Por: Alfredo Molano Bravo

Oficio de nunca acabar

DESPUÉS DE SACAR A LAS FUERZAS militares a los pueblos, calles, plazas, caminos, a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, la batalla se sigue perdiendo: 18.000 civiles muertos en tres años.

Los últimos fueron 13 adolescentes que nada tenían que ver con el narcotráfico. Y los que sí tienen que ver con el asunto y también resultan asesinados, traen más y más muertos. Hace dos años aparecieron atados de pies y manos, y con un tiro de gracia, 20 hombres que le habían soplado a la Policía todo lo que sabían y lo que no sabían. En el entierro de un capo mataron, sin dejarle decir ni pío, medio cortejo fúnebre. Y mientras el desangre ocurre, y no para, la cocaína sigue moviéndose por todo el país y entrando por donde quiere y saliendo por donde necesite, enredando policías, militares, jueces, políticos y curas. Todo lo que la coca toca, cae en sus manos. De policías y políticos harto sabemos. Pero, a ojos de Dios, hay curitas que aceptan gustosos que los narcos les ayuden en la pía obra de levantar o remodelar iglesias y capillas. Tan lejos ha llegado la cosa, que el Gobierno se vio obligado a sacar del escaparate una vieja ley de traición a las Fuerzas Armadas para castigar a efectivos que se unan a su enemigo, el narcotráfico. Los informes sobre la situación de los derechos humanos de Human Rights Watch y del Comité de Derechos Humanos de la ONU llegan a la misma conclusión: ha sido un craso error involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico. No opinan lo mismo los responsables de la guerra sin cuartel de EE.UU. contra el narcotráfico, comenzando por la secretaria de Estado, Hillary Clinton; el secretario de Defensa, Robert Gates; la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitana; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla de León. Para ellos, hay que llevar la guerra hasta el fin, cueste lo que cueste.

Las cosas no son hacia el futuro tan claras. El Senado acaba de ponerle talanqueras a la acción de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, al aprobar la semana pasada una ley que limita otra ley, la de Seguridad Nacional. En adelante, ni el Presidente de la República ni los gobernadores podrán ordenar acciones de control sobre movimientos sociales o conflictos de origen político electoral, sin autorización expresa del Poder Legislativo. Además, todo operativo llevado a cabo por las Fuerzas Militares deberá ser acompañado por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y autoridades civiles, que tendrán la responsabilidad de realizar las aprehensiones.

Todo lo anterior no sucede en Colombia, claro está, sino en México, un país que ve con preocupación que la guerra contra el narcotráfico ha corrompido a su pueblo, a sus militares, a sus autoridades, y amenaza con que EE.UU. intervenga de plano al sur del río Bravo. Un Plan Colombia en México, donde no hay guerrilla —si se exceptúa un comando perdido en el Estado de Guerrero— tendría un sentido, un nuevo sentido tan perverso y peligroso como el que tiene en nuestro país: controlar desde México la emigración hacia EE.UU., una medida que el Partido Republicano no se cansa de exigir. Criminalizada la inmigración ilegal de mexicanos al norte, con la nueva ley de Arizona, no será imposible que la guerra contra el narcotráfico se convierta en una especie de represión militar preventiva.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Alfredo Molano Bravo

Mientras regreso…

Desparchados y encombados

El “Alfonso Cano” que conocí

Delito de hambre

¿Y ahora qué?