Por: Eduardo Sarmiento

Parafiscales y empleo

El debate económico de los candidatos se enfrascó en los parafiscales destinados al Sena, Bienestar Familiar y las cajas de compensación.

En el de Citytv, la pregunta dominante giró en torno a la eliminación de los parafiscales para reducir la carga laboral de las empresas y aumentar el empleo. La mayoría de las respuestas parecieron elusivas.

En contraste, los cuadros técnicos de varios candidatos están de acuerdo con la propuesta de devolver los aportes por medio de una exención tributaria que se financiaría con la eliminación de la exención tributaria a la inversión y a las zonas francas. El Congreso quedaría en la incómoda posición de nulificar una ley sin hacerlo explícito. Como las exenciones no son ingresos efectivos, el empleo se crearía en los balances contables y el presupuesto nacional quedaría expuesto a un pasivo escondido que a la larga llevaría a presionar el desmonte de los parafiscales, que bien que mal favorecen en mayor proporción a los trabajadores.

La medida es antitécnica. Un impuesto compensado por un subsidio duplicaría las distorsiones y evasiones sin ningún beneficio y sería inequitativa e ineficiente. Las exenciones tributarias favorecen más a las empresas grandes, que son las que generan menos empleo.

El país no ha avanzado en el diagnóstico de desempleo y la informalidad. Hace ocho años el tema se discutió y predominó la tesis de que el desempleo era el resultado de rigideces causadas por elevados costos laborales. Una de las primeras determinaciones de la administración Uribe consistió en presentar un proyecto de ley para eliminar las compensaciones por dominicales y horas extras. Como lo mostramos en su momento, la disposición no generó los empleos ofrecidos y no evitó que la desocupación se mantuviera por encima de 13% y la informalidad se disparara.

Hoy se repite la historia. Con la misma teoría fracasada, se propone desmontar el 10% de los parafiscales. Al igual que ocurrió con la baja de las compensaciones laborales, no afectará mayormente el desempleo ni la informalidad.

En varias columnas he sostenido que el desempleo data de 15 años y que la causa es la deficiencia de demanda inducida por la austeridad fiscal y monetaria y por la apertura económica y la revaluación. En los últimos 20 años la economía creció 3,2%, muy por debajo de su capacidad instalada y de la tendencia histórica. La ley de Okun, que proclama una relación estrecha entre el crecimiento económico y el desempleo, no se cumple; los bajos aranceles de los bienes intermedios y de capital con respecto a los bienes finales y la revaluación, propician el desplazamiento del empleo por importaciones. No es algo que se pueda arreglar reduciendo en pocos puntos porcentuales los costos laborales.

En los círculos ortodoxos se dice que el salario es el principal responsable del desempleo porque ha subido por encima de la productividad. Pero la productividad es igual a la producción nacional dividida por el número de trabajadores. Si las políticas monetaria y cambiaria se hubieran manejado bien, la producción habría crecido dos puntos más y los pírricos ajustes del salario mínimo habrían resultado inferiores al aumento de la productividad. El problema está en los desaciertos del manejo macroeconómico.

Mi propuesta es aplicar unas políticas monetaria y fiscal expansivas, intervenir el mercado cambiario y conectarlas con la política salarial para elevar la capacidad de compra de los trabajadores, para que puedan adquirir los bienes que produce el sector formal. La columna vertebral reside en conformar un fondo de empleo con recursos de emisión y ahorro para compensar con medio salario mínimo a las empresas registradas que aumenten el número de trabajadores.

Los trabajadores más pobres entrarían al sector formal con salarios mayores y seguridad digna, la demanda de las empresas aumentaría y por cada punto del PIB destinado al fondo se crearía un millón de empleos formales.

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