Por: María Elvira Samper

¿La Fiscalía tiene las agallas suficientes?

ESTÁN CAYENDO Y SEGUIRÁN CAyendo como moscas, uno a uno, los ex funcionarios del DAS comprometidos en las chuzadas y seguimientos ilegales a dirigentes de la oposición y magistrados de las altas cortes. En cualquier país serio del mundo un escándalo de semejante magnitud habría tumbado al Gobierno. A su lado, Watergate, que le costó a Nixon la cabeza, parece un juego de niños.

Difícil deslindar a la Presidencia de las chuzadas y los seguimientos ilegales hechos por el más importante organismo de seguridad del Estado, pues éste depende directamente de ella, y el nombramiento de su director, del Presidente. Se necesita ser un imbécil —palabra de moda— para tragarse el cuento de que no existe conexión alguna entre la Casa de Nariño y el entramado de ilegalidades urdido por el DAS contra dirigentes de la oposición y magistrados de las altas cortes, en especial de la Corte Suprema.

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía contradicen la teoría oficial de que había una mafia infiltrada en el organismo, y demuestran que éste se había convertido en un verdadero nido de ratas al servicio de los más oscuros intereses. No es gratuito que el presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, un hombre serio y de reconocidos quilates profesionales, considere que se trata de una “conspiración del Estado”.

Para comprobarlo basta conocer algunos de los documentos con membrete del DAS, fechados en 2005, que están en manos de la Fiscalía y que, con los nombres de “Amazonas”, “Transmilenio” y “Bahía”, establecen estrategias para afectar la reputación de magistrados y opositores, que aparecen mencionados como “blancos”. Blancos de una guerra sucia para “procurar acciones en beneficio del Estado para las elecciones de 2006”, dice la “Operación Amazonas”. Y las acciones van desde campañas de desinformación por todos los medios posibles, presiones, denuncias y chantaje, hasta amenazas, sabotaje y terrorismo. “Una empresa criminal”, la calificó el magistrado Valencia Copete, con quien el Presidente tiene una pelea casada.

La reacción de la Casa de Nariño ha sido la de lavarse las manos e intentar convencer a la opinión pública de que no tiene velas en ese entierro. ¿Pero a quién, si no al Gobierno, favorecía ese monstruoso entramado criminal?

Desafía a la inteligencia que en un gobierno como el de Uribe, que convirtió en causa estigmatizar a la oposición como aliada del terrorismo, y en el que no se mueve una hoja sin su bendición, funcionarios de segunda o tercera categoría —e incluso de primera— se hayan atrevido a tomar motu proprio decisiones que atentan contra el Estado de derecho y violan garantías y derechos ciudadanos fundamentales. Uribe no puede eludir la responsabilidad. Por acción u omisión, e incluso por falta de criterio a la hora de nombrar a las cabezas del DAS, empezando por el “buen muchacho” Jorge Noguera, que puso el organismo al servicio de los paramilitares.

Pocas dudas caben de que fue una conspiración orquestada desde Palacio. La Fiscalía tiene evidencia suficiente de ello. La pregunta es si tiene la independencia y las agallas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias. Porque no han caído todos los que son.

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2010-04-17T23:00:00-05:00

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