Por: Salomón Kalmanovitz

Parafiscales

EL PROBLEMA CON LAS CONTRIBUciones que tienen que hacer los empresarios sobre sus nóminas para financiar el Sena, el ICBF y las cajas de compensación es que están en el lugar equivocado.

Su efecto más evidente es que incentivan la informalidad y el desempleo al encarecer innecesariamente la contratación. Otro efecto menos conocido es que tienden a crear “vacas lecheras”, entidades que disponen de recursos que no saben cómo gastar y que desperdician.

Se vulneran entonces dos principios de la fiscalidad sana: los recursos de este tipo de entidades deben salir del presupuesto nacional y deben ser asignados cuidadosamente y con flexibilidad, según las prioridades que establezca el Gobierno. Un simple traslado de los recargos laborales al impuesto de renta de empresas y personas naturales, por ejemplo, sería perfectamente neutro y no tendría por qué incentivar aún más la enorme informalidad y el alto desempleo que nos embarga.

El gobierno Uribe lega un profundo hueco fiscal que hay que encarar con una reforma tributaria estructural a todos los niveles. Ésta debe poner en su lugar incentivos apropiados para la generación de empleo y la formalización de la economía; se debe aumentar el recaudo para aproximarnos al equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, hay que reemplazar las cargas discriminatorias e inconvenientes por impuestos generales y progresivos. Es necesario dejar de otorgar subsidios al capital y a la tierra que discriminan contra el empleo y que son muy injustos.

Los que gritan que reducir los parafiscales equivale a acabar con la provisión de bienes públicos meritorios como el entrenamiento laboral y la asistencia a las familias vulnerables saben que mienten. Creo que el Sena debe fortalecerse y hacer presencia en todos los colegios de bachillerato para que los jóvenes puedan optar por una educación para el trabajo en sus últimos años de estudio, mientras que el ICBF debe crear aulas para la educación preescolar universal, como lo ha sugerido Sergio Fajardo.

El caso de las cajas de compensación es aberrante, porque son privadas, pero manejan recursos públicos no sometidos al control político que exige la Constitución. Sus almacenes, hoteles, colegios y ahora EPS están pobremente administrados: en comercio venden más caro que las grandes superficies, sus tarifas son más altas que los planes turísticos que ofrecen varias firmas privadas y sus colegios son confesionales y separados por género en algunos casos.

Ahora analicemos los números de lo que estamos hablando. Las devoluciones de impuestos del actual Gobierno, muchas blindadas por contratos de estabilidad jurídica, alcanzaron $10 billones en 2009 o sea 2% del PIB. En el año 2008 se discriminaron así: las deducciones al capital fueron de $3,8 billones, las rentas exentas $3,2 billones y otras deducciones $0,36 billones. Casi la mitad del déficit fiscal de 4,5% del PIB en 2010 se explica por la devolución de impuestos.

El presupuesto del Sena es de $1,4 billones y el del ICBF es de $2,4 billones, que sumados igualan las exenciones concedidas sólo para la adquisición de activos fijos de las empresas. Estos subsidios no tienen presentación y deberán ser progresivamente eliminados, con lo cual se podría financiar el presupuesto de los dos institutos en cuestión. En vez de los subsidios a la mecanización, que desplazan trabajo, se podría pensar en deducciones temporales a favor de las empresas que aumenten sus nóminas, reduciendo una parte de sus contribuciones a la seguridad social.

Buscar columnista