Por: José Fernando Isaza

El Estado de Opinión (I)

DESDE HACE ALGÚN TIEMPO, EL JEFE de Gobierno ha estado proclamando que el Estado de Opinión es una fase superior del Estado de Derecho.

El concepto del Procurador sobre la exequibilidad del referendo parecería acoger dicha tesis, pues aunque reconoce vicios como la violación de los topes de financiación, afirma que todo es subsanable, ante la voluntad de quienes firmaron la solicitud de convocatoria del referendo.

En un país con instituciones aún en construcción y no muy fuertes, en donde no se ha consolidado el concepto de democracia incluyente —en el cual rige el gobierno de las mayorías, el profundo respeto por las minorías y una clara separación de poderes—, aceptar que la voluntad de la mayoría permite modificar, violando las reglas de juego, estructuras básicas de la Constitución es altamente peligroso.

En general en el siglo XIX las constituciones permitían al partido ganador apropiarse de todo el aparato administrativo. La reforma de 1910 limitó el poder ejecutivo e implícitamente aceptó que el que gana toma los dos tercios. Le sigue un período de relativa paz. El plebiscito de 1957 planteaba que quien gana, toma la mitad. Pero dejó por fuera a quienes no pertenecían a partidos tradicionales.

La Constitución de 1991 fue explícita en la defensa de los derechos del ciudadano y en la separación de poderes. La institución de la tutela ha sido el mecanismo por el cual la ciudadanía se apropia de los derechos consagrados en ella. En su corta vida, ya ha sufrido 16 reformas. La independencia de poderes, los chequeos y balances, fueron diseñados para períodos presidenciales de cuatro años sin reelección. La primera reelección le permitió al Presidente nombrar la totalidad de los miembros de la Junta del Banco de la República, el Procurador, el Fiscal, la Comisión de Televisión, un número importante de magistrados de la Corte Constitucional, que pueden hacer fácil mayoría. Otra nueva reelección anularía lo poco que queda de la independencia de poderes.

El Estado de Opinión puede utilizarse, por ejemplo, para desvirtuar un fallo adverso a los intereses del Ejecutivo de alguna Corte, con argumentos del tenor “Nueve personas que no son elegidos popularmente, no pueden pasar por alto la voluntad del pueblo”. Así ésta se haya manifestado mediante una recolección de firmas, pagadas por contratistas estatales vía triangulación y superando los topes legales.

Periódicas encuestas en países latinoamericanos muestran que la mayoría que aprueba el sistema democrático no es abrumadora. ¿Qué pasaría si una mayoría no lo aprueba? ¿Se legitima la dictadura? En una encuesta se preguntó ¿usted cree que la oposición no debe tener derechos? Un porcentaje significativo contestó que estaba de acuerdo. Si la mayoría avala esta hipótesis en qué queda la democracia, en un Estado de Opinión.

Los errores administrativos del gobierno de Chávez han producido una escasez de alimentos y un aumento de precios. Cabalgando en el Estado de Opinión, qué mejor que acusar a los supermercados, y con el apoyo popular expropiarlos, violando todas las normas del Estado de Derecho.

Una versión reciente del Estado de Opinión y su impacto sobre la construcción jurídica son los decretos-leyes sobre la Emergencia Social. Ante el pronunciamiento de la opinión el Presidente, quien los había firmado, decidió regañar a su Ministro y a sus funcionarios.

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

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2010-02-10T20:49:40-05:00

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