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En una semana donde toda la atención se ha volcado a la confrontación y los escándalos de la guerra entre las campañas presidenciales, tres sucesos que podrían dar un giro de 180 grados a esa otra guerra desatada en las vías del país por cuenta del tráfico motorizado, que padecemos y aceptamos diariamente, han pasado de agache. Tan de agache que no han merecido un mínimo de atención en las huestes de uno u otro aspirante, pese a que representan la primera causa de muerte violenta por lesión de causa externa en la población femenina.
A escasas 8 semanas de finalizar este Gobierno, se espera la sanción presidencial de la Ley Julián Esteban, una ley que modifica el paradigma con el cual hemos venido abordando desde el siglo pasado las muertes y lesiones en las vías, y que no hay que olvidar, constituyen la segunda causa de muerte violenta en el país.
Este enfoque que se conoce como Sistema Seguro deja de atribuir la “culpa” únicamente al motociclista kamikaze, al ciclista loco, al peatón imprudente y al conductor frenético, que claro que los hay, y que tienen su parte de responsabilidad, pero no es tan generalizado como nos han hecho creer. Este cambio de paradigma se afinca en la vulnerabilidad del cuerpo humano a tolerar las energías que se liberan en una colisión, que atañe directamente a las velocidades de circulación, y, en el principio de que los seres humanos cometemos errores pero que éstos no tienen por qué costarnos la vida.
El sistema vial en su conjunto debe estar diseñado para mitigar y compensar ese error humano. En efecto, la responsabilidad es compartida y, desde esa perspectiva, debemos empezar a hacer corresponsables a quienes diseñan vías y vehículos, a quienes gestionan las infraestructuras y los entornos viales, a quienes deben formular y ejecutar la política pública de seguridad vial en los diferentes ámbitos de gobierno, a quienes fabrican y comercializan vehículos, a quienes deben velar por la legitimidad y adhesión ciudadana de las normas de tránsito, porque, claro, todos somos corresponsables, pero no en la misma medida. Es decir, la exigencia en la garantía de la seguridad de los desplazamientos humanos debe estar dada por el sistema antes que buscarla en los comportamientos de los usuarios.
A 8 semanas de un cambio de gobierno, acaba de ser publicado el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que constituye la hoja de ruta que regirá los destinos de la política de seguridad vial de cara al 2031 y que se compromete con los objetivos mundiales de seguridad vial y de desarrollo sostenibles, que plantean reducir a la mitad (50%) las muertes y lesiones por siniestros viales. Este plan, que adopta finalmente ese cambio de paradigma, y se formula en consonancia con la casi ley de la república, planea una serie de medidas de infraestructura, de seguridad de los vehículos, de actualización de los sistemas sanción control para disuadir conductas de riesgo, de gobernanza, etc. Una serie de medidas que se han identificado como eficaces en otras latitudes.
Adicional al Plan Nacional de Seguridad Vial (2022-2031), el pasado 17 de mayo se aprobó en la Comisión Primera de Senado, la voluntad expresa del Gobierno de Colombia de adherir a los reglamentos técnicos contenidos en el acuerdo de 1958 del Foro Mundial de Armonización Vehicular administrado por las Naciones Unidas cuyo objetivo es mejorar los niveles de seguridad de los vehículos que se comercializan en el país.
Y la verdad es que todas son buenas y esperanzadoras noticias en un contexto donde, luego de un año 2021 que se consagró (por ahora) como el más mortífero del siglo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF comunica en su más reciente Boletín Estadístico que, entre enero y abril, el 2022 lo está superando con un aumento del 61.18 % en lesiones y un 14.2 % en el número de vidas apagadas en eventos de transporte.
Un punto que no está en discusión es que Colombia, tiene un diagnóstico, claro, concreto, preciso y certero del problema desde hace más de dos décadas. El temor que nos debe acechar es que esta película ya la hemos visto. Tuvimos un fracaso rotundo del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, incluso pese a que se creó una nueva institucionalidad, se asignaron importantes recursos, se elevó a política de estado la seguridad vial en los Planes Nacionales de Desarrollo, y se identificaron y se formularon medidas que debían ser eficaces, pero todo quedó en el papel.
Y uno siempre piensa que lo que viene va a ser mejor, como si la perfección solo existiera en el mañana y nunca en el presente. Este es un problema lleno de buenas voluntades porque, no hay duda, ningún mandatario local o nacional quiere recoger muertos en sus calles. Parece ser entonces que el desafío no es tomar posiciones, ya que éstas se toman y se anuncian. El verdadero reto es asumirlas, lograr legitimidad, apalancarse en la adhesión ciudadana, llegar a esos acuerdos entre todos los actore sociales para pacificar las vías, para hacer de nuestras ciudades entornos seguros, para garantizar que nuestros vehículos cumplan con esos mínimos estándares mundiales, para acabar con la indulgencia de las conductas temerarias que ponen en riesgo la vida de todo un gran colectivo.
El lobby de la seguridad vial debe ser objeto de preocupación ciudadana, y lo es en Colombia. Es difícil para un mandatario asumir los costos de ciertas medidas y enfrentarse a poderosos grupos de presión, pero en Colombia como en otros países de Latinoamérica han ido surgiendo organizaciones y movimientos que buscan revolucionar las mentes ciudadanas para transformar esta realidad: #NoMásMuertesLatam.
El futuro presidente, si su intención de yugular este flagelo es genuina, aunque no la haya hecho pública, tiene que hacer gala de un voluntarismo cuyo costo en el corto y mediano plazo desgastará su popularidad pero que, en el largo plazo y con menos estruendo, el ciudadano agradecerá. Aceptar que ese voluntarismo y esa constancia no sean alabadas requiere de grandeza, de claridad y de compromiso con la vida de los colombianos.
Se ha instalado la costumbre de dejar claro el diagnóstico, de poner la vara más alta de lo que ellos la han dejado, y de indicarle al Gobierno entrante lo que se deberá hacer para lograr los objetivos sin haberlos ellos mismos logrado en lugar de garantizar la no repetición en la humanidad de los colombianos. ¿Hará este nuevo Mandatario un giro de 180 grados de lo que se ha hecho las últimas dos décadas?