Por: Rodolfo Arango

Democracia y derechos humanos

EN TIEMPOS DE CRISIS ADQUIERE plena vigencia el refrán “En río revuelto, ganancia de pescadores”.

El llamado a un centro político por Claudia López o León Valencia, la convergencia democrática de Petro o el reagrupamiento de los partidos uribistas que pretenden legalizar el transfuguismo en la reforma política, son actos propios de pescadores en río revuelto. Los principios y contenidos se subordinan a la estrategia electoral: que el Polo está capturado por la izquierda revolucionaria, dicen los primeros. Que debemos atajar a Uribe incluso con uribistas no reeleccionistas, dice el segundo. Para la salud de la democracia colombiana, los debates venideros deberían ser temáticos y respetar los principios de veracidad, transparencia y buena fe. Cosa aparte es la mala fe de periodistas desinformados que salen a decir que no sucedió lo que ignoran o callan selectivamente. Bastaba a María Isabel Rueda leer el discurso de Carlos Gaviria ante el II Congreso del Polo para enterarse de la categórica condena a las Farc por boca de quien lo preside antes de quejarse por un inexistente silencio.

La democracia liberal es inadecuada para la realización integral de los derechos humanos. El modelo político liberal parte de una concepción instrumental del ser humano como agente racional y de una visión del proceso político como si se tratara de un libre mercado. La democracia comunitarista tampoco es idónea para el fin anotado. Su preferencia por la colectividad sacrifica los derechos individuales en el altar del interés colectivo. La peor opción de todas es la del uribismo, ideología que combina la negación de los derechos sociales típica de la democracia liberal con la imposición del perfeccionismo moral característico de la democracia comunitarista. En contraste, la democracia social defendida por la izquierda democrática (¡no confundir con la izquierda revolucionaria!) rechaza explícitamente los modelos liberal y comunitarista, sin que ello signifique la abolición de la libertad. La democracia social corrige al liberalismo clásico y al capitalismo para permitir la realización de la libertad para todos, sin exclusiones. En ella no dejan de tener vigencia los derechos civiles y políticos, la propiedad privada o la libre iniciativa económica. La democracia social exige la adopción de un Estado constitucional, social y democrático de derecho con el fin de asegurar además la vigencia de los derechos sociales. En una sociedad con profundas desigualdades e injusticias, no bastan la ética y la equidad como principios de conducta ciudadana. Se requiere un diseño constitucional e institucional que neutralice el desmonte del Estado, corrija las fallas del mercado, ataje el ventajismo de las grandes potencias, permita el pluralismo y garantice el acceso de todos a los beneficios sociales. Por lo demás, es importante recordar que existen modelos de desarrollo económico y social alternativos. Un abismo ideológico y práctico separa a la minga indígena de la forma de producción capitalista defendida por el difuso “centro político”.

Sólo una democracia social como modelo político, económico y cultural se toma en serio la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. No existen derechos de primera categoría como los civiles y políticos, y segunda categoría como los sociales, económicos, culturales y ambientales, como supone el liberalismo clásico para darle prioridad a la seguridad sobre la subsistencia. La construcción de partidos políticos fuertes desde las bases, con ideología clara e ideario coherente, aporta más al país que el oportunismo político electoral, venga del centro o no. Puede estar tranquila la ola amarilla de William Ospina: ¡crecerá, crecerá y crecerá, muy a pesar del uribismo y del movimiento centrista de la calle!

 

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