La Lizama: la esperanza revive tras el derrame de crudo de 2018

hace 4 horas
Por: Cecilia Orozco Tascón

Llámenlo como quieran, es un complot

EL AXIOMA SEGÚN EL CUAL LA IGNOrancia de la ley no exime de su cumplimiento a nadie, menos a un alto funcionario del Estado, podría terminar afectando a Mario Aranguren, director, ex director durante unas horas y nuevo director de la UIAF (Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda).

Lamento que así sea porque Aranguren da la sensación de honradez por la precisión con que explicó la entrega de datos privados de los magistrados de la Corte Suprema al DAS. El reputado profesional —quien se verá obligado a callar de ahora en adelante por su permanencia en el cargo— enfrentará problemas jurídicos aunque ignore que las peticiones de cualquier dependencia oficial para la entrega de información reservada tienen que especificar por escrito cuál juez o fiscal las ordena y el número de radicación del proceso judicial correspondiente. Si algunas de las solicitudes de las centenares que le hizo el DAS (“cerca de 900 requerimientos en los últimos tres años”) no cumplió ese requisito, Aranguren se equivocó. No hay convenio interinstitucional que sirva porque prima la ley.

Como sea, el director de la UIAF metió entre los palos con sus declaraciones a la revista Semana, a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, entrevistada también por la publicación. La comparación entre las afirmaciones del uno y la otra es patética. Dice Aranguren: “En todos los casos se le entregó copia firmada por mí a la entonces directora del DAS, en donde le cuento que entregué información a Contrainteligencia (de ‘la mayoría de la Corte Suprema’)”. Frase de Hurtado: “Por mis manos sólo pasó una información de un magistrado de la Corte y llegó indirectamente…”.

Se repite la historia reciente de dos altos dignatarios de Estado enfrentados porque el primero asegura algo que el segundo rectifica o al revés. María del Pilar tendrá que jurar ante su juez que Aranguren mintió y demostrarlo; o éste deberá exhibir las copias de los documentos que le envió a la ex jefa del DAS. Otros hechos se desprenden de las entrevistas de los dos personajes: 1.- Que Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, habló de “inquietudes” que tenía la Casa de Nariño sobre la Corte con Hurtado, con los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS y con el coordinador de un grupo clandestino de esa entidad. 2.- Que la investigación al tal Asencio Reyes por su presunta vinculación simultánea con el narcotráfico y con algunos magistrados, la creación de una carpeta de seguridad denominada “Paseo I, II, III” y la “noticia” que se filtró alrededor de ese tema tuvieron origen en la Casa de Nariño.

Una mirada retrospectiva sobre el maluco asunto Presidencia vs. Corte Suprema nos da más luces sobre el Watergate nacional: el magistrado objeto del operativo “Paseo…” es Yesid Ramírez, quien siendo presidente de la corporación, en 2006, despertó la ira de Álvaro Uribe por diferencias de carácter institucional. El segundo esculcado por el DAS es César Julio Valencia, ex presidente del tribunal en 2007, a quien el Jefe de Estado denunció por injuria y calumnia. El tercer togado más seguido y perseguido, y objetivo del grupo ultrasecreto “GONI”, es el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien en desarrollo de sus indagaciones legales sobre la parapolítica obtuvo información circunstancial sobre un importante pariente palaciego. Uno puede maquillar el enredo del DAS como quiera y hasta mimetizarlo. De todas maneras se perfila la figura del complot, no interesa cuántas procuradurías certifiquen lo contrario.

 

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