El presidente Iván Duque condenó el atentado en la Escuela General Santander

hace 2 horas
Por: Alfredo Molano Bravo

Otras armas

Tristes guerras si no es de amor la empresa. Tristes. Tristes.    Miguel Hernández

LA INSTALACIÓN DE BASES MILITAres gringas en el país como continuación y ampliación de tratados ya suscritos desde 1952 ha sido justificada ante la opinión pública presentándonos a los presidentes Chávez y Correa como amenazas, y la gente se ha comido el cuento sin más ni más. Calladita. Excepción hecha de alguna protesta de los estudiantes de la UIS —de la que sólo nos han informado que hubo unos policías heridos—, nada. Ni pío. Silencio. El terror al que nos han sometido con la motosierra, los falsos positivos, las sindicaciones oficiales, ha creado una mordaza hecha de miedos que le permite al Gobierno hacernos comulgar con cualquier rueda de molino y llamarlo “cohesión social”. Algunos tímidos comentaristas se han atrevido a decir que lo grave no es una guerra con Venezuela, sino el hecho de que algunos soldados —o contratistas— gringos se emborrachen, se agarren a coñazos en los bares, negocien con videos hechos sobre imberbes y dejen niñas preñadas. Verídico. El caso de la hija de doña Olga del Castillo, violada por dos soldados gringos, es aberrante y no es el único; se habla de más de 35 hechos de violencia contra mujeres entre 2006 y 2007. La guerra apareja estas brutalidades y aquí pasan de agache. La violencia contra la mujer —violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo no consentido, mutilación de órganos, aborto forzado— es pan de cada día en batallones, frentes o bloques, y la gran mayoría queda en la total impunidad.

Tres casos para ilustrar lo dicho.

En el antiguo penal del Araracuara hay una base militar con radar gringo y fuerte de hormigón que busca impedir el narcotráfico con Brasil, Venezuela y Surinam. Numerosos niños son hijos de militares que hacen un “trabajo extraordinario” con indígenas huitotos, muinanes y nonuyas. Uno podría decir que el hecho es resultado de las privaciones de la vida militar, o que es un recurso para impedir que unos soldados terminen con otros soldados en el mismo catre. Quizá. Pero hay otra explicación: se puede tratar de una estrategia perversa para crear redes de parentesco que funcionen como fuentes de inteligencia. Los militares se convierten en maridos con poder sobre las mujeres y sobre lo que ellas conocen y saben: caminos, negocios, amigos. Sobra decir que las muchachas más agraciadas pertenecen a los mandos superiores como botín de guerra y que las enfermedades venéreas y el sida son la estela que va dejando la guerra. Igual pasó con la viruela en tiempos de la Conquista y del sometimiento de naturales.

No es una gracia que hagan sólo militares colombianos. Las guerrillas suelen enamorar muchachas o muchachos para obtener información, para crear redes de colaboradores y reclutar simpatizantes. En el norte del departamento del Amazonas un comando guerrillero violó siete indígenas, las acusó de infiltración y las desterró de la región. O lo que es lo mismo: las empujó a la prostitución.

Los paramilitares son más violentos que todas las otras fuerzas armadas. En la Sierra Nevada queda vivo el recuerdo de Don Taladro, alias Hernán Giraldo, señor de horca y cuchillo de la región. Sin más ni más, el tipo se reservaba el derecho de pernada sobre las campesinas e indígenas de sus dominios, que iban —¿o van?— desde Dibulla, donde se pelea el puerto de Brisa, hasta el parque Tayrona, hoy en concesión a don Bessudo. Cientos de vírgenes pasaron por el chinchorro de Don Taladro, y de allí el apodo con que era conocido. Un otrosí: don Hernán compartía con los grandes de Santa Marta sus celebraciones.

La violencia contra las mujeres en un conflicto armado interno, cuando es sistemática y generalizada, está tipificada por el Tratado de Roma como tortura con carácter de crimen de guerra y lesa humanidad. En Colombia, sin contar los casos atribuidos a los gringos en las zonas donde cooperan con el Gobierno, el 57% de estos delitos es cometido por paramilitares; el 22%, por la Fuerza Pública; el 13%, por la guerrilla; el 10%, por operativos conjuntos hechos por fuerzas oficiales y paramilitares, y el 5%, por sujetos no identificados. Son datos del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas Colombia.

 

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