Por: Salomón Kalmanovitz

Indecencia

NI EL GOBIERNO NI SU BANCADA TIEnen el menor recato sobre impedimentos y de situaciones de riesgo moral en que incurren sistemáticamente. Para comenzar, el presidente Uribe no debió firmar una ley impulsada por sus ministros y su facción en el Congreso que organiza un referendo que busca perpetuarlo. Una forma de simular sería que el Vicepresidente la firmara, lo cual no fue siquiera necesario.

El Presidente debió obedecer la Constitución que había jurado defender y no cambiarla para beneficiarse, como lo hizo en 2005. La Corte Constitucional renegó de su función fundamental en ese momento, cual era impedir que se cambiara la Carta, permitiendo la enorme concentración de poder que tiene hoy Álvaro Uribe en sus manos. En otras palabras, avaló el desajuste entre los poderes públicos. ¿Reincidirá la Corte?

No tiene presentación en una democracia liberal estar cambiando el voto de los congresistas con los recursos que aportamos los contribuyentes. Es un claro desvío del presupuesto para satisfacer intereses de facción, en contra del bien común. Los recursos públicos son sagrados: deben ser invertidos según las prioridades de la sociedad. Y es abusiva y descarada la propuesta de quitarle el derecho al voto al que se abstuvo en el pasado para facilitar la aprobación del referendo por el electorado así arbitrariamente disminuido.

Tampoco pueden los congresistas negar el impedimento de un colega porque éste subsiste sin importar que voten o no voten al respecto. La moral obviamente no se legisla.

El Ministro del Interior y de Justicia no debe ejercer a la sombra de los delitos de su hermano pues cabe la duda de si lo está favoreciendo. Menos tiene cara el que un ministro tan comprometido estuviera comprando mayorías en el Congreso. La concentración de poder produce cada vez más poder, como lo manifiesta el transfuguismo de los políticos hacia las toldas uribistas.

El DAS es un organismo de policía secreta que depende de la Presidencia; por lo tanto, es grave su responsabilidad al permitir la captura del ente por personas cuestionables, que espíe e intimide a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos el presidente Nixon cayó por un delito mucho menor: espiar la convención de la oposición. Allá, la división de poderes y la mayoría demócrata en el Congreso precipitaron la renuncia del presidente. Acá, el maridaje entre los poderes permite una impunidad completa para el Ejecutivo. Para cerrar el círculo, la Fiscalía renguea frente a los casos de los tres ex directores del DAS comprometidos con crímenes políticos y con las escuchas ilegales.

Los hijos del Presidente, que se beneficiaron por las decisiones de los ministros de su padre, no han liquidado que se sepa los negocios que lograron establecer a su sombra. Una vez descubiertos por algunos medios, otros más poderosos les ofrecieron plataforma para que aparecieran como jóvenes emprendedores. Los medios de comunicación subordinados contribuyen a que el Ejecutivo actúe arbitrariamente y a encubrir la corrupción de sus funcionarios.

En fin, el Gobierno y sus partidos escapan a todo control político y social, mientras que sus integrantes no son ningunos adalides de la moral; por eso, no les queda un ápice de decencia ni de pudor. Debemos, en consecuencia, promover una concientización del mayor número posible de ciudadanos para que entiendan los males que se derivarían de votar por el referendo reeleccionista.

 

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