Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Para los de ruana

LA LEY PREVÉ QUE NADIE PUEDE SER funcionario público después de cumplir 65 años, cuando se llega a la edad de retiro forzoso. Eso dice la ley, pero otra cosa hace Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional.

Que Pretelt nombre como su magistrado auxiliar a un cercano amigo es un vicio tan generalizado, que es lo de menos. Lo que sí es censurable, es que haya designado como su magistrado auxiliar a Carlos Alberto Murcia Montoya, a sabiendas de que tenía 67 años.

Pretelt defiende la legalidad de su decisión, valiéndose de una reforzada interpretación de unos fallos de la Corte Constitucional, que no dicen lo que él supone, y además echando mano de unos precarios antecedentes que le permitieron en el pasado reciente a unos ex magistrados seguir ejerciendo sus cargos a pesar de haber cumplido la edad de retiro forzoso. La ventajosa tesis consiste en que como unos ex magistrados de la Corte Constitucional consideraron que para ellos no regía la edad de retiro forzoso, tal privilegio se extiende a cualquier otro servidor de esa misma corporación. Si unos abusaron, que abusen todos.

Pero hay más. No obstante haber sido advertido por Patricia Vargas, coordinadora administrativa de la Corte, de que no podía nombrar a una persona mayor de 65 años, Pretelt no sólo ignoró la advertencia, sino que para posesionar a su amigo en el cargo, se valió de un artificio del que tangencialmente resultó siendo víctima, o involuntario cómplice, su colega Mauricio González.

En efecto, la tarde del viernes 5 de junio, cuando el presidente de la Corte, Nilson Pinilla, se encontraba fuera de la ciudad, Pretelt aprovechó su ausencia y le pidió al vicepresidente, Mauricio González, que posesionara a su magistrado auxiliar, pero sin advertirlo de que el nuevo funcionario ya tenía 67 años. Qué silencio tan raro. Cuando González fue enterado de que había posesionado a una persona con edad de retiro forzoso, solicitó se revocara el nombramiento fraudulento, petición que no fue atendida.

Por cuenta de todas estas maromas con sabor a emboscada, Murcia Montoya es el único funcionario en Colombia, distinto de un magistrado del Consejo “Presidencial” de la Judicatura, que hoy desempeña empleo público a pesar de ser mayor de 65 años.

Todo eso fue posible gracias a que uno de los guardianes de la Constitución, por sí y ante sí, desconoció la ley para favorecer exclusivamente a su compañero de empresa editorial, pues Pretelt y Murcia son coautores de un trabajo publicado en septiembre de 2003 por la Universidad de sus querencias, intitulado Por qué votar sí al referendo.

Olvidaba decir que de acuerdo con la versión de Pretelt, el nombramiento irregular no tuvo por finalidad permitirle a Murcia “la obtención de la pensión”, porque éste ya está jubilado y solicitó se suspendiera la misma. Lo que omitió advertir es que aun cuando se haya suspendido la pensión, su amigo además de recibir un jugoso salario, a su retiro de la Corte incrementará ostensiblemente el monto de la mesada pensional.

Fácil resulta suponer que con tan mal ejemplo, miles de personas en edad de retiro forzoso también reclamarán su derecho a ejercer cargos públicos. Eso será el caos legalizado y todo a cargo del erario.

Si en esta historia no estuvieran involucrados un magistrado de la Corte Constitucional y su auxiliar, los protagonistas de esta audacia estarían presos y destituidos. Pero aquí no pasa nada, porque unos poderosos todo lo pueden, hasta volver lícito lo ilícito.

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Adenda. Al ex senador Darío Martínez le asiste el derecho de tener malas compañías, como la de José Obdulio, e inclusive de pontificar sobre la legalidad del referendo reeleccionista, pero lo que sí no puede eludir es explicarle al país el por qué renunció a la aspiración de ser Procurador.

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