El deber de innovación del abogado

Rodrigo Antonio Durán Bustos.

Juan José Sotelo Enríquez.

Medellín & Durán Abogados

En la mayoría de las ocasiones, el alcance e importancia que le damos a la palabra “innovar”, se limita y circunscribe a un campo tecnológico, científico y altamente técnico, no obstante, desconocemos y somos indiferentes al hecho de que la actividad humana implica constantemente un ejercicio de innovación.

La conducta de las personas está desplegada de actos cambiantes, transformadores y, por lo tanto, innovadores, siendo una realidad comprender que somos sujetos de constante innovación, es decir, de constante cambio.

Entender el anterior concepto como un acto de transformación o cambio implica llevar consigo la capacidad de adaptarse a las circunstancias actuales y, en consecuencia, a prevenir o reaccionar conforme a un marco adecuado y próximo a la realidad material que demanda de su actuar.

Para todos los sectores profesionales, la innovación es un hecho, un fenómeno de abordar, asimilar, practicar y promover, pues de no hacerlo, estaríamos llamados al lento y silencioso olvido por obsolescencia.

El asunto para el cual escribimos en esta ocasión, no se escapa de la anterior realidad y, en consecuencia, del impacto que trae consigo un fenómeno constante en nuestra historia, pero que hoy por hoy, nos hemos detenido a estudiarlo de cara a los retos para el operador jurídico.

El ejercicio de la abogacía no es ajeno a la innovación, por el contrario, esta se impone en atención a la necesidad de cubrir los requerimientos del mercado, los cuales deben ser atendidos bajo una asesoría idónea, actualizada y pertinente de acuerdo con lo requerido por el cliente o el usuario de los servicios jurídicos ofrecidos.

La participación de los abogados en el mercado se da no sólo desde aquellos despachos y firmas profesionales consolidadas que se han dedicado a la defensa de los intereses de sus clientes, sino también, en aquellas Entidades de orden público que requieren de sus servicios, en las empresas de los diferentes sectores económicos, e incluso en el escenario político y democrático.

Lo anterior, permite identificar el rol articulador de los abogados en los diferentes escenarios profesionales que, además de exigir diversidad en su conocimiento y capacidad de adaptación para brindar soluciones efectivas, también se sirven de garantes del derecho, de su aplicación y del mantenimiento del pacto social.

En el panorama colombiano, no somos indiferentes a los factores que inciden en el proceder y operar del profesional jurídico, por el contrario, conocemos de la diversidad normativa y regulatoria de los sectores económicos y de las dificultades que ello implica, permitiéndonos entender, evaluar y calificar los mismos, de acuerdo con su impacto e incidencia en el mercado y las necesidades jurídicas demandadas.

Cada sector económico, conforme a su regulación normativa, bastante amplia y dispersa en la mayoría de los casos, requiere de la atención de diferentes servicios profesionales, los cuales, al depender de las relaciones derivadas del tráfico jurídico corriente, se mantienen en constante cambio, exigiendo un deber de correspondencia por parte de los operadores y legos jurídicos.

La capacidad de reacción y adaptación que le exige la innovación al abogado implica tener presente en su actuar, la función social que emana del ejercicio de esta profesión, pero a su vez, requiere de la formación de profesionales que cuenten con la capacidad para adaptarse a los requerimientos del mercado, a la demanda pública y con entendimiento del negocio y empresa jurídica.

Nuestra profesión es de impacto, prevención y acción, por lo cual, se le exige al abogado el deber constante de actualización, adaptación y reacción a las necesidades jurídicas actuales. Es un agente especializado para atender problemas complejos que van más allá de una solución jurídica.

Bajo el anterior contexto, las discusiones actuales que han tomado relevancia en el mercado jurídico son, entre otras, en asuntos relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, infraestructura, medio ambiente, nuevas energías, prestación de servicios públicos, defensa del Estado, responsabilidad fiscal, responsabilidad tributaria, aspectos corporativos, conflictos societarios, insolvencia patrimonial, grupos empresariales, propiedad intelectual e industrial, entretenimiento, y demás asuntos, cuyas problemáticas han sido abordadas a través de decisiones que su contenido no corresponde de manera absoluta al criterio jurídico, sino que también involucran aspectos financieros, técnicos, contables, corporativos, económicos, matemáticos, entre otros, para brindar soluciones efectivas a las problemáticas contemporáneas planteadas.

