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hace 2 horas
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Reino amenazante

MIENTRAS EN LOS “GRIPO-PORCInos” salones de la Casa de Nari celebraban la tramposa audacia de haber propiciado otra violación de la Constitución para que Uribe se perpetúe ilegalmente en el poder, la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, María Estela Jara Rodríguez, a quien no conozco, recibía otra amenaza, esta vez un sufragio invitándola a su propio entierro.

Se trata de la funcionaria que ha venido conduciendo el complicado proceso contra el coronel (r) Plazas Vega, por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

No hay derecho a que en el régimen que ha invertido miles de millones de pesos en la seguridad, todavía haya quienes intimiden a un administrador de justicia. Estamos como en las épocas de Pablo Escobar. Aquel juez que resulte incómodo o que se atreva a avanzar en el teatro de los intocables, es sentenciado a muerte.

La sociedad no reacciona cuando se trata de las amenazas a los jueces; así ha ocurrido siempre pues, como lo dijo en su momento el ex presidente de la Corte Fernando Uribe, la rama judicial es la más seca del poder público, y por eso ardió en noviembre de 1985, cuando entre llamas se perdieron los gritos de Alfonso Reyes Echandía, pidiendo que cesara el fuego que sólo se apagó cuando ya todo estaba consumado.

Las amenazas a esta jueza indefensa no llegaron solas, ni de la noche a la mañana. Previamente se ha hecho sentir una campaña mediática orquestada por agentes de la guerra sucia, para que aparezca que la doctora Jara Rodríguez está persiguiendo a un inocente y que odia a las Fuerzas Militares.

Allí están los alegatos que en forma de columnas de opinión o comentarios radiales han lanzado quienes creen que a los militares les está permitido todo sin que tengan que comparecer ante la justicia. No han ahorrado epítetos para sacudir la reputación de la jueza que con la sola arma de los códigos no permitió que el proceso contra Plazas Vega se dilatara injustificadamente.

Algo similar viene ocurriendo con Sandra Castro, la fiscal de Derechos Humanos, o con Ángela María Buitrago, la fiscal delegada ante la Corte, quienes por obrar con valentía y rectitud en procesos contra militares o el hermano del ministro Valencia Cossio, han sido objeto de las agresiones “periodísticas” de las mismas plumas que hoy reclaman la hoguera para quien juzga a Plazas Vega.

Tan grave es la situación que esta semana hasta el general Fredy Padilla de León aprovechó la ocasión del sepelio del general (r) Yanine, para hacer una declaración insultante contra la justicia. Creyó oportuno este altísimo oficial llamar la atención a los hombres que administran justicia, de que la apliquen a quienes han sido soldados de la patria, porque en su imprudente visión, los jueces han sido injustos. ¿No habrá pensado que su declaración puede legitimar las agresiones contra los jueces que él está en la obligación de proteger? Es probable que no se le haya ocurrido ni a él ni a nadie en el Gobierno, entre otras cosas porque a la cabeza de los improperios oficiales contra los jueces, paradójicamente está Álvaro Uribe.

¿Quién está amenazando a la jueza Jara Rodríguez? Si detrás de esa estrategia intimidante hay fuerzas oscuras vinculadas a estamentos gubernamentales, el régimen de la seguridad democrática tiene que demostrar que está del lado de la justicia y no de la delincuencia.

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Adenda. Que no canten victoria con la aprobación fraudulenta del referendo. A menos que hagan lo mismo que hizo Fujimori para asegurar su tercera reelección, en ninguna circunstancia Uribe podría legalmente anunciar su reelección, ni inscribirse como candidato antes de que el referendo pase en la Corte y en las urnas (arts. 8 y 9 ley 996 de 2005).

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