El superintendente Aristizábal reveló que del material robado tienen copias seguras en la nube y con otros mecanismos. Causa gran curiosidad que los ladrones hayan franqueado el sistema de seguridad del edificio que se ubica en el moderno centro comercial Plaza Claro, al occidente de Bogotá, en donde por lo menos, los asaltantes, debieron pasar por tres o cuatro retenes de seguridad antes de llegar al despacho del alto funcionario, ¿será que hay manos criminales implicadas en el asunto, de funcionarios que laboran al interior de la Superintendencia Nacional de Salud? ¿A quién o a quiénes les interesa la información contenida en el disco duro substraído?
Según el comunicado de prensa emitido por la Superintendencia de Salud, los ladrones también violentaron las puertas del archivo del despacho del superintendente, donde reposan copias de documentos oficiales.
El supersalud anunció que la seccional de Policía Judicial Metropolitana de Bogotá (Sijín) llevó a cabo una inspección para recolectar información, realizar un registro fotográfico y buscar huellas dactilares para adelantar la investigación y determinar quiénes y por qué se robaron la información. Además, el alto funcionario del Estado indicó que el robo también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones y logre determinar quiénes y con qué motivos se llevaron las grabaciones.
Mientras las investigaciones al asalto del despacho del superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal Ángel, hacen curso ante la justicia colombiana, el contralor general de la república, Felipe Córdoba Larrarte, emitió el comunicado público número 20, del 16 de febrero de 2022, con miras a proteger el patrimonio público.
En la misiva el contralor Córdoba indica que pondrá la lupa sobre embargos de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud y admite que los resultados de las observaciones respectivas serán trasladados a las autoridades competentes.
La contraloría le indicó al Juez 13 Civil del Circuito de Barranquilla, Libardo León López, que atendiendo una denuncia y consiguiente solicitud que recibió para ejercer control preventivo y concomitante sobre embargos que estarían afectando cuentas del sector de la salud y que habrían sido decretados por el juzgado en mención, la Contraloría General de la República requería información suficiente del despacho del juez León López.
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba le asignó el trámite de la denuncia a la Contraloría Delegada para el Sector Salud en coordinación con la Contraloría Delegada del Sector Justicia, considerando el principio general de inembargabilidad sobre los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, el cual se sustenta en la naturaleza obligatoria e irrenunciable de la seguridad social a cargo del Estado y que ha sido reiterado por la jurisprudencia y por la propia Contraloría General a través de diferentes medios.
Una vez impartida la orden de parte del contralor Felipe Córdoba, la contralora delegada para el sector salud, Lina María Aldana, y el contralor delegado para el sector justicia, Sebastián Montoya, enviaron una comunicación al Juez 13 Civil del Circuito de Barranquilla, requiriéndole indicar el número de demandas que actualmente tramita ese juzgado, en las cuales el demandado es una Entidad Promotora de Salud -EPS- o una Entidad Administradora de Planes de Beneficios en Salud. Adicionalmente solicitaron al juez 13 Civil del Circuito de Barranquilla indicar los procesos en los que se tienen medidas cautelares de embargo de recursos del sistema de salud.
Vale indicar, que hace más de 24 meses la Contraloría General viene evidenciando un exceso y posibles anomalías en el decreto de embargos a las cuentas del sector salud en algunos departamentos de la región Caribe y otras regiones del país, los cuales podrían contrariar el marco normativo y las líneas jurisprudenciales en la materia, así como desfinanciar y afectar gravemente la prestación del servicio de salud.
A propósito del dilema; si los recursos públicos que financian la salud son inembargables, los contralores delegados de los sectores de salud y justicia recordaron al Juez 13 Civil del Circuito de Barranquilla, la destinación específica de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- (artículo 9 de la Ley 100 de 1993), la importancia del flujo y protección de los mismos (artículo 13 de la Ley 1122 de 2007) y, de manera específica, la destinación e inembargabilidad de los recursos públicos que financian la salud (artículo 25 de la Ley 1751 de 2015).
Estos parámetros normativos, junto con los jurisprudenciales, han sido considerados por la Contraloría General para reiterar los lineamientos sobre la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- (Circulares 1458911 de 2012, 0001 de 2020 y 2021 de la CGR), concordante con establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), respecto a los bienes inembargables.
El contralor Felipe Córdoba, ha exhortado a las entidades bancarias del país a que se abstengan de tramitar embargos de cuentas que contengan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, so pena del inicio de las acciones penales, disciplinarias o fiscales que se deriven de tales hechos.