Por ello, destacamos que para nuestra profesión, uno de los retos que trae consigo la innovación, es el desarrollo de mayores capacidades para adaptarse constantemente a los cambios presentados en nuestra realidad, exigiendo un rol interdisciplinario e integral al abogado, que no solo conozca y aplique el derecho, sino que también, cuente con la capacidad de dar respuesta y solución a problemas que trascienden de este, así como también, a trabajar en equipo, interactuar y convivir en un ecosistema diverso de profesionales encausados con un propósito en común: atender las necesidades del cliente, de la empresa, de las Entidades Públicas o de cualquiera con un interés.

En el mercado jurídico, son cada vez más los clientes profesionales altamente calificados y preparados, exigiendo al abogado la capacidad de atender los asuntos a él confiados, a través de soluciones integrales y personalizadas, dirigidas a lograr el mayor grado de satisfacción, pero sin dejar de un lado la aplicación integral y tradicional del derecho.

Lo anterior implica contar con profesionales capacitados, no sólo en asuntos jurídicos tradicionales (derecho administrativo, derecho civil, derecho privado, derecho comercial, entre otros) y asuntos jurídicos especializados (infraestructura, hidrocarburos, telecomunicaciones, insolvencia, entre otros), sino también con cualidades y capacidades integrales para atender un problema complejo que trasciende del derecho, aborda otras áreas profesionales y requiere ser atendido a través de soluciones integradas como consecuencia del trabajo colectivo de diversos profesionales en diferentes áreas, calificados para tal propósito.

La formación de esas cualidades y capacidades antes mencionadas, en el plano jurídico, corresponde a una reacción y respuesta a las exigencias del ya referenciado fenómeno de “innovación”, permitiendo entender que, así estemos en un plano de transformación, la preparación debe ser constante y continua.

Por lo anterior, transmitimos un fraterno llamado a la constante formación, preparación y profesionalización de los asuntos que el derecho demanda, pero también de aquellos que lo complementan de manera íntegra para atender una situación compleja.

Nosotros los abogados cumplimos un deber de responsabilidad social al ser los voceros y guardianes del derecho, para lo cual, debemos corresponder con ese rol que asumimos en nuestra sociedad.

Rodrigo Antonio Durán Bustos.

Juan José Sotelo Enríquez.

Medellín & Durán Abogados

En la mayoría de las ocasiones, el alcance e importancia que le damos a la palabra “innovar”, se limita y circunscribe a un campo tecnológico, científico y altamente técnico, no obstante, desconocemos y somos indiferentes al hecho de que la actividad humana implica constantemente un ejercicio de innovación.

La conducta de las personas está desplegada de actos cambiantes, transformadores y, por lo tanto, innovadores, siendo una realidad comprender que somos sujetos de constante innovación, es decir, de constante cambio.

Entender el anterior concepto como un acto de transformación o cambio implica llevar consigo la capacidad de adaptarse a las circunstancias actuales y, en consecuencia, a prevenir o reaccionar conforme a un marco adecuado y próximo a la realidad material que demanda de su actuar.

Para todos los sectores profesionales, la innovación es un hecho, un fenómeno de abordar, asimilar, practicar y promover, pues de no hacerlo, estaríamos llamados al lento y silencioso olvido por obsolescencia.

El asunto para el cual escribimos en esta ocasión, no se escapa de la anterior realidad y, en consecuencia, del impacto que trae consigo un fenómeno constante en nuestra historia, pero que hoy por hoy, nos hemos detenido a estudiarlo de cara a los retos para el operador jurídico.

El ejercicio de la abogacía no es ajeno a la innovación, por el contrario, esta se impone en atención a la necesidad de cubrir los requerimientos del mercado, los cuales deben ser atendidos bajo una asesoría idónea, actualizada y pertinente de acuerdo con lo requerido por el cliente o el usuario de los servicios jurídicos ofrecidos.

La participación de los abogados en el mercado se da no sólo desde aquellos despachos y firmas profesionales consolidadas que se han dedicado a la defensa de los intereses de sus clientes, sino también, en aquellas Entidades de orden público que requieren de sus servicios, en las empresas de los diferentes sectores económicos, e incluso en el escenario político y democrático.

Lo anterior, permite identificar el rol articulador de los abogados en los diferentes escenarios profesionales que, además de exigir diversidad en su conocimiento y capacidad de adaptación para brindar soluciones efectivas, también se sirven de garantes del derecho, de su aplicación y del mantenimiento del pacto social.

