de una política de seguridad que tranquilice a la totalidad de la población, y no solamente a la mitad de ella. Para el efecto, es elemental que se dirija contra todos los factores de inseguridad, sean ellos agentes estatales, grupos paramilitares, delincuentes comunes o grupos guerrilleros (y no solamente contra estos últimos). Es imprescindible que se base también en un respeto verdadero de los Derechos Humanos. De lo contrario, la política de seguridad puede generar absurdamente mayor inseguridad, así lo disimule durante algún tiempo a punta de propaganda y de censura.

* Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org

 

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