A salvo la Relatoría de Libertad de Expresión

El apoyo financiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciado el fin de semana por Estados Unidos, puso a salvo a ese organismo defensor de los ciudadanos en la región, cuyo papel de supervisión ha resultado incómodo para países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, que abogan por su transformación.

De contera, con ese apoyo financiero cercano al US$1 millón suplementarios —para el presupuesto de la Comisión, de US$9,5 millones, considerado insuficiente por el propio ente— se protegió el papel de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que afrontó el riesgo de recibir un golpe de gracia debido a que una de las propuestas debatidas, que al final fue rechazada, pretendía que los Estados miembros financiaran a la CIDH con presupuesto regular de la OEA y con donaciones de terceros, lo que significaba la desaparición de la Relatoría de Libertad de Expresión, que no obtiene giros del fondo regular de la OEA y se mantiene exclusivamente de donaciones. 

Sin embargo, durante la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), efectuada en Washington, lo que sí se aprobó fue la intención de los países que cuestionan a ese organismo para mantener abierto el debate sobre el funcionamiento de la CIDH.

Tras casi 12 horas de debate, los cancilleres de los 34 Estados miembros reunidos en una Asamblea General Extraordinaria aprobaron por consenso una resolución que permite aportes financieros externos claves para la CIDH, pero también ordena “continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales” del ente autónomo de la OEA.

Los debates enfrentaron a un grupo mayoritario de países que deseaban cerrar el proceso de reformas de la CIDH que se ha prolongado por casi dos años, y a Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que se negaban a ello, alegando que aún quedaban “distorsiones” en la Comisión.

El presidente Juan Manuel Santos ratificó su rechazo a que se debilite la libertad de expresión en el marco de eventuales reformas al funcionamiento de la CIDH de la OEA. “La posición de Colombia sobre la CIDH es muy clara: bienvenidas reformas que la fortalezcan. No queremos debilitar la libertad de expresión”, escribió en su cuenta en Twitter.

Tras el resultado de la reunión, los países suscriptores del Pacto de San José prevén reunirse en Bolivia en una fecha aún por definir para seguir debatiendo sobre el funcionamiento de la CIDH, informó el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien además señaló que el encuentro tendrá lugar antes de la próxima Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en Guatemala en junio próximo.

Responsabilidad civil y penal por el ejercicio del periodismo

En Colombia, además de las responsabilidades sociales y éticas, los periodistas y los medios de comunicación también afrontan responsabilidades civiles y penales como consecuencia del ejercicio del oficio.

Hasta ahora el país conoce sólo una condena penal. En 2012 el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó al periodista de Fusagasugá Luis Agustín González por el delito de injuria, tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Una decisión que en sede de casación será confirmada o revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En materia de indemnizaciones económicas por daños a la honra y buen nombre de las personas, en dos sonados casos, en 1999 y 2002, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia condenó a dos medios de comunicación a resarcir los daños generados por informaciones publicadas.

En cifras

US$1

millón suplementarios aportará EE.UU. al presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy es de US$9,5 millones. 

12 

horas de debate invirtieron los 34 cancilleres de los estados miembros de la OEA para aprobar aportes financieros externos para la CIDH.