En el panorama colombiano, no somos indiferentes a los factores que inciden en el proceder y operar del profesional jurídico, por el contrario, conocemos de la diversidad normativa y regulatoria de los sectores económicos y de las dificultades que ello implica, permitiéndonos entender, evaluar y calificar los mismos, de acuerdo con su impacto e incidencia en el mercado y las necesidades jurídicas demandadas.

Cada sector económico, conforme a su regulación normativa, bastante amplia y dispersa en la mayoría de los casos, requiere de la atención de diferentes servicios profesionales, los cuales, al depender de las relaciones derivadas del tráfico jurídico corriente, se mantienen en constante cambio, exigiendo un deber de correspondencia por parte de los operadores y legos jurídicos.

La capacidad de reacción y adaptación que le exige la innovación al abogado implica tener presente en su actuar, la función social que emana del ejercicio de esta profesión, pero a su vez, requiere de la formación de profesionales que cuenten con la capacidad para adaptarse a los requerimientos del mercado, a la demanda pública y con entendimiento del negocio y empresa jurídica.

Nuestra profesión es de impacto, prevención y acción, por lo cual, se le exige al abogado el deber constante de actualización, adaptación y reacción a las necesidades jurídicas actuales. Es un agente especializado para atender problemas complejos que van más allá de una solución jurídica.

Bajo el anterior contexto, las discusiones actuales que han tomado relevancia en el mercado jurídico son, entre otras, en asuntos relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, infraestructura, medio ambiente, nuevas energías, prestación de servicios públicos, defensa del Estado, responsabilidad fiscal, responsabilidad tributaria, aspectos corporativos, conflictos societarios, insolvencia patrimonial, grupos empresariales, propiedad intelectual e industrial, entretenimiento, y demás asuntos, cuyas problemáticas han sido abordadas a través de decisiones que su contenido no corresponde de manera absoluta al criterio jurídico, sino que también involucran aspectos financieros, técnicos, contables, corporativos, económicos, matemáticos, entre otros, para brindar soluciones efectivas a las problemáticas contemporáneas planteadas.

Por ello, destacamos que para nuestra profesión, uno de los retos que trae consigo la innovación, es el desarrollo de mayores capacidades para adaptarse constantemente a los cambios presentados en nuestra realidad, exigiendo un rol interdisciplinario e integral al abogado, que no solo conozca y aplique el derecho, sino que también, cuente con la capacidad de dar respuesta y solución a problemas que trascienden de este, así como también, a trabajar en equipo, interactuar y convivir en un ecosistema diverso de profesionales encausados con un propósito en común: atender las necesidades del cliente, de la empresa, de las Entidades Públicas o de cualquiera con un interés.

En el mercado jurídico, son cada vez más los clientes profesionales altamente calificados y preparados, exigiendo al abogado la capacidad de atender los asuntos a él confiados, a través de soluciones integrales y personalizadas, dirigidas a lograr el mayor grado de satisfacción, pero sin dejar de un lado la aplicación integral y tradicional del derecho.

Lo anterior implica contar con profesionales capacitados, no sólo en asuntos jurídicos tradicionales (derecho administrativo, derecho civil, derecho privado, derecho comercial, entre otros) y asuntos jurídicos especializados (infraestructura, hidrocarburos, telecomunicaciones, insolvencia, entre otros), sino también con cualidades y capacidades integrales para atender un problema complejo que trasciende del derecho, aborda otras áreas profesionales y requiere ser atendido a través de soluciones integradas como consecuencia del trabajo colectivo de diversos profesionales en diferentes áreas, calificados para tal propósito.

La formación de esas cualidades y capacidades antes mencionadas, en el plano jurídico, corresponde a una reacción y respuesta a las exigencias del ya referenciado fenómeno de “innovación”, permitiendo entender que, así estemos en un plano de transformación, la preparación debe ser constante y continua.

Por lo anterior, transmitimos un fraterno llamado a la constante formación, preparación y profesionalización de los asuntos que el derecho demanda, pero también de aquellos que lo complementan de manera íntegra para atender una situación compleja.

Nosotros los abogados cumplimos un deber de responsabilidad social al ser los voceros y guardianes del derecho, para lo cual, debemos corresponder con ese rol que asumimos en nuestra sociedad.