Apagón en Venezuela: el país está en riesgo de quedarse un mes sin luz

hace 5 horas
Por: Alfredo Molano Bravo

Víctimas y victimarios

DESPUÉS DE UNA LARGA E INTENSA pelea parlamentaria que los senadores Rivera y Cristo libraron en defensa de una ley  que favoreciera a las víctimas de la guerra que nos tiene presos; después de que la aplanadora uribista y la oposición habían conciliado las diferencias y el Congreso se disponía a sacarla adelante, el patrón salió a decir que no, que ni de riesgo, que el país quebraría, que la nación sería declarada en bancarrota, que la Seguridad Democrática se paralizaría, que los inversionistas huirían despavoridos. Obediente, la aplanadora bajó la cabeza y fue a votar de rodillas en contra de las víctimas.

El argumento del Príncipe: que, según los cálculos del Ministro de Hacienda, el pago a la gente que ha perdido su tierra, que le asesinaron a sus familiares, que le desaparecieron a sus seres queridos, ascendería a 80 billones de pesos. No hay plata para tanta gente. La plata es sólo para las Fuerzas Armadas, para los empresarios, para los bancos. O sea, para los inversionistas.

 Ni más faltaba, agregó el Ministro del Interior y de Justicia, al que se le volaron de la cárcel los mafiosos amigos de su hermano, favorecidos por un fallo de un fiscal especial. Más bien, dijo el Señor Presidente, hagamos una reformita fiscal para que la guerra la paguen empleados y asalariados. Fenalco y ANIF se le derramaron en aplausos y loas antes de que lo hicieran Fedegan, la Andi, y Planeta, el nuevo socio de la Patria.

 El espectáculo de no ser trágico para la gente del pueblo sería simplemente ridículo. El relator de la ONU, que tomó atenta nota de los asesinatos fuera de combate tanto de las guerrillas como del Ejército, declaró su inconformidad con la decisión de Uribe y sin duda incluirá en su informe final una nota adversa y condenatoria de la doctrina oficial. Para Uribe, las víctimas de las guerrillas deben ser indemnizadas por vía administrativa —chan con chan—, en cambio las víctimas de la Fuerza Pública sólo deberían ser reconocidas como tales después de un fallo de los jueces en caso de ser los autores —“casos aislados”— encontrados culpables. Estos juicios pueden demorar veinte años o más como en el caso del Palacio de Justicia, o, simplemente, quedar impunes como en los casos de Galán, Álvaro Gómez, Pizarro, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo.

Se dice que cuando al Presidente le plantearon la igualdad entre victimarios, que es la tesis del Relator de la ONU, dijo en tono patético: ¿acaso se quiere que los militares me saquen a tiros del puesto? No sé si es verdadero el miedo del Primer Mandatario; no sé si el eventual desenlace fuera coherente con la política de bolsillo desfondado con las Fuerzas Armadas. Lo que no tiene duda es que Uribe hace cualquier cosa por obedecer los intereses de la guerra y ponerse del lado de los victimarios oficiales para defender su propio futuro.

 

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