El aborto: un derecho fundamental que debe ser protegido

De acuerdo con las funciones de la Corte, debido a que eliminar el delito de aborto representa un cambio a nivel constitucional, los magistrados del alto tribunal están a cargo de tomar esta decisión, una decisión que controla los cuerpos de las colombianas.

Foto: Cortesía

El aborto por causales fue aprobado por la Corte Constitucional en 2006 por medio de la sentencia C-355, que reconoce el derecho fundamental de las niñas y mujeres el interrumpir su embarazo cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, también cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

Hoy, el movimiento Causa Justa busca ampliar este derecho fundamental y hacer que el aborto seguro esté al alcance de todas las mujeres de Colombia. La demanda que han presentado afirma que continuar considerando la interrupción voluntaria del embarazo como delito crea una barrera estructural para las mujeres que desean hacer efectivo su derecho al aborto. A su vez, estipula que mientras el aborto siga siendo un delito en el Código Penal las mujeres se enfrentan a ser judicializadas por ejercer autonomía sobre sus cuerpos, siendo esta la razón por la cual en promedio 400 mujeres anualmente son criminalizadas y condenadas en Colombia, de las cuales una cuarta parte son menores de edad..

¿Por qué este es un debate que se está presentando en la Corte Constitucional y no en el Congreso?

De acuerdo con las funciones de la Corte, debido a que eliminar el delito de aborto representa un cambio a nivel constitucional, los magistrados del alto tribunal están a cargo de tomar esta decisión, una decisión que controla los cuerpos de las colombianas. Los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia están en riesgo y la Corte Constitucional debe actuar para protegerlos. Las dilaciones innecesarias y trámites absurdos impiden que actualmente miles de niñas y mujeres accedan al aborto cuando lo necesitan.

Someter la eliminación del delito de aborto del Código Penal por vía legislativa representa una traba más que se impondría a las mujeres para poder gozar plenamente de sus derechos fundamentales y la autonomía reproductiva de las colombianas seguiría estando dominada por los caprichos del sistema burocrático.

En las manos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional se encuentra el futuro de miles de mujeres en Colombia. Esperemos que los magistrados y magistradas respondan a su responsabilidad histórica y garanticen los derechos de las niñas y mujeres.