La atención en salud para los internos en Santander se hace de mayor cuidado en la Cárcel La Modelo de Bucaramanga, que atiende a 1.592 personas privadas de la libertad y en la conocida Cárcel de Palogordo en Girón que retiene a 2.242 reclusos. Las demás prisiones citadas no superan poblaciones arriba de los 500 reos.
:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/AM7366FFIJC2DLC5K6NAZWKJTU.JPG)
Con un telón de fondo y con el rimbombante nombre de Fideicomiso Fondo Nacional de Salud -PPL- se vienen manejando los dineros de la salud correspondiente a la Población Privada de la Libertad -PPL- en el país.
En este escenario, la fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo, mediante derecho de petición dirigida al Fideicomiso Fondo Nacional de Salud, solicitó la urgente revisión del paciente, interno William Javier Molina, recluido en la cárcel de PALOGORDO quién requiere urgente revisión médica dada su delicada condición respiratoria.
El hallazgo cotidiano en las prisiones de la nación de alimentos desaliñados, poco nutritivos, con bajo gramaje, suministrados por fuera de los horarios, internos afectados por múltiples patologías, y otros flagelos denuncian los internos de la cárcel de La Tramacúa, quienes a través de una mesa de diálogo instalada con las instituciones del Sistema Nacional Penitenciario solicitan la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, a las Comisiones de Paz y Derechos Humanos del Congreso de la República, y a veedores nacionales en salud para que apoyen y sean garantes del cumplimiento de sus peticiones a favor de la Población Privada de la Libertad -PPL-.
En días recientes, en el marco del desarrollo de la jornada de diálogos en la penitenciaría La Tramacúa de Valledupar, los presos de los patios de los pabellones 2,3,4,5,6,7,9 y 10 integrantes del Movimiento Nacional Carcelario se reunieron con la Directora de la Regional Norte del Inpec, María Alexandra García Forero, con el director de la cárcel Eduardo José Pasajeau, con delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría regional, con el propósito de verificar las condiciones de salud, salubridad, de las instalaciones del penal y en general de las difíciles problemáticas que soportan los privados de la libertad en esa cárcel de Colombia.
El detonante de la situación que viven los internos de la cárcel La Tramacúa de Valledupar fue la muerte de un interno, en fase terminal de cáncer, quién falleció, según las denuncias por negligencia. Cuando las autoridades carcelarias decidieron y autorizaron llevarlo al hospital, se conoció que nunca fue diagnosticado con su grave padecimiento porque las empresas que tienen los contratos no garantizan el servicio de salud para los internos y generan remisiones cuando el interno está prácticamente muriéndose, denunció la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo.
Lo anterior, se agrava porque según, Andrés Díaz Hernández, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, todos los establecimientos carcelarios del país cuentan con un médico y un área que se conoce como Sanidad, manejada a su arbitrio por un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y es este último quién se encarga, de autorizar o no, la salida del interno enfermo hacia un centro hospitalario. De todos es conocido la grave crisis de corrupción que se vive al interior del Inpec, con funcionarios que cobran una suerte de peaje para cualquier autorización y controlan, entre otros flagelos, el tráfico de estupefacientes y armas en el interior de los penales en todas las cárceles de Colombia. Las citas para especialistas las tramitan esos funcionarios del Inpec.
Entonces comienza el paseo de la muerte, en este caso, para el recluso William Javier Molina, y como en la famosa canción de Celia Cruz: “Songo le dio a Borondongo,Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga”… emprenden a tirarse la pelota entre las instituciones que deben prestar el servicio de salud a los presos en Colombia. En consecuencia, el Fideicomiso Fondo Nacional de Salud, remite en carta del 4 de mayo de 2022 con Referencia: Traslado por competencia, Comunicación No. MCDPPD20220526-0429, FPPL-T-2022-089.
“Lo anterior, teniendo en cuenta el parágrafo 1° del artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, el cual dispuso la creación del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Para la administración de dichos recursos, fue establecido que serían manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital”.
Para tal efecto, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC suscribiría el correspondiente contrato de fiducia mercantil.