Así mismo, los contralores delegados, gerentes departamentales y directivos de la Contraloría General de la República tienen la instrucción en el sentido que, cuando tengan conocimiento de actos violatorios de la condición general de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, procedan a tramitar las denuncias y traslados correspondientes, ante las instancias penales, disciplinarias o fiscales competentes.
Revisando la actualidad del sector salud en el país, el miércoles dos de febrero de 2022, el periódico Portafolio dio cuenta del número de Entidades Promotoras de Salud -EPS- que se han liquidado en Colombia, desde el año 2019 hasta febrero de 2022. En total son 13, y advertía Portafolio sobre las sombras que se le venían a la nación, a propósito del futuro de la salud.
Las dos últimas Entidades Promotoras de Salud afectadas en el país han sido, la liquidada EPS Coomeva y la EPS Emssanar. La última para depurar su sistema. Emssanar fue cobijada con medida de toma de posesión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. La EPS Emssanar, es una empresa del régimen subsidiado que integra a más de 1.870.000 mil afiliados en el sur occidente colombiano; cuenta con una red de 540 Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud -IPS- cuyo radio de operación son los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
Según datos de la supersalud, en Colombia en la última década se han liquidado 13 EPS. Ellas son: Coomeva, Cafesalud, Saludcoop, Comparta, Manexka, Comfacor, Emdisalud, Cruz Blanca, Saludvida, Comfacundi, Comfacartagena, Ambuq y Comfanariño, cuyo retiro fue voluntario.
“Estos procesos han puesto en vilo, después de múltiples quejas, el destino de los afiliados que quedan a la espera de dar con una EPS receptora que no termine liquidada. En el caso más reciente, Coomeva dejó a 1.169.172 usuarios atentos a un cambio de EPS, pendientes de iniciar sus trámites y a la espera que las nuevas aseguradoras destino sí resuelvan sus tutelas”. Advierte el periódico Portafolio.
Tras la liquidación de la EPS Coomeva se conoció que ésta entregó a las EPS receptoras de sus afiliados, en el trasteo de usuarios, más de 193.100 peticiones, quejas, reclamos y denuncias sin resolver. A corte de septiembre de 2021, la Nueva EPS recogió 126.242 peticiones, quejas, reclamos y denuncias -PQRD- de la EPS Coomeva. La EPS Salud Total recogió 67.768 y la EPS Sanitas 59.530.
Con respecto a la reciente medida contra la EPS Emssanar, la Superintendencia Nacional de Salud pidió la renuncia del gerente y la junta directiva de esta entidad y está evaluando si la institución logra ponerse al día con sus finanzas y puede brindar un servicio óptimo a sus usuarios. Valga advertir, que la intervención sobre Emssanar es muy sensible porque el 92% de sus afiliados pertenecen al régimen subsidiado, usuarios del sistema en condiciones de vulnerabilidad. La EPS Emssanar no ha cumplido con el Plan de Reorganización Institucional y registra pérdidas por 342.180 millones de pesos en los últimos doce meses.
Emssanar EPS llevaba dos años y medio bajo medida de vigilancia especial, como consecuencia de su deterioro financiero y la mala prestación del servicio a sus usuarios en terapias de cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica y demás enfermedades de alto costo, además la supersalud adelanta cuatro investigaciones en contra de su representante legal y seis más contra la propia institución.
Pero si en Colombia el panorama hasta aquí se tornaba sombrío para el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, lo que sigue no augura mejores tiempos. Una nota de la sección Salud del periódico El Espectador publicada un día antes de concluir el año 2021, divulgó la lista de las Entidades Promotoras de Salud -EPS- que estarían en riesgo de ser liquidadas en la vigencia 2022, porque no habrían cumplido los indicadores financieros. Ellas son: la EPS S.O.S., Capital Salud, Capresoca, Convida, CCF Sucre, CCF Nariño, CCF Huila, CCF Guajira, Ambuq, Savia Salud, Comfaoriente, la liquidada EPS Coomeva, la intervenida EPS Emssanar, Asmet, Ecoopsos, Coosalud y Medimás.
Estas EPS o aseguradoras deberán cumplir con los requerimientos del Decreto 2702 de 2014, en el que establece que tendrán que obligar a acreditar un capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas y un régimen de inversión. El plazo máximo para contar con estos requisitos era el 31 de diciembre de 2021. Si las entidades no cumplían ese plazo deberían salir del mercado, con un agravante, verificar el cumplimiento de los indicadores financieros de esas EPS podrá ser una tarea que llegue hasta agosto de 2022, según el informe de El Espectador.
