Las acciones para fortalecer el tejido social aguas abajo de Hidroituango
La confianza de las comunidades del Bajo Cauca hacia EPM se resquebrajó con la contingencia. Tres años después, la atención social y las estrategias de comunicación directa han permitido restaurarla e impulsar el desarrollo aguas abajo del proyecto.
Luis Miguel Ortiz cuenta que durante una de las épocas de mayor tensión por la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a inicios del 2019, su compañera sentimental dejó de hablarle. “Duró quince días enojada conmigo porque acepté el trabajo con EPM”, cuenta este líder indígena zenú del municipio de Cáceres, de 46 años, quien por entonces era cacique mayor de las comunidades indígenas de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.
Él es uno de los noventa voceros comunitarios que, desde los municipios de Valdivia (25), Cáceres (19), Tarazá (16), Caucasia (17) y Nechí (13), se han convertido en el “factor fundamental del éxito” de la relación de EPM con las comunidades aguas abajo de Hidroituango desde la contingencia que inició en el 2018 y tuvo impactos en esa subregión. Así lo afirma el politólogo Mario Alejandro Pérez, coordinador de la estrategia y consultor sénior de la empresa Desmarginalizar, encargada de dicha relación.
“Fue una experiencia bastante dura”, dice Luis Miguel. Para explicarlo, recuerda que a lo largo de la construcción de Hidroituango las comunidades aguas abajo se mantuvieron en desacuerdo y que esta tensión se profundizó con la contingencia. Él vive en la vereda Puerto Santos, que tuvo que ser evacuada en medio de aquella emergencia. Estuvieron cuarenta días en un albergue del corregimiento Guarumo, donde las quejas se profundizaron y él, como líder social, fue uno de los encargados de canalizarlas hacia EPM y el proyecto hidroeléctrico.
Fue en ese contexto que lo contactaron desde Desmarginalizar y le explicaron que se trataba de una estrategia para que los líderes comunitarios recibieran información inmediata y directa del desarrollo del proyecto por parte de EPM. Él aceptó, pero esto le costó señalamientos por parte de las poblaciones ribereñas: “Decían que nos habíamos vendido a EPM”.
Pérez, el coordinador, y Gabriel Guzmán, gerente general de Desmarginalizar, explican que esa firma se encarga de tender puentes entre partes que se ubican en orillas opuestas en el contexto de proyectos de gran magnitud, como Hidroituango. “El factor común en estos proyectos es una desinformación increíble de ambos lados, lo que da lugar a asumir posiciones que hacen más difícil cualquier proceso”, explica Guzmán.
En 2018, la gerencia ambiental y social les pidió diseñar una estrategia de relacionamiento para que las comunidades recibieran la información oficial sobre las obras y la contingencia, y fue entonces que propusieron un canal adicional, complementario a los existentes, para tener un diálogo fluido con las comunidades que permitiera que ambas partes se escucharan. El objetivo era construir confianza y legitimidad desde la transparencia, explican Pérez y Guzmán. Ese canal son los voceros comunitarios.
La línea social
El convenio de EPM con Desmarginalizar es apenas una de las estrategias que la empresa ejecuta a raíz de la contingencia como parte del Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación y rehabilitación de los municipios aguas abajo de Hidroituango, como explica Jennifer Montoya Díaz, profesional ambiental y social de la gerencia ambiental y social de Proyectos e Ingeniería de EPM. El PAE tiene nueve líneas, dentro de las que está la ambiental, que incluye todos los convenios con instituciones universitarias y estatales, corporaciones autónomas e institutos de investigación, así como la social, que abarca el programa de información comunitaria con líderes, entre otros.
Montoya Díaz amplía este punto para mencionar otras estrategias que se han ejecutado. Una de estas se dio con la Corporación Antioquia Presente, con el fin de “restablecer las condiciones de vida a las personas afectadas” por la emergencia presentada el 12 de mayo de 2018. En total fueron atendidos 336 grupos familiares tanto en la reposición de sus infraestructuras de vivienda como de actividades económicas en los municipios de Valdivia, Briceño y Tarazá.
Con este convenio, EPM finalizó el proceso de retorno con 2.255 familias del municipio de Valdivia, las cuales contaron con acompañamiento psicosocial, fortalecimiento en gestión del riesgo, ayuda humanitaria y mejoramiento de sus infraestructuras de vivienda. Para este año el acompañamiento psicosocial se extendió a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, explica Montoya.
Por otro lado, con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) del Ministerio del Trabajo y con el operador ANDAP se trabaja en el fortalecimiento de organizaciones solidarias del Bajo Cauca para el fomento de una economía basada en la solidaridad, la cooperación y la asociatividad. Montoya cuenta que este convenio ya va para el tercer momento. En el primero se acompañaron y fortalecieron 25 organizaciones, cinco en cada municipio; ahora, en un segundo momento, está en marcha el trabajo con estas y 25 adicionales, y se espera que para el 2022 se inicie con 25 nuevas, completando así 75. Esto incluye a productores de miel, cacao, arroz, gallinas ponedoras y confeccionistas, entre otras. Además, Montoya destaca que, de las cincuenta organizaciones actuales, diez son solo de mujeres.
