Por: Salomón Kalmanovitz

Agro subsidio seguro

EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGUro (AIS) compensaba a los agricultores por los presuntos efectos nocivos que iba a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre sus actividades.

Se suponía que un poco de competencia los iba a lesionar tanto que para vencer su oposición al tratado, que atrasó durante un año las negociaciones, se les otorgó una ley atada originalmente con un billón de pesos al año. Toda la sociedad debía subsidiar entonces la ineficiencia de esos pocos.

El tratado nunca se firmó, pero los subsidios quedaron en pie. Andrés Felipe Arias se ufanaba de que la mitad de los recursos los destinaba a la investigación que iba a elevar la desastrosa productividad del sector, algo que en verdad no se puede corroborar: la información que provee el Ministerio de Agricultura ni siquiera incluye el programa Agro Ingreso Seguro.

Lo que se puede destacar de las convocatorias de apoyo que hace el Ministerio es que los recursos para adquirir unidades agrícolas familiares por campesinos y desplazados es de $20.000 millones, 2% de los recursos de AIS y que los trámites son tan engorrosos y caros que pocos son los campesinos que pueden acceder a ellos.

Los recursos canalizados a las familias más poderosas del Magdalena, de Cundinamarca y del Valle del Cauca eran del orden de $72.500 millones, 3,5 veces los recursos para los pobres y todavía no sabemos cómo se distribuyó el resto de los $900.000 millones. Existen múltiples programas que apoyan la capitalización rural, la palmicultura y la industria azucarera con condonación de créditos entre 40 y 20% del valor adquirido.

Lo cierto es que en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado y con más de una oveja negra en negocios ilegales.

El hecho es que hay una larga tradición en el país de origen feudal que informa que los grandes propietarios de tierras pagan muy pocos impuestos. La propiedad del suelo les otorga poder político, pueden ocultarla del fisco y se valoriza con la inflación de alimentos, y con la demanda de narcos y de las clases medias urbanas.

A pesar de que no pagan por el Estado, los latifundistas tienen una gran sobrerrepresentación en él, por la vía del Congreso, ministerios y de la política regional. Durante el conflicto les correspondió pagar impuestos ilegales a las Farc y a los paramilitares, algo que gracias a la política de seguridad se les ha aliviado. Los impuestos de la población urbana y de los empresarios financiaron los gastos en seguridad que los salvaron.

No sólo no pagan impuestos, sino que capturan los que pagamos los ciudadanos para usufructuarlos en sus empresas agropecuarios o en sus aventuras políticas. Para cerrar la ecuación de injusticia infinita, los subsidios recibidos por esta plutocracia terrateniente están exentos de… impuestos, gracias a sus buenos oficios legislativos.

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