Comunidad chocoana afectada por minería ilegal, sin reparación por culpa de su abogado

Un grupo de habitantes de Unión Panamericana (Chocó) ganó una demanda al municipio, pues la minería ilegal del sector dañó el ambiente al punto de dejarlos sin sustento. La Alcaldía ya pagó la indemnización, pero el dinero terminó en manos del abogado de las víctimas.

Mina de oro en el departamento de Chocó.Archivo.

El mercurio usado para la minería ilegal en Unión Panamericana (Chocó) contaminó ríos y selvas, degradando el ecosistema de la región. Varios habitantes del corregimiento El Dos (zona rural de este municipio) que se dedicaban a actividades ancestrales —como la pesca, la caza o la agricultura— se quedaron, entonces, sin tener con qué sobrevivir . Ellos se unieron, se organizaron, y lograron que un juez ordenara a la Alcaldía repararlos por el daño ambiental. El dinero, sin embargo, fue a parar al bolsillo del abogado que los representó.

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Las 42 personas que se unieron contrataron al abogado Duvian Parra, quien les aconsejó presentar una acción de grupo para que los indemnizaran por los perjuicios que sufrieron a causa de la minería ilegal. El recurso buscaba que la Corporación Autónoma del Chocó (Codechoco), la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Unión Panamericana fueran hallados responsables de la violación de sus derechos colectivos, al ser estas las autoridades encargadas de la gestión ambiental.

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El juzgado quinto administrativo de Quibdó ordenó un informe pericial que confirmó que el uso de cianuro y mercurio en el proceso de extracción de metales del río Raspadura —que atraviesa El Dos— imposibilitó el uso de su agua. A lo anterior se suma que, según el juez, las personas demandantes son “de escasos recursos” y fueron “afectados en su entorno ambiental impidiéndoles desarrollar en forma normal sus actividades laborales”.

El juez determinó entonces que sí existió un daño “consistente en la pérdida del hábitat de especies del lugar, sedimentación de la cuenca y pérdida de especies ictiológicas, debido al vertimiento de todo tipo de desechos, deforestación y pérdida de la capa vegetal del suelo”. Y, además, que este daño sí era responsabilidad de las entidades demandadas, que resultaron condenadas a pagar $6.000 millones a las víctimas, así como los costos en los que hubieren incurrido los demandantes para llevar el proceso.

En el fallo, de mayo de 2014, se explicita el trámite procesal para pagar la indemnización: “Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de este proveído, el monto de la indemnización colectiva objeto de esta condena sea entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo”. La entidad le dijo a este diario que, desde que tuvieron conocimiento del fallo, le enviaron cuatro oficios al alcalde de Unión Panamericana entre 2015 y 2017, “indicándole el banco y el número de cuenta donde se debía consignar el valor de la condena impuesta”.

Como el alcalde no pagaba, el abogado Duvian Parra lo denunció por “fraude a resolución judicial”, pero se retractó de su denuncia en la Fiscalía a comienzos de 2017 asegurando que, unos meses antes, junto al mandatario realizaron "un acuerdo de pago, el cual hasta la fecha la administración en cabeza de su señor alcalde ha cumplido con satisfacción”. Efectivamente, en septiembre de 2016 la Alcaldía comenzó a pagar las indemnizaciones, pero no depositó el dinero en la cuenta que ordenaba la decisión judicial, sino directamente en la del abogado de las víctimas.

De todas las cartas que le envió la Defensoría, el alcalde solo respondió a la última, en septiembre de 2017, y adjuntó “los comprobantes de egreso de los pagos realizados directamente al abogado Duvian Parra”, según la entidad. El abogado recibió, según este registro del alcalde, la suma de $220 millones. Sin embargo, por considerar que ese no era el procedimiento pertinente, la Defensoría compulsó copias “ante la Procuraduría Regional del Choco y el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria, con el fin de que investigara la conducta de los intervinientes del acuerdo de pago (Municipio – Abogado)”.

A los pocos meses, el abogado aseguró en una carta a la Defensoría del Pueblo que consignó la mitad del dinero recibido ($110 millones) al Fondo para la Defensa de los Derechos, como indicaba el fallo indicaba. Según él, tomaba la otra mitad para sí porque “fue lo pactado con los demandantes” y, además, él había asumido los gastos del proceso —costos que el juzgado obligaba a pagar a las entidades condenadas—. Según la Defensoría, el abogado también indicó “que el Municipio de la Unión Panamericana no tenía información clara de a dónde debía consignar, por lo que el ente municipal procedió a realizarle los pagos directamente a él”.

Según le dijo la Defensoría a este diario, “a la fecha, algunos beneficiarios están solicitando el pago de la indemnización”, lo que significa que no han recibido el dinero, a cinco años de que ganaran la acción de grupo. Además, en la solicitud, los demandantes autorizan que se les descuente el 16% del dinero “por concepto de pago de honorarios” a su abogado, lo que significaría que el abogado se habría quedado en realidad con el 66% del dinero.

La entidad aclaró que no ha hecho el pago por una razón: “Si se acatan las autorizaciones del 16%, y se suma el porcentaje del 50% que dice el abogado que pactó con los demandantes y que ya los ‘tomó’, se estaría descontando el 66% de honorarios sobre la indemnización que van a recibir las víctimas, situación que resultaría constitutiva en un cobro excesivo de honorarios”.

Así las cosas, las personas de Unión Panamericana todavía no reciben su reparación —que, según el fallo, sería para su sustento—, pero la Alcaldía ya pagó y el dinero está en manos de su abogado y de la Defensoría. Duvian Parra, mientras tanto, está siendo investigado por la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura.

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Felipe Morales Sierra/ @Elmoral_es

Judicial

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