Además de la capacitación y asesoría técnica, apoyada por entidades como el SENA y Fedearroz, entre otras, a cada organización se le ha aportado material de aprendizaje, como especies animales, insumos, herramientas y equipos.
Ahora se proyecta crear una plataforma virtual que potencie este trabajo, “tratando de evitar la tercerización de sus productos” para mejorar la comercialización y maximizar la ganancia de las comunidades. De las cincuenta organizaciones que hoy reciben el acompañamiento hacen parte 1.030 asociados, el 48 % de estos son mujeres, de ellas un 71 % son cabeza de hogar; el 60 % de asociados pertenecen a minorías étnicas y el 34 % son víctimas del conflicto, según cifras de EPM.
Otro convenio es el que se celebró con la Fundación EPM. Como explica Esteban Betancur Cano, profesional comercial de EPM, en este se busca implementar el programa Ambiente para la Vida en los cinco municipios aguas abajo del sitio de presa de Hidroituango. Esto, a través de cinco estrategias: Cuidamundos, que da capacitación ambiental a instituciones educativas urbanas y rurales, unas sesenta hasta ahora con 14.300 participantes; jornadas de relacionamiento, con las que se han acercado a cerca de 50.000 personas para hablar de asuntos del proyecto hidroeléctrico; fortalecimiento comunitario a líderes y lideresas de las organizaciones comunitarias en el territorio, con el acompañamiento del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia; educación ambiental con grupos organizados que desarrollan actividades económicas en el territorio; y agua para la educación, en la cual se han instalado nueve plantas de potabilización en escuelas rurales, que benefician también a las comunidades cercanas a estas instituciones educativas.
Como vocero comunitario, Luis Miguel Ortiz, quien conoce o ha participado de casi todas estas apuestas de la línea social del PAE, dice que “con todas las iniciativas y la información inmediata, hemos trabajado más relacionados con las familias y se ha mermado un poquito la contrariedad que le tenían a EPM por las afectaciones que hubo cuando la contingencia”. Según Mario Pérez, los voceros que trabajan con Desmarginalizar participan en más del 80 % de convenios ambientales y sociales. Esto los hace “validadores y garantes” de los resultados.
Aclaran que los voceros no son empleados de EPM, sino que tienen contrato con Desmarginalizar, y que esto les permite mantenerse independientes de la empresa y hacerle reclamos cuando lo consideran necesario. Todo esto ha llevado a que la estrategia sea valorada por entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Banco Interamericano de Desarrollo como replicables en otros proyectos, según Gabriel Guzmán.
Luis Miguel ya no siente el rechazo de los primeros días. Dice que los líderes indígenas de la zona están contentos con los resultados. “Ya la gente no tiene ese rencor que tenía con nosotros”, asegura. Siente que, a pesar de la contingencia, la acción de EPM con las demás entidades que se han vinculado ha impulsado el desarrollo en el territorio. Incluso su compañera afectiva, la que se enojó con él cuando firmó contrato con Desmarginalizar, hoy le dice: “Luis Miguel, valió la pena”.
Luis Miguel Ortiz cuenta que durante una de las épocas de mayor tensión por la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a inicios del 2019, su compañera sentimental dejó de hablarle. “Duró quince días enojada conmigo porque acepté el trabajo con EPM”, cuenta este líder indígena zenú del municipio de Cáceres, de 46 años, quien por entonces era cacique mayor de las comunidades indígenas de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.
Él es uno de los noventa voceros comunitarios que, desde los municipios de Valdivia (25), Cáceres (19), Tarazá (16), Caucasia (17) y Nechí (13), se han convertido en el “factor fundamental del éxito” de la relación de EPM con las comunidades aguas abajo de Hidroituango desde la contingencia que inició en el 2018 y tuvo impactos en esa subregión. Así lo afirma el politólogo Mario Alejandro Pérez, coordinador de la estrategia y consultor sénior de la empresa Desmarginalizar, encargada de dicha relación.
“Fue una experiencia bastante dura”, dice Luis Miguel. Para explicarlo, recuerda que a lo largo de la construcción de Hidroituango las comunidades aguas abajo se mantuvieron en desacuerdo y que esta tensión se profundizó con la contingencia. Él vive en la vereda Puerto Santos, que tuvo que ser evacuada en medio de aquella emergencia. Estuvieron cuarenta días en un albergue del corregimiento Guarumo, donde las quejas se profundizaron y él, como líder social, fue uno de los encargados de canalizarlas hacia EPM y el proyecto hidroeléctrico.
Fue en ese contexto que lo contactaron desde Desmarginalizar y le explicaron que se trataba de una estrategia para que los líderes comunitarios recibieran información inmediata y directa del desarrollo del proyecto por parte de EPM. Él aceptó, pero esto le costó señalamientos por parte de las poblaciones ribereñas: “Decían que nos habíamos vendido a EPM”.
Pérez, el coordinador, y Gabriel Guzmán, gerente general de Desmarginalizar, explican que esa firma se encarga de tender puentes entre partes que