En nombre de la coherencia

Foto: CHAVA

Las frecuentes noticias sobre las muertes y lesiones por siniestros viales de las últimas semanas, que coincidieron con el cierre de la celebración del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, que contó con la participación de la primera dama de la nación, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ministra de Transporte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las viceministras del Deporte y de Educación, y el superintendente de Transporte, entre muchos otros invitados no gubernamentales, ponen de manifiesto la inaplazable y titánica tarea que tendrán los recién electos congresistas y el próximo jefe de Estado.

En el marco de este Foro, el representante del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (LatinNCAP), recordó el retraso de más de veinte años que tiene Colombia en la normativa de seguridad vehicular no solo frente a países de economías más maduras, sino en comparación con otros países de la región. Subrayó, igualmente, que las evaluaciones presentadas por este organismo a finales del 2021 dan cuenta que de once vehículos evaluados nueve obtuvieron entre cero y una estrella, uno obtuvo dos estrellas y tan solo uno obtuvo cinco estrellas.

En este escenario, LatinNCAP recalcó la deuda que tiene Colombia de adherir a los tres acuerdos del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, administrado por la Organización de las Naciones Unidas, como un paso fundamental para combatir las muertes y lesiones en el tránsito y evitar siniestros como en los que recientemente hemos deplorado las vidas de niños y adultos.

En el mismo sentido, el representante de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa recalcó que los estándares vehiculares contenidos en los acuerdos de 1958 y 1998, así como la norma de revisión técnico-mecánica, consignada en el acuerdo de 1997, han permitido a los países contratantes obtener mejores desempeños en materia de seguridad vial.

Si bien, el pasado 24 de marzo el gobierno del señor presidente Iván Duque, justo en la mitad de un evento tan dramático y escandaloso como el de la muerte de los seis niños en Santander, donde se evidenció el potencial peligro que representan para la seguridad vial la fatiga mecánica y los bajos estándares de seguridad de los vehículos, radicó en la Comisión Segunda de Senado el Proyecto de Ley 335 de 2022, que adhiere a uno de los tres acuerdos y que constituye, como lo manifestó el Gobierno, “una de las prioridades fundamentales de las políticas públicas para mejorar los niveles de seguridad vial y desarrollo sostenible de la movilidad segura”.

Sin embargo, corresponderá muy probablemente al nuevo Congreso ratificar este acuerdo y al nuevo Gobierno adoptar y hacer cumplir los reglamentos.

A esta reciente iniciativa se le suma el Proyecto de Ley 408 de 2021, Ley Julián Esteban, que espera desde septiembre de 2021 a ser debatido en esta legislatura y cuyo articulado apunta a dar un marco normativo coherente y robusto, no solo en el tema de la seguridad de los vehículos incorporando al marco regulatorio los reglamentos de los tres acuerdos de las Naciones Unidas, sino integrando también los temas de infraestructura segura, gestión de la velocidad, registros de lesiones corporales y licencias de conductores noveles.

Sin embargo, dependerá de la voluntad del actual Congreso el darle debate en plenaria de Senado y permitirle seguir vivo en el próximo período constitucional.

Estas iniciativas serán la piedra angular que soportará, en el corto y mediano plazo, la política pública de seguridad vial que deberá formularse y desarrollarse en el próximo Plan de Desarrollo, para evitar que en Colombia sigamos deplorando muertes de niños, adolescentes, jóvenes en plena edad productiva, hombres y mujeres, adultos de la tercera edad, tan innecesarias y prevenibles. Serán estas unas de las herramientas para cumplir, finalmente, con los compromisos y objetivos de desarrollo sostenible que hemos adquirido y estar así al nivel de un país miembro de la OCDE.

Por lo demás, estas iniciativas tendrán que contrarrestar los efectos de la reciente Ley 2198 de 2022 y del Decreto 478 de 2021, que amplían en cuatro años más la edad máxima de los vehículos destinados a transporte público especial escolar, empresarial y de turismo, y del transporte público terrestre de pasajeros, así como los proyectos de resolución de reglamentación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación y de expedición de los certificados de aptitud física y mental y de coordinación motriz para la expedición de licencias de conducción, que, al final de un período, se apresta a adoptar el Ministerio de Transporte y la resolución que prorroga la adopción de los reglamentos técnicos de los frenos de las motos, entre otros.

Lo cierto es que, más allá de las buenas intenciones, los objetivos de estas recientes producciones normativas y del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-2030, que pretende dejar aprobado este Gobierno y constituirá la hoja de ruta del próximo, que aspiran a resolver problemáticas sociales tan importantes como el derecho ciudadano a una movilidad segura, incluyente y sostenible, chocan entre sí, dejando al país sumido en un mar de incoherencias.

Las muertes y lesiones en el tránsito están disparadas y su tendencia es a superar el número de vidas perdidas del año anterior, que por ahora se configura como el año más mortífero del siglo. Esto demanda y exige soluciones inmediatas y un trabajo en consenso, acucioso y articulado, entre el próximo Congreso y mandatario de los colombianos si no queremos seguir sacrificando más vidas y empobreciendo a todos los colombianos. La seguridad vial de los colombianos debe y tiene que trascender los colores políticos.