A propósito de la petición de intervención a los embargos de los recursos de la salud por parte de los juzgados 15 Civil del Circuito de Barranquilla, y el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, la Red de Veedurías de Colombia solicitó respuesta, de los entes de control, en cuanto a: ¿qué están haciendo frente al denunciado Cartel de los Embargos?, y si existe o no, vigilancia especial, además de solicitar las respuestas, que estos organismos de control, han dado a las peticiones realizadas por la Red de Veedurías Ciudadanas.
Frente a la petición de intervención judicial y vigilancia especial a los juzgados 15 Civil del Circuito de Barranquilla y 35 Civil del Circuito de Bogotá por parte de la Procuraduría General de la Nación, solicitud efectuada el 20 de septiembre de 2021 por parte de la Red de Veedurías de Colombia, la respuesta del Procurador 6 Judicial II adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, Javier Gonzalo Montañez Pérez, fue la siguiente.
“La Procuraduría, -sostiene Montañez Pérez- llevó a cabo la revisión de las actuaciones de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en tal sentido, es de precisar que esta clase de intervención judicial se orienta a la defensa del orden legal y de los derechos e interés público que ponen de presente al juez de conocimiento los posibles yerros para que tome las medidas correctivas o sanee la situación si es procesal y oportunamente posible”, dijo el funcionario público.
“La Procuraduría General de la Nación expidió la resolución que impone el seguimiento y observación de esta norma en los procesos judiciales y demás que puedan afectar recursos de la salud a través de los asignados a las empresas e instituciones prestadoras del servicio, en desarrollo de lo cual igualmente se han efectuado intervenciones de parte de la procuraduría delegada, a través de sus procuradores judiciales, cuando se ha tenido noticia sobre posible irregularidad al respecto o a solicitud de parte interesada”, aseguró el vocero de la Procuraduría.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales ya realizó intervención judicial ante el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, a solicitud de la empresa demandada EPS Medimás, en el proceso ejecutivo número 2020-00351, para pedirle al juez que revise, en debida forma, cada una de las respuestas dadas por las entidades bancarias a quienes se les comunicó la medida cautelar de embargo de cuentas bancarias de la ejecutada, así mismo, que atienda las observaciones presentadas por entidades como el ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud, al igual que lo advertido en las resoluciones 01 de 2021 de la Contraloría General de la República y 014 de 2018 de la Viceprocuraduría General de la Nación, para que defina plenamente si corresponden, o no, a recursos destinados a la prestación de servicios de salud que son inembargables para que defina si mantiene la medida sobre ellos, en aras de asegurar la legalidad de la misma y, sobre todo, evitar perjuicio a los usuarios del servicio, afiliados y beneficiarios, de la sociedad demandada.
Por su parte, la Corte Constitucional, en los primeros días de septiembre de 2021, frenó el embargo de $53 mil millones de pesos a la EPS Coomeva, ordenado por el Juzgado 15 Civil de Barranquilla, en una decisión provisional y reiteró, el alto tribunal, que las cuentas maestras de la salud son inembargables.
La Corte Constitucional, en decisión firmada el 8 de septiembre de 2021, por el magistrado Alberto Rojas, consideró que la medida del juez pondría en riesgo la prestación del servicio de salud para miles de usuarios y sentaría un precedente sobre el tema, así resolvió la Corte Constitucional, la tutela interpuesta por Coomeva contra el Juzgado para la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de sus afiliados, el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el pago de las IPS, porque que el embargo fue sobre sus cuentas maestras.
La Corte destacó que las cuentas maestras son inembargables, pues en ellas se manejan recursos destinados exclusivamente a garantizar la atención en salud de los ciudadanos.
Además, se trataría de un fallo desmedido porque la deuda de Coomeva que motivó la decisión del Juzgado 15 Civil, era de 2.000 millones de pesos con Sabbag Radiología, y el embargo de la cuenta maestra bloqueaba 53.000 millones de pesos para pacientes de alto riesgo, como los enfermos de cáncer.
Coomeva evidenció en la tutela que los recursos depositados en las mencionadas cuentas no hacen parte de su patrimonio, y aclaró que son dineros inembargables del sistema de salud mediante los cuales se viabiliza la operación de la EPS.