Como lo exige el Decreto 2702 de 2014, la fecha límite para que las EPS se pudiesen colocar al día, era el viernes 31 de diciembre de 2021. En ese decreto se establecen deberes como el que las entidades acrediten un capital mínimo, un patrimonio adecuado, unas reservas técnicas y un régimen de inversión, deberes que, de no cumplirse, precipitan la salida del mercado de esas EPS.
Una debacle de las EPS anteriormente citadas, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI-, traería con su salida de funcionamiento graves inconvenientes, al precipitar entre otros males, una nueva ola de trasteo de usuarios a otras EPS y dejar una cartera pendiente que podría llegar a los $10 billones de pesos.
Según Colprensa para Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora de ACESI, “esta es una muestra más de la enorme vulnerabilidad del sistema de seguridad social en salud del país, que falló y no fue capaz de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y que amenaza con la estabilidad de los hospitales públicos, porque la gran mayoría de las EPS que se irían a liquidar son del régimen subsidiado”.
Se añade a lo anterior, otra denuncia publicada por la agencia de prensa Colprensa que informó el 29 de diciembre de 2021, que la Contraloría General de la República denunció anomalías por Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS- y ambulancias en casos no Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-, alerta que prendió el hallazgo de 49 casos de aparente fraude en el cobro de esos servicios.
“Desde la Dirección e Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- de la Contraloría se detectaron nuevos fraudes por parte de ambulancias que durante el mismo día trasladan a múltiples víctimas con cinco minutos o menos de diferencia entre cada servicio”, admite el informe de Colprensa.
La Contraloría General reveló casos de empresas de ambulancias que han realizado cobros de facturas de una sola víctima dos y tres veces. María Fernanda Rangel, directora de la DIARI, aseguró que la investigación develó que las empresas están trasladando víctimas con cinco minutos de diferencia entre cada traslado desde ubicaciones alejadas, lo cual no cuadra bien para la Contraloría.
Esta nueva y al parecer, diaria practica en todas las ciudades en el país, permitiría realizar cobros de forma irregular por accidentes de tránsito en los que los involucrados no contaban con el SOAT. La Contraloría sostiene que, de los 49 casos encontrados a nivel nacional, 29 traslados irregulares de pacientes se facturaron en la ciudad de Cali.
Además, se detectaron cinco IPS que prestaron sus servicios para atender estos presuntos casos de accidentes. La Contraloría también reportó que el Estado ha invertido alrededor de $283 mil millones para cubrir los gastos de los accidentes que no están cubiertos por el SOAT, razón por la cual ya se han generado 13 alertas”, indicó el informe de Colprensa.
De otra parte, en portal periodístico corrupciónaldía.com, el 21 de febrero de 2022, publicó un profundo análisis sobre el recorrido que llevó al traste a la EPS Coomeva e indicó que esa promotora vino cavando su tumba en los últimos diez años producto de actos de corrupción.
El informe se remonta al año 2009 cuando la Superintendencia de Industria y Comercio llevó a cabo una investigación que concluiría con uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector salud en Colombia. En aquella época, un grupo de -EPS- agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI- se pusieron de acuerdo para restringir los servicios de salud a sus afiliados y alteró la fórmula que utilizaba el Gobierno para establecer, cada año, el incremento de la Unidad por Capitación -UPC-.
De esa manera, las EPS hacían recobros millonarios al desaparecido Fondo de Seguridad y Garantía -Fosyga-. En reacción a lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó una multa de $1.071.200.000 de pesos a las EPS: Colmédica, Coomeva, Famisanar, SaludTotal, SOS, Susalud, SaludCoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Sanitas, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle, Humana Vivir y a la propia -ACEMI-.
De esa pesquisa surgió el escándalo de la EPS Saludcoop, que finalizó años más tarde con la liquidación de esa EPS, la más grande del país. De las 14 EPS implicadas, hasta hace pocos meses sobrevivían solo siete, hasta que el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal Ángel, decidió liquidar a la EPS Coomeva.
