Por: Cecilia Orozco Tascón

Hurtado y su efecto colateral

SE VE MUY ELEGANTE MARÍA DEL Pilar Hurtado subiendo a un automóvil de alta gama, a la salida de una cita con las autoridades panameñas.

La escena captada por un fotógrafo es llamativa, además, por la presencia de un conductor que le abre la puerta mientras un peripuesto funcionario del gobierno le sirve de escolta, seguramente para que nadie vaya a ‘chuzarla’. A propósito, según datos confiables, el sedán que se le asignó a la fugitiva es lo que aquí se denomina un carro fantasma, pues no hay registro público de esa placa en Panamá. Debe ser que Hurtado no quiere perder la costumbre de tener cerca vehículos de los que usan los cuerpos de seguridad para seguir ilegalmente a sus blancos, como les ocurrió, en este país, a los magistrados de la Corte cuando ella dirigía el DAS. En fin, El presidente Martinelli le ha concedido asilo territorial a la responsable directa de las interceptaciones criminales de la agencia de inteligencia de la Casa de Nariño, con base en el Convenio sobre Asilo Territorial de la OEA.

Dicho convenio estipula que las naciones firmantes pueden admitir dentro de su territorio a la persona que deseen “sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”. Raro que la Canciller no lo sepa o que no lo haya informado, en vez de hablar de protestas formales. En cuanto a la extradición que pediría el Fiscal, el quid del asunto está en el artículo IV del mismo acuerdo: “La extradición no es procedente cuando se trate de… perseguidos por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos…”. Está claro: Martinelli, rico empresario de los que le fascinan al ex mandatario colombiano, interpretará a su amaño la “persecución” de que es objeto Hurtado. Aunque no sea sino por este efecto colateral, bien ida sea. Por esta vía, Uribe, que empujó a Hurtado y a Martinelli, ha terminado aceptando que su ex jefa del DAS incurrió en delitos comunes “con fines políticos”. Liquidar a sus adversarios, forzar la elección de un Fiscal de bolsillo o perpetuarse en el poder, son algunos de los de la lista. Resulta asombroso que quien sería el beneficiario del dinero birlado a los pobres de Colombia en DMG, sea el que acabe haciéndole semejante favor al ex presidente.

Entre paréntesis. Un columnista de este diario hace una presunta defensa del procurador Alejandro Ordóñez, lo cual es perfectamente lícito. Para descalificar la siguiente frase de mi comentario de la semana pasada en la que me refería a los derechos que le asisten en un Estado de Derecho a Piedad Córdoba: “alguien que está exactamente en la orilla contraria a mi pensamiento, no es idóneo para impartir justicia sobre mi proceder”, concluye: “Siguiendo la peregrina tesis de la periodista, supone uno que ¿a los narcoterroristas sólo los pueden juzgar los narcoterroristas y a los paracos sólo los pueden juzgar los paracos?”.

Con tan “peregrina tesis” el columnista da licencia para que yo también suponga que con la expresión ‘narcoterrista’ se refiere a Córdoba y con el término ‘paraco’, a Ordóñez. ¡El Procurador tiene que estar feliz con la equívoca comparación! Del contexto de lo que escribí, se sobreentiende que un guerrillero —o ‘narcoterrorista’— no puede hacer un juicio imparcial de un paraco, ni un paraco de un guerrillero. Salvo que parezca ideal, como algunos lo quisieran, que Colombia instaure los métodos de juzgamiento del Medioevo y la Inquisición. En cuanto a Ordóñez y su obsesión contra Córdoba, piensa uno que lo único que falta es que éste ordene ponerle, como segunda o tercera condena disciplinaria, un cinturón de castidad.

 

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