Por: Elisabeth Ungar Bleier

Financiación y corrupción electoral

A ESCASOS NOVENTA DÍAS DE LAS elecciones para Congreso de la República, los riesgos de que se repitan situaciones anómalas o ilegales, similares o peores a las que ocurrieron en los comicios de 2006, son inminentes.

Tanto el Procurador General de la Nación, como el Registrador Nacional, han llamado la atención sobre graves irregularidades que pueden afectar su normal desarrollo y su legitimidad. El primero se refirió a la perversa relación entre la financiación de las campañas y la obtención de beneficios extraordinarios por parte de grandes contratistas y concesionarios del Estado y de receptores de subsidios oficiales. Y el segundo reveló que se han entablado denuncias por transfuguismo y la posible suplantación de electores y jurados en varias regiones del país que ya en el pasado se hicieron “famosas” por estas prácticas. De otra parte, tanto el portal votebien.com, como lasillavacia.com, han publicado varios informes sobre políticos implicados y condenados por parapolítica que están avalando a familiares cercanos para que busquen una curul en el Congreso para proteger sus feudos y que probablemente serán elegidos con los mismos votos de sus mentores.

En materia de financiación, la Misión de Observación Electoral ha denunciado varios de los riesgos que enfrentan las elecciones de 2010. Por ejemplo, la ausencia de una reglamentación sobre los topes de la financiación por parte de los particulares hace inminentes los peligros de que éstas nuevamente sean cooptadas por sectores vinculados con actividades ilegales o por beneficiarios de contratos o subsidios oficiales. De igual manera, la falta de mecanismos para conocer el origen y montos de la financiación de los partidos y candidatos antes de los comicios y en tiempo real, y la poca efectividad de los controles sobre los aportes en dinero en efectivo y en especie, no les permite a las autoridades, ni a los ciudadanos, hacerles seguimiento a estos recursos, quedando sujetos, en el mejor de los casos, a investigaciones posteriores, que en muchas ocasiones resultan inocuas.

Finalmente, Transparencia por Colombia ha alertado sobre los vínculos entre corrupción y financiamiento de la política y sobre los riesgos de que la financiación sea el mecanismo para la captura del Estado por parte de actores legales e ilegales.

Desafortunadamente ninguno de estos hechos es novedoso, ni sorprendente. A pesar de haber vivido situaciones similares en las elecciones de los últimos años, ni el Gobierno, ni el Congreso, ni las autoridades electorales, ni los organismos de control tomaron medidas efectivas para contrarrestar estas evidentes amenazas contra el libre ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

La financiación de las campañas por parte de los particulares y del sector privado es una forma de participación política legítima, siempre y cuando se haga siguiendo unos parámetros de transparencia y publicidad. Los riesgos e irregularidades señalados deben llamar la atención sobre la responsabilidad que ellos asumen al momento de decidir a quién o a quiénes van a apoyar, los montos y modalidades de sus aportes. De no hacerlo, éstos pueden acabar confundidos indiscriminadamente con dineros ilegales o ilegítimos.

177834

2009-12-17T00:00:13-05:00

column

2009-12-17T00:00:13-05:00

ee-admin

none

Financiación y corrupción electoral

37

3294

3331

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Elisabeth Ungar Bleier

Xenofobia

La corrupción, ¿un alud imparable?

Es muy difícil ser ciudadano en Colombia

Las elecciones no pintan bien

Homenaje a las abuelas