Por: María Elvira Samper

De doble moral, mejor no hablar

SI LA VERDAD SOBRE EL PARAMILITArismo va a seguir siendo esquiva, si el calvario de las miles de víctimas de las Auc no está cerca del fin, no será propiamente por cuenta del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que se opone a la extradición a Colombia —decisión apelable— del mercenario israelí Yair Klein, preso en Rusia y condenado por entrenar grupos paramilitares.

Será, sobre todo, por la falta de compromiso de los jefes paramilitares con el proceso de Justicia y Paz, y por la decisión que tomó el presidente Uribe en mayo de 2008 de entregarle a la justicia gringa, en un solo viaje, a 14 ex jefes de la organización que sembró de muerte y terror este país durante más de 20 años.

Resulta hipócrita, por decir lo menos, que funcionarios del Gobierno que entonces vieron con buenos ojos la controvertida medida presidencial, ahora se rasguen las vestiduras y señalen al tribunal con sede en Estrasburgo de operar bajo un doble estándar y de estar más interesado en proteger a un asesino que en la tragedia humanitaria que causaron las Auc. Las razones que aducen para crucificar al tribunal son las mismas que hace dos años esgrimimos quienes cuestionamos las extradiciones de Mancuso, Jorge 40, Don Berna y compañía: constituyen un golpe de gracia a las víctimas y a la posibilidad de establecer toda la verdad sobre el paramilitarismo y sus ramificaciones, y además contradicen los tratados internacionales cuyo objetivo es impedir que queden impunes los crímenes de lesa humanidad, que son precisamente los que les imputan tanto a Klein como a los jefes paramilitares, hoy juzgados por narcotráfico en cortes norteamericanas. Y son también las mismas que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse en contra de extraditar a jefes narcoparamilitares que no hayan confesado todos sus crímenes.

Cabe recordar que el Presidente tomó la decisión de exportar a esos 14 criminales precisamente cuando las aguas turbias de la parapolítica golpeaban con fuerza las puertas de la Casa de Nariño, enlodadas además por el escándalo de la yidispolítica. Con la extradición de los principales ex jefes de las Auc, Uribe le atravesó palos en las ruedas a los procesos de Justicia y Paz y a los que había en curso contra por lo menos 63 congresistas, investigados por sus relaciones con el proyecto paramilitar para “refundar la Patria”. La Corte Suprema y la Fiscalía avanzaban en investigaciones que comprometían a cada vez más aliados del Gobierno, y que amenazaban con erosionar los cimientos del establecimiento político y empresarial de algunas regiones, y con desnudar las relaciones de los paramilitares con círculos militares y de Policía. ¿Acaso no era la preocupación que escondía el entonces comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo cuando dijo que el país no estaba preparado para conocer toda la verdad?

Para decirlo en forma cruda y simple, la decisión fue funcional a las necesidades del Gobierno, no a los derechos y a las necesidades de las víctimas. Y pese a que rompió el pacto de no extradición cocinado en Ralito, fue una jugada maestra con carambola doble: lanzaba a los jefes paracos a la fosa de los leones gringos y lograba el objetivo de cambiar el foco de atención de la opinión pública centrado en la parapolítica. Así las cosas y si bien sobran razones para la indignación con el tribunal europeo, el Gobierno carece de autoridad para hablar de doble moral.

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2010-04-10T23:00:00-05:00

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