Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Justicia sitiada

PARA LA HISTORIA YA VA QUEDANDO claro que la justicia ha sido otro desastre de Uribe.

Así lo evidencian el accidentado proceso de selección de la terna para Fiscal y las insólitas mentiras o confesiones presidenciales en el pasado Consejo Comunal sobre corrupción.

El Comité Interinstitucional de la Rama Judicial ha revelado que hay poderosos funcionarios o abogados que proponen y vetan nombres para Fiscal, no pensando en la justicia, sino en sus pleitos, tanto los que tienen como imputados de muchísimos delitos en cuya investigación nadie se interesa, como los que impulsan en condición de defensores, o incluso aquellos litigios que soterradamente mueven para favorecer amigos o ultrajar malquerientes. ¿Por qué el Gobierno no niega esta acusación?

Ingenuos quienes creíamos que el Fiscal se escogía transparentemente, cuando eso no es más que otro botín que disputan varios funcionarios y abogados cercanos al régimen, al igual que lo hicieron cuando triunfaron con el Absolvedor Alejandro Ordóñez, poniéndolo al frente de la Procuraduría, desde donde ya les ha sabido pagar el favorcito a sus cómplices. Unas veces exonerando la distinguida clientela, otras persiguiendo y calumniando con su mano prevaricante.

Pero si la elección de Fiscal tiene untado al Gobierno, más todavía lo que reveló Uribe en el Consejo Comunal, acerca de que jamás ha llamado a un juez para hablarle de asuntos personales, pues cuando lo hizo fue porque estaba de por medio el interés general.

No es cierto que Uribe jamás haya llamado a un juez para temas personales. Cuando llamó al magistrado Iván Velásquez, lo hizo para averiguarle sobre si era o no cierto que el delincuente alias Tasmania lo había involucrado en un supuesto atentado a un jefe paramilitar, conocido como René. Salvo que regresemos a los días en los que el rey Luis XIV consideraba que “el Estado soy yo”, esa acusación no fue al Estado sino contra un individuo.

No hay duda de que como a Uribe nadie le puede llevar la contraria en esos Consejos Comunales, él se toma confianza; por eso declaró ante el país que sí llama a los jueces, pero sólo cuando se trata del interés general. El mandatario admitió haber llamado a la Corte Suprema para averiguar por una acción de tutela relacionada con predios de una entidad pública.

 Me imagino que un directivo de una multinacional que estuviese siguiendo la transmisión del malhadado Consejo Comunal —de esos que se tragan la fábula de la confianza inversionista—, debió quedar estupefacto al enterarse de que Uribe considera legítimo llamar a los jueces que manejen pleitos en los que tenga interés el Estado para hablarles al oído. Ese empresario se debe de haber preguntado: ¿será que esa actitud presidencial de llamar a los jueces que conocen de los procesos donde tiene interés el Estado, significa que la Nación o las entidades públicas no pueden perder un pleito?

Si las entidades estatales gozan del inmenso privilegio de que cuando enfrentan litigios, de pronto aparece una llamada “salvadora” del Presidente al juez que ha de fallar cada asunto, no hay duda de que nuestra justicia es una pésima caricatura de Estado de Derecho.

El otro abuso que le resta por cometer al Gobierno con la justicia, es “sugerirle” a la Sala Administrativa del Consejo “Presidencial” de la Judicatura, que por primera vez en la historia suspenda en diciembre las vacaciones colectivas del Poder Judicial, de manera que al final de año la Corte Constitucional le trabaje sumisamente a la aprobación del referendo reeleccionista. Todo es posible en la tiranía uribista.

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Adenda. En estas épocas de sometimiento del periodismo al poder y al dinero fácil, el contundente discurso de Darío Restrepo —merecidamente galardonado con el Premio Simón Bolívar a la Vida y obra—, exigiendo libertad y responsabilidad a los periodistas arrodillados y fletados, es un alivio y una esperanza.

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