Por: Yesid Reyes Alvarado

Cuando el delito es un buen negocio

MIENTRAS EL GOBIERNO ANUNCIA que intentará por sexta vez que el Congreso apruebe una ley que convierta en delito el consumo de drogas, entra en vigencia una norma que prohíbe fumar en sitios cerrados.

Algunos fumadores se quejan de que la medida es discriminatoria porque les desconoce el derecho que tienen a desarrollar libremente conductas que atenten contra su propia integridad física; con el mismo argumento, el consumidor de drogas puede exigir que su conducta no sea considerada como delictiva, puesto que las personas son libres de atentar contra su salud. El razonamiento es equivocado, porque a quienes realmente se busca proteger con la prohibición de fumar en sitios cerrados, es a las personas que no consumen cigarrillos, porque ellas no han decidido libremente exponerse a las consecuencias nocivas del tabaco; en otras palabras, el fumador tiene todo el derecho a asumir los riesgos propios del consumo de cigarrillos, siempre que con su comportamiento no genere un perjuicio para quienes de manera igualmente libre han decidido no fumar.

Sin embargo la labor del Estado no debe agotarse en la simple prohibición de consumir tabaco en sitios cerrados; también se debe mantener una estricta regulación a los horarios y sitios en los que se difunde propaganda que fomenta el consumo de cigarrillos, para de esa manera evitar que los menores de edad caigan en la adicción; y, finalmente, es importante insistir en campañas educativas sobre las consecuencias nocivas de esta sustancia en la salud.

La prohibición de consumir tabaco en sitios cerrados reduce aún más los espacios que van teniendo los fumadores; las protestas de éstos contra medidas como la comentada, ponen de presente que este tipo de restricciones han tomado tanta fuerza que los destinatarios de las mismas se sienten señalados. En eso no hay ninguna actitud que pueda ser reprochada como discriminatoria, porque la libertad que todo adulto tiene para decidir si fuma o no supone la conciencia de que, siendo una actividad peligrosa para la salud, debe desarrollarse en forma tal que no se afecte a otras personas; y como la manera más efectiva de proteger a los no fumadores es prohibiendo el consumo de tabaco en sitios cerrados, quien quiera ingresar al mundo del tabaquismo debe saber que sólo podrá fumar en sitios abiertos. Sólo así se puede hacer compatible la libertad de quienes desean fumar, con la de quienes no quieren exponerse a los peligros que el tabaco ocasiona.

La efectividad de las medidas que en los últimos años se han venido adoptando para restringir el consumo de cigarrillos demuestra que el Estado puede combatir conductas que considere peligrosas para la sociedad sin necesidad de recurrir al derecho penal. La enseñanza que van dejando las largas luchas contra el cigarrillo, el alcohol o la droga, es la de que los mejores resultados se han conseguido con campañas de prevención y educación, y no con su criminalización. Cuando el delito es un buen negocio, la única forma de combatirlo es convirtiéndolo en un mal negocio; pero la amenaza penal por vender o consumir licor, cigarrillos o drogas no hace nada distinto a aumentar los riesgos que esas actividades llevan consigo, lo que a su vez conduce a incrementar los precios para compensar esos nuevos riesgos, convirtiendo el delito en un buen negocio.

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