Por: Cecilia Orozco Tascón

Popular y con problemas de legitimidad

ÁLVARO URIBE CONTINUARÁ SIENDO el Presidente con el mayor respaldo popular de los últimos años, y sus estrategas de contrainformación adelantarán con notable éxito su tarea de tapar el sol con la mano.

Pero la realidad seguirá ahí, terca, y consiste en un grave problema de legitimidad. ¿Por qué se da semejante contradicción? Aparte de que la popularidad no es el único y ni siquiera el más importante elemento de licitud que la conciencia de una nación le otorga a su gobernante, hay otros factores que se han sumado para que se presente esta paradoja.

Los escándalos de corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes oficiales son algunos de ellos: falsos positivos, DASgate, Agro Ingreso Seguro, enriquecimiento de los hijos del Ejecutivo, Inco, Incoder, Fiduagraria, Operación Orión, tráfico de influencias, contratos y puestos, ministros y asesores con hermanos mafiosos, etc. Sin embargo, los más profundos causantes de la ilegitimidad palaciega son dos: las sentencias judiciales que indican que el procedimiento utilizado para lograr la primera reelección presidencial fue delictivo, y las sospechas sobre los oscuros métodos que su equipo de ayatollahs —una especie de clase social nueva que se autocalifica como mejor que las ordinarias por cuenta de su religión, raza e inteligencia— está empleando para alcanzar la segunda reelección.

Este círculo es el encargado de difundir en los medios, en donde tiene asiento propio, lo que merece aplauso o lo que debe ir a la hoguera. Es así que la Corte Constitucional primero, y la Corte Suprema después, han estado en la mira. La raza superior ya decidió que aquella, cooptada durante el proceso de revisión de la reelección pasada, está en salmuera hasta cuando diga que el referendo para la segunda reelección sí va. La Suprema, que no se ha arrodillado al menos en su mayoría, será en cambio destituida por “no cumplir con su obligación constitucional”. ¿Tendrá algo que ver con las faltas a sus “deberes con el Ejecutivo”, que este tribunal les haya impuesto condenas a Yidis, Teodolindo e Iván Díaz Mateus, ejemplos vivos del delito que soportó la elección de 2006? Puede ser, puesto que el Consejo Superior de la Judicatura —al que el Olimpo usa y nunca critica por “alterar la estabilidad”— tumba por allá lo que la Corte hace por acá. ¿Los ataques a la Sala Plena buscarán desacreditar las decisiones que están por tomarse por las confesiones de Cuello Baute, la investigación preliminar a los 86 representantes que votaron el referendo o la revisión del caso de los involucrados en la parapolítica, entre otros el del primo Mario?

Los procesos abiertos se desarrollarán de acuerdo con los hallazgos fuertes o débiles de la Fiscalía ¿O esto será simple imaginación de los “mamertos”, la categoría paria de la escala social uribista? Las investigaciones en las que están involucrados altos agentes del Gobierno dependerán de los conocimientos jurídicos y de la autonomía del director de esa entidad. No obstante, los ayatollahs me han convencido. Es cierto, la Corte Suprema se desvió de su tarea patriótica cuando le pidió al Presidente un imposible táctico: seleccionar a tres candidatos a Fiscal General y que cualquiera de ellos le garantice al país el carácter de imparcialidad de la justicia, sin que eso afecte la tercera candidatura presidencial. Que los magistrados “lagartos” elijan pronto, antes de que “la raza” consiga trasladarles a ellos el fardo de escasa legalidad  que rodea al Primer Mandatario por donde quiera que va. Si quieren salvarse, hay que montarse en el tren del deshonor.

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