El magistrado Rojas, ex presidente de la Corte Constitucional indicó que “el decreto de medidas provisionales no significa en manera alguna un prejuzgamiento sobre la controversia, pues no debe entenderse como una medida anticipatoria del sentido del fallo, sino como un mecanismo dúctil orientado a propiciar la efectividad de la protección de los derechos”.
De otra parte, la solicitud elevada por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, relacionada con una petición de intervención frente a demandas contra EPS que cursan en el Jugado 35 Civil del Circuito de Bogotá, y otros despachos judiciales en que existe posible abuso en el decreto de medidas cautelares que afectarían el tratamiento médico y atención de unos 250 mil pacientes de alto costo.
Vale advertir que se han prendido las alarmas con relación a un presunto Cartel de Embargos que opera en el país, circunstancias qua ameritan verificar si existe vulneración de derechos humanos para tomar las acciones legales pertinentes.
Dado que la intervención se realizó el 13 de septiembre pasado, se espera que la actuación prosiga, pues el 16 de septiembre anterior se notificó auto que suspende el proceso y, por tanto, una vez se reactive y se dicte providencia que precise lo solicitado se definirá la gestión que sea legalmente procedente.
Es de resaltar, que en el proceso que cursa en el Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla ha sido intervenido por la procuraduría delegada, tanto en el desarrollo de este como en la acción de tutela que propició el trámite de revisión, actualmente en curso ante la Corte Constitucional, en que se decretó la suspensión de las medidas cautelares. Se espera la decisión de fondo que tome esa alta Corporación.
Frente a las peticiones realizadas por la Red de Veedurías de Colombi, “La Procuraduría recibió la petición de la Red Veedurías de Colombia, que fue atendida mediante oficio No. 253 del 17 de septiembre de 2021 y, adicionalmente, se agendó el día 21 de septiembre de 2021 para entrevista entre el peticionario y la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales a solicitud de este a fin de tratar sobre el asunto”. Aseguró el portavoz de la Procuraduría.
La Red de Veedurías solicitó se informe si la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, ha priorizado sus las peticiones, debido a la afectación en los tratamientos que reciben los 250 mil pacientes de alto costo y más de 20 mil pacientes de cáncer.
“Conforme a las respuestas precedentes, esta procuraduría Delegada si ha priorizado la atención de la petición de la Red de Veedurías de Colombia y seguirá pendiente de las inconformidades que plantea respecto de los procesos en que se evidencien posibles irregularidades expuestas, además de insistir ante las autoridades judiciales sobre la recta aplicación de la norma que impone la inembargabilidad de los recursos destinados para la salud y el procedente sobre la materia”, indicó, Javier Gonzalo Montañez Pérez.
La Contraloría General de la República, el 9 de noviembre de 2021, recibió a través de un traslado por competencia, un derecho de petición radicado el 12 de octubre de 2021, el cual, solicita verificar los hechos denunciados por el veedor ciudadano Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, sobre presuntas irregularidades en embargos a recursos de la salud y realizar las gestiones de su competencia que permitan garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia, los cuales hoy son víctimas de disputas que ponen en riesgo su vida.
La Red de Veedurías solicitó verificar si el juez 35 Civil del Circuito, doctor Luis Guillermo Bolaños, ha actuado conforme a la ley y en defensa de los derechos de poblaciones vulnerables.
Es preciso citar, que el 25 de agosto de 2021, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado recibió del abogado Pablo Bustos Sánchez, en su calidad de presidente de la Red de Veedurías de Colombia, una denuncia penal con el asunto: Cartel de los Embargos, solicitud de intervención inmediata por los delitos, por investigar, de Prevaricato y Fraude Procesal, quien cita como lugar de los hechos la ciudad de Cúcuta y los juzgados a investigar; el Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla y el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá.
Además, Pablo Bustos, formuló denuncia penal contra los jueces, abogados, servidores públicos encargados de realizar repartos y ciudadanos que integran el denominado Cartel de los Embargos y pidió determinar si hay o no, actuaciones penalmente relevantes. Solicitó se investiguen y establezca, si son o no, penalmente responsables los jueces 15 Civil del Circuito de Barranquilla y el 35 Civil del Circuito de Bogotá y/o sus dependientes, así como partes accionantes, incluidos profesionales del derecho y pidió la inmediata intervención de la fiscalía, así como vigilancia especial de la Procuraduría General.
