Por: Cristina de la Torre

Leña a la hoguera

“TIENEN UNA SEMANA PARA DESAPArecer o los desaparecemos”, rezaba panfleto de las Auc contra 30 líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia.

Otro le hacía la segunda: “Somos un grupo de infiltrados (de las Águilas Negras) en la Universidad. Tenemos plenamente identificados a los tropeleros que quieren imponer un discurso comunista en Colombia”. Entre 2006 y 2008 hubo en la Nacional 312 amenazas de muerte del mismo grupo armado contra alumnos y profesores, y otras tantas en las universidades de Magdalena, Atlántico y Córdoba, esta última bastión de Salvatore Mancuso. (Tomado de El Espectador, 27-1-10) Cara política del paramilitarismo en las ciudades, alcanzará cotas de horror con la transformación de estudiantes en informantes a sueldo de un Gobierno que —acaso deliberadamente— confunde los escenarios: no se neutraliza en los centros de estudio la violencia entre carteles que tiene lugar en las comunas de Medellín.

Probado está que trocar el campus en campo de guerra sirve, lo más, para perseguir a quienes se apartan del pensamiento oficial. Pura y ruda cacería de brujas. Manoseado recurso de dictaduras, la sucia tarea que Uribe le encarga a esta juventud emulará con la de sus pares en predios que fueron de Videla y Pinochet, y con los ominosos Comandos de Defensa de la Revolución de Fidel Castro y Hugo Chávez. Será leña a la hoguera de esta guerra: otro sistema de arreglo de cuentas, dirá El Espectador, con profusión de denuncias gratuitas, estigmatizaciones y recorte de libertades. La dinámica del espionaje remunerado entre redes de “cooperantes” que hoy agrupan a dos millones doscientos mil civiles, amenaza con despedazar la “cohesión social” del Presidente entre una artillería de infamias, retaliaciones, venganzas y… falsos positivos.

La tal iniciativa será cortina de humo para desinflar el debate que la absurda reforma de la salud ha suscitado, señala lasillavacía.com. O los escándalos de corrupción oficial. Sí. Pero también reafirma una estrategia de privatización de la seguridad, función indelegable que el Estado se muestra incapaz de asumir, pese a los ingentes recursos que la nación le asigna. Este Gobierno ha feriado entre particulares, no siempre impolutos, el monopolio de la fuerza. Ya lo recordábamos en este espacio: en Colombia proliferan las Compañías Militares de Seguridad Privada que suplantan a la Policía en la protección de una ciudadanía acorralada por el crimen y el delito. Con equipos de espionaje y armamento modernísimos, muchas de ellas terminan tributando a la tendencia de hacer justicia por mano propia, a menudo con saldo de asesinados y desaparecidos. A ellas se integran miles de desmovilizados de las Auc, como vigilantes y con labores de inteligencia. El Decreto 3222 de 2002 creó las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que habían de articularse con vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática.

El plan de convertir estudiantes en informantes del Ejército integrará el frente juvenil a una estrategia de seguridad que no se limita a la derrota de la guerrilla y la desmovilización de los paramilitares: también persigue el control social y político de la comunidad, con las armas de la República y militarizando a la sociedad civil. Vista la experiencia, cabe preguntarse si no terminarán por darles a estos muchachos armas y aparatos de comunicación, como a las nefastas Convivir por las calendas de la gobernación de Uribe en Antioquia. Ayer armaron campesinos, hoy arman estudiantes. ¿Quién garantiza que así ataviados y pagados no deriven estos nuevos contingentes en estructuras paramilitares de acción patriótica, no ya para ejecutar la contrarreforma agraria sino para exterminar a la oposición?

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