Entre tanto, FIDUCIARIA CENTRAL S.A. es una sociedad de servicios financieros que tiene por objeto social la celebración y ejecución de todos los actos, contratos y operaciones propias de la actitud fiduciaria con sujeción a los requisitos, restricciones y limitaciones impuestas por las leyes aplicables a las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que la USPEC le adjudicó el contrato N°. 200 de 2021 de fiducia mercantil, que tiene por objeto la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad desde el 1 de julio de 2021.
“Una vez establecido el cumplimiento de la única responsabilidad de la entidad financiera dentro del modelo de atención en salud para la población privada de la libertad, debe indicarse que la materialización de la prestación del servicio de salud depende de la gestión de tipo administrativo en cabeza del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, quien debe garantizar el traslado o remisión de los internos de manera oportuna, así como el cumplimiento de los horarios de las citas y las condiciones de seguridad durante dicho traslado, evitando barreras de accesibilidad y oportunidad en la atención”…
Vale advertir, que, al mes cada preso le cuesta hoy a la nación $1.750.000 (un millón setecientos cincuenta mil pesos) por concepto de salud y manutención. Según un vocero de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, el 90 por ciento de las quejas que recibe esa organización tiene que ver con el pésimo servicio en salud que recibe la Población Privada de la Libertad –PPL en cárceles de Antioquía, Costa Atlántica y los Santanderes.
También afirma el vocero de la Fundación que la cárcel de Palogordo en Girón-Santander se encuentra inmersa en el abandono y las constantes denuncias de internos que deben suplicar a la entidad promotora de salud y de esta manera acceder a medicamentos y tratamientos por sus múltiples patologías, es un secreto a voces que los PPL con enfermedades catastróficas mueren siendo víctimas de la empresa que hoy ostenta la contratación en la regional oriente y que llena sus bolsillos a costa del sufrimiento de los internos de cárceles como Palogordo y La Modelo de Bucaramanga, nos preguntamos si la Uspec tiene conocimiento de estas irregularidades y qué hará para frenar la vulneración al derecho fundamental a la salud de los privados de libertad en las cárceles al oriente del país. Concluyó el vocero.
Contrario a lo que denuncia el Movimiento Cárceles al Desnudo, para Andrés Díaz Hernández, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-hoy los presos en el país gozan de una cobertura universal del 100% en materia de salud, lo que, según él, tiene un efecto positivo que ha disminuido ostensiblemente las quejas de esa población en materia de salud.
La política actual para la atención médica de las Personas Privadas de la Libertad -PPL- trata al máximo que el paciente sea tratado en los penales y no sean trasladados a centros hospitalarios, arguyendo asuntos de seguridad.
“Con el nuevo operador estamos agilizando lo represado por el antiguo sistema” indico Andrés Díaz, quien añadió que se están llevando a cabo brigadas de tomas de rayos X y autorizando citas con especialistas. La población carcelaria en Colombia se acerca a las 100 mil personas privadas de la libertad, recluidas en 132 establecimientos carcelarios y penitenciarios.
Según Díaz Hernández, en materia de atención en salud para la Población Privada de la Libertad -PPL- se están realizando acciones articuladas a través de un operador integral que a su vez tiene seis operadores en las seis regionales con las que cuenta el -INPEC- en toda la geografía nacional.
“El operador provee el personal idóneo para la atención en salud de los presos, entrega los medicamentos, este sistema se implementó en tres regionales, entre ellas la Regional Norte (Costa Atlántica). Hoy hay un modelo responsable con Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud -IPS- que respaldan la operación. Antes en las cárceles respondía un solo médico por penal”, aseguró Díaz Hernández.
Todo lo anterior, sin mencionar las tenebrosas Unidades de Reacción Inmediata – URI- unas insalubres improvisadas cárceles en donde hoy están cientos de privados(as) de la libertad quienes viven en condiciones infrahumanas en medio de altísimo hacinamiento y condiciones de salud y aseo lamentables, asunto que se ha convertido para el país en un auténtico polvorín a punto de estallar.
El debate sobre la atención médica a la Población Privada de la Libertad -PPL- en Colombia apenas comienza… y hay mucha tela por contar… ¿Será que por estos lares también rondan los pasos de los tenebrosos mercaderes de la salud en el país?