La Red de Veedurías de Colombia solicitó, que investigue a fondo, el presunto Cartel de los Embargos, que opera en diversos juzgados del país, el cual tendría como propósito presentar demandas millonarias que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces o despachos judiciales de manera ilegal, al punto de autorizarse el embargo de cuentas inembargables como las cuentas maestras recaudadoras. El Cartel operaría en Barranquilla, Neiva, Bucaramanga y Bogotá, principalmente.
Ente las denuncias recibidas por la Red de Veedurías de Colombia, se evidenció que, de manera extraña, algunos de estos despachos fueron investigados en el pasado por prácticas irregulares en el manejo de sus actuaciones judiciales. Según las inculpaciones, el Juzgado Civil 35 del Circuito de Bogotá, del juez Luis Guillermo Bolaños, fue acusado ante la fiscalía por el posible amaño de un proceso judicial, cargo del que resultó finalmente absuelto. Igualmente se han recibido quejas por tales irregularidades en el Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla.
En dichos despachos se estaría autorizando ilegalmente el embargo de cuentas maestras recaudadoras, expresamente prohibido por la ley, por corresponder a recursos parafiscales que solo se pueden destinar a la atención en salud de los afiliados a las EPS, procesos cuyas cuantías superan, en algunos casos, los $50 mil millones de pesos, respecto de procesos acumulados de diferentes ejecutantes.
Dichas actuaciones presentarían fallas adicionales como la violación de los términos para impugnar las decisiones de embargo, el monto ilimitado o excesivo de los embargos, esto es sin guardar relación con la suma ejecutada y los límites legales de esta, en clara violación del derecho de defensa y debido proceso incurriéndose en una posible vía de hecho.
Se trata de establecer si en algunos despachos judiciales se han solicitado o decretado medidas cautelares respecto de tales recursos parafiscales, de prohibido embargo tratándose de recursos con destinación específica por mandato legal, única y exclusivamente al servicio de salud.
De igual forma resulta de singular importancia saber si los apoderados accionantes han solicitado tal tipo de medidas cautelares en procesos ejecutivos.
Pablo Bustos también notificó, el 27 de agosto de 2021, al Contralor General de la República, Felipe Córdoba Larrarte, a través de una queja de responsabilidad fiscal por posible manejo irregular de fondos públicos, a propósito de los embargos judiciales de recursos inembargables de salud, de cuentas maestras recaudadoras. Y añadió, que los juzgados a monitorear son: el 15 Civil del Circuito de Barranquilla y el 35 Civil del Circuito de Bogotá.
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, manifestó que el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, de manera inaudita embargó recursos de la salud por $48.000 mil millones de pesos, por una deuda de 2.000 mil millones de pesos, embargo que calificó como aberrante, teniendo en cuenta que más de 20 mil pacientes de cáncer se quedaron sin recibir tratamiento médico y otros 250 mil pacientes de alto costo estarían a las puertas de la muerte por la decisión del juez, que prefirió asegurar la suma de 2.000 mil millones, de manera arbitraria, que la vida de un cuarto de millón de pacientes que dependen de tratamientos que no dan espera.
Vale reiterar que la Procuraduría General de la Nación, mediante escrito dirigido al Juzgado 35, recordó la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Lo anterior, indica que el derecho a la salud de 250 mil colombianos estaría siendo vulnerados por el Estado colombiano en cabeza de un juez de la República, que se presume defiende el derecho a la vida, por encima de los intereses monetarios.
“En una siguiente fase emprenderemos las acciones penales respectivas y disciplinarias contra los jueces en cuestión ante la Comisión de Disciplina Judicial. Vamos a hacer respetar hasta el último peso estos recursos sagrados de los colombianos que le están costando la vida a más de 20.000 pacientes de cáncer y personas de alto riesgo”, finalizó diciendo Pablo Bustos, de la Red Nacional de Veedurías, quien viene denunciado lo delicado e inconstitucional de este tipo de embargos.