¿Cuál es el mayor costo social que puede tener para las ciudades y la sociedad la falta de inversión pública en este tema?
Tal vez uno de los grandes y mayores problemas que tiene Colombia en términos de seguridad vial, además de los invaluables costos en pérdidas vidas humanas y de carga por morbilidad, es una falta de comprensión de los costos y beneficios de invertir en seguridad vial. Tristemente vemos la inversión en seguridad vial como un gasto y no como una inversión, y eso tiene mucho que ver con que conocemos muy bien la magnitud en vidas humanas, en términos de lesionados, pero poco conocemos el costo social y económico. Y no conocemos este costo. Primero porque tenemos un abordaje de la seguridad vial que le hemos atribuido al sector transporte, pero este no es el que soporta el mayor coste. El que lo soporta es el sistema de salud pública. Para el Ministerio de Transporte, el peso que invierte en seguridad vial se convierte en un gasto y no en una inversión, porque el mayor coste es para la sociedad y para el sector salud que es el que soporta lo que se conoce como la carga por morbilidad, que es impactante. Tenemos 700.000 lesionados que pasan cada año por el sistema de salud colombiano. En los últimos cinco años, por lo menos tres millones de personas han sido atendidas por el sistema de salud. Solamente en los últimos cinco años, y son tan alarmantes las cifras del costo social, como alarmantes son las cifras del costo económico. De esos 700.000 lesionados que demandan atención médica, sabemos que hay por lo menos 40.000 que tuvieron una discapacidad y guardarán una secuela permanente de por vida. Hay que mirar, por ejemplo, cuánto le cuesta a un empleador una atención médica o una incapacidad. Son tan alarmantes las cifras del costo social, como lo son del costo económico. De esos 700.000 lesionados que demandan atención médica, sabemos que hay por lo menos 40.000 al año que tuvieron una discapacidad y guardan una secuela permanente de por vida, porque son los que han sido valorados por el instituto médico legal, bien sea porque requirieron una incapacidad mayor a 55 días, y cuánto le cuesta a un empleador, porque es una persona que está en un cese de su actividad laboral. Se multiplican 40.000 al año, por solo los últimos cinco años, nos da que tenemos 200.000 personas que han pasado por el sistema médico legal, muchos de ellos por un certificado médico legal por una incapacidad, que van a guardar secuelas, lo que se conoce como lesionados graves. Tenemos 7.000 personas que mueren al año. Eso son 35.000 pérdidas de ingresos para las familias, hablamos de niños huérfanos, hogares monoparentales, niños por la parte de la morbilidad tenemos niños o familiares que terminan siendo desvinculados de sus actividades para poder cuidar a esa persona que guarda una discapacidad, y esos costos son los costos ocultos, que no alcanzamos a valorar. Hay una cantidad de costos que no han sido evaluados, pero que impactan a toda la sociedad. Porque si buena parte de la sociedad se empobrece, también el nivel de la sociedad disminuye, y esto tiene mucho que ver con que nosotros nunca hemos hecho un análisis del costo económico que implica la inseguridad vial, y que se traduce en todas estas muertes y lesiones, incapacidades médicas y demás. Por ejemplo, hay un indicador epidemiológico que se llama años de vida potencialmente perdidos, que se usa para el caso de las defunciones, y tenemos los años de vida saludablemente perdidos en el caso de las lesiones. Entre 2016 y 2020 nuestro país ha perdido 1,4 millones de vidas potencialmente perdidas. Eso es como si cogiéramos a la ciudad de Barranquilla, a Soledad (Atlántico), la soplaras y desapareces a todo el mundo.
¿Qué medida se ha dado en otros lugares que puedan ser realizables en Colombia?
Se está equiparando el costo social con unos costos económicos “exógenos”, nos queda claro la magnitud del costo social y del costo económico para toda la población, porque cuando una familia se empobrece, nos empobrecemos todos. Se deben hacer inversiones en infraestructura, que es la medida más costo-efectiva para cambiar hábitos, comportamientos y conductas en la población. Todo eso lo hemos obviado, nuestras políticas han estado enfocadas exclusivamente en cambiar la conducta individual de los ciudadanos, soslayando que el sistema-tráfico es un sistema y como tal debe ser entendido, el conductor comete errores y el error humano está latente. Pero no basta solo con pedir al conductor que se comporte bien, tenemos que garantizar los niveles de seguridad de los vehículos. La infraestructura tiene que ser segura, hay una serie de medidas que son elementos fundamentales de política pública y que han sido probados en otros países que han tenido mejores resultados en su lucha contra el flagelo. La seguridad de los vehículos es fundamental, y está estadística- mente probado que es una de las medidas que más contribuye a disminuir la mortalidad en las vías, pues lo que realmente introduce un riesgo al sistema es el vehículo. Hay un pésimo abordaje de la seguridad vial de los colombianos
Frente al costo social, ¿hay algo que el Gobierno deba trabajar sobre el trabajo mental que puede acarrear las secuelas de accidentes familiares?
Hay dos temas muy importantes. Cuando el Estado no pudo prevenir la muerte o discapacidad de una persona tiene que entrar a reparar, pero hoy hablamos de procesos de atención a víctimas de una manera desacertada, esa reparación tiene que ser integral. La reparación no comienza con la reinserción social del afectado psicológico, la reparación inicia con la capacidad de reacción para salvarle la vida a la víctima. De nuestros cerca de 7.000 muertos al año, muchos de ellos hubieran podido ser salvados si hubiéramos tenido una capacidad de atención médica oportuna in situ. Hay algo que se llama la hora dorada, cuando sucede el siniestro vial se puede atender la lesión grave hasta dentro de un período de 60 minutos, que son claves para salvar una vida. El mejor índice de atención inmediata in situ es Bogotá, y con todo eso el promedio de atención supera los 30 minutos. Entonces, en las zonas alejadas del país la oferta de ambulancias primarias y medicalizadas es mínima, y, además, en su mayoría vienen del sector privado. Hoy tenemos alcanzamos a tener una ambulancia por cada 100.000 habitantes. Pero vemos cómo falla toda la cadena. No se pudo salvar una vida porque no se dio la atención, pero si logra sobrevivir tiene todo un proceso hospitalario y posthospitalario, pero luego se viven secuelas del trauma y eso también tiene un costo para la sociedad, las familias y la persona. El país tiene que avanzar en dimensionar el verdadero costo de la inseguridad vial, solo así entenderá el problema y se podrá empezar a trabajar en una solución efectiva. Mientras tanto seguiremos contando muertos y lesionados.