El tiempo demostró que la EPS Coomeva había seguido el mismo camino de la malograda EPS Saludcoop, y dedicó parte de sus ingresos del servicio de salud a otros negocios, afirma el informe de corrupciónaldía.com. La saldada EPS Coomeva desde el 2010 comenzó a presentar problemas en la atención de sus afiliados y pasó de ser la -EPS- con mejor atención de acuerdo con testimonios de la época, a una entidad sin destino, adeudando millonarias cifras a clínicas y hospitales.
Indica el informe de corrupciónaldia.com, que ya para el año 2010, las EPS Coomeva, Nueva EPS y SaludCoop fueron del Régimen Contributivo las que más tutelas recibieron, representando un 76,21% del total de todas tutelas y añade que Contraloría General de la República condenó a esa EPS a devolverle al sistema de salud $1.42 billones de pesos -indexados a 2010-, porque se los había gastado o invertido mediante el mismo método fraudulento sancionado por la Supersalud.
Vale recordar, que Coomeva nació como una cooperativa de financiamiento en 1964 cuando se creó la Cooperativa Médica del Valle, hasta convertirse en el poderoso grupo empresarial que es hoy. Los socios de Coomeva aprobaron la creación en 1994 de la EPS Coomeva y en menos de un año, se convirtió en la segunda EPS con más afiliados del Régimen Contributivo, después de la EPS SaludCoop, en el país.
Al inicio la Cooperativa Coomeva puso la plata para dar vida a la EPS Coomeva, con el tiempo parece que se invirtieron los papeles y cuando el sector salud comenzaba a enfrentar su peor momento en materia financiera, con quejas cada vez más frecuentes producto de su mal servicio, la Cooperativa Coomeva decide en el año 2011, convertirse en un banco comercial. Con los años el exitoso trasegar de Coomeva como cooperativa financiera, fue inversamente opuesto al deterioro tanto económico como de funcionamiento de la EPS Coomeva, asegura el artículo periodístico de corrupciónaldía.com.
Es curioso que cuando la EPS SaludCoop era investigada por sus prácticas corruptas, no se haya abierto investigación a la EPS Coomeva, que, para la época, ya tenía frentes de operaciones aún más amplios que los de la misma SaludCoop. ¿Cómo la Superintendencia Nacional de Salud permitió que una EPS tan cuestionada, con tan mala calidad en la prestación de los servicios a sus afiliados, que incluso dejó víctimas fatales a lo largo de años por la negación o tardanza en la atención, cotizara en la Bolsa de Valores de Colombia? ¿Qué entidad de vigilancia y control tenía claridad sobre qué recursos de la salud en realidad quedaban en la EPS o se destinaban para asuntos ajenos? Se interroga el portal periodístico corrupciónaldía.com
Finalmente, la Supersalud interviene a la EPS Coomeva en el año 2015 y por cinco años mantuvo una medida de vigilancia que de nada les sirvió a sus afiliados. El principal macro motivo por el cual se interpusieron reclamos para Coomeva EPS en el periodo 2015 – 2017 estuvo relacionado con la restricción en el acceso a los servicios de salud con un 83,6%.
Entonces, mientras el Bancoomeva se consolidaba como el único banco de origen cooperativo que ha sobrevivido en el país y que hoy muestra óptimos resultados en su desempeño, los usuarios de la EPS Coomeva soportaban todo un calvario para conseguir ser atendidos, y sin siquiera saber que la pésima EPS que les negaba los servicios a que tenían derecho, se daba el lujo, a través de su conglomerado empresarial, de cotizar en la bolsa de valores.
Tras la toma forzosa de la EPS Coomeva por cuenta de la Supersalud en el año 2021, fue ordenada su liquidación en enero de 2022. La EPS Coomeva, adeuda a clínicas y hospitales $837 mil millones de pesos. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC-, que agrupa a más de 300 IPS, la deuda a junio de 2021 de la EPS Coomeva con estas instituciones era de más de $554 millones.
Según información de la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Coomeva tiene pasivos cercanos a los $1,7 billones, es decir, la EPS tiene un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo. “Esto representa una brecha de $204.230 millones en el patrimonio adecuado y unas pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos”, señaló la entidad.
“Las entidades de vigilancia y control permitieron por varios años los abusos de la EPS Coomeva y a lo mejor no se emprenderá ninguna indagación sobre el caso y la entidad quedará como una más de las tantas EPS liquidadas”. Finaliza indicando el informe del portal periodístico corrupciónaldía.com
¿Hasta dónde llegarán todos estos escándalos de corrupción en el sector de la salud en Colombia? Entretanto, son los ciudadanos lo que asumen las multi millonarias pérdidas.