Por: Eduardo Sarmiento

Presupuesto 2020

El Gobierno presentó al Congreso el presupuesto 2020 de $271 billones, superior en 9 % al de 2019 ($21 billones). De entrada, el proyecto está desfinanciado. Los ingresos tributarios se verán reducidos por los alivios de la Ley de Financiamiento. El faltante reconocido por el Gobierno es del orden de $9 billones.

Se repite la experiencia del año anterior en que se presenta un presupuesto desbalanceado. El faltante quedó a iniciativa del Gobierno que ya anunció que lo cubrirá con la privatización de las empresas del Estado y lo incluirá en el presupuesto como un ingreso y no como una financiación. Así se incumplen las prácticas contables aceptadas, se reduce el déficit fiscal en forma artificial y se elude la regla fiscal establecida por altos funcionarios designados por el mismo Gobierno.

El ministerio de Hacienda está haciendo un uso indebido de la norma constitucional de 1991, que estableció el procedimiento del presupuesto desbalanceado para darles a los gobiernos una mayor flexibilidad para atender los gastos prioritarios. La convirtió en un medio de determinar el déficit fiscal y obligar a su financiación con nuevas leyes. El proyecto presupuestal presentado el año anterior le permitió adelantar la Ley de Financiamiento que reducía los gravámenes a las empresas y elevaba los recaudos para reducir el déficit fiscal. Sobre esas bases se esperaba que la economía entraría en un proceso de reactivación que le significaría tasas de crecimiento de 3,6 %, y más, que se extenderían más allá del 2020.

Como anticipó esta columna al principio del año, la economía no crecerá por debajo de 3 %. Así lo confirma el Banco de la República que ha revelado proyecciones que bajan la previsión inicial de 3,6 % a 3 %.

El Gobierno en el desespero pretende impulsar la economía con la ampliación del gasto social. La mayor parte de esta, representada en pensiones y salud que operan con pirámides de pasivos mayores que los activos y que se sostienen con el apoyo y pasividad oficial. La operación del Gobierno vendría a favorecer al capital y a los afiliados de altos ingresos. Los beneficios al 40 % más pobres serán muy inferiores a su participación en la población.

Lo grave es que la operación no tiene mayores probabilidades de éxito. Los recursos provenientes de la privatización resultarán de ventas de las empresas del Estado (como Ecopetrol), mediante la emisión de acciones que contraerán la inversión privada. La expansión inducida por el mayor gasto público financiado con TES se compensará con el menor crédito privado.

En síntesis, este año se siguió una política fiscal contractiva que neutralizó la baja de los impuestos de las empresas. En el próximo año se aplicará una política fiscal expansiva que será compensada, por lo menos, en financiación de la inversión privada. Lo que se hace por un lado se contrarresta por el otro. La explicación es simple. El estancamiento de la economía se origina en una seria falla estructural ocasionada por la globalización y los TLC, la ineficacia del banco central en condiciones de tasa de interés cero y el abandono de la industria, y tienen la manifestación más clara en el mayor déficit en cuenta corriente del mundo, el desplome del empleo y la parálisis de la industria. Mal puede esperarse que semejante desorden pueda ser normalizado con una política fiscal dentro de un marco de tasas de cambio flotante y libre mercado. La recuperación del crecimiento económico, la extirpación del desempleo y el balance externo no serán posibles sin cambios de fondo en el Banco de la República. Y la organización comercial y cambiaría, además de la adopción de una audaz política industrial.

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2019-08-03T21:00:00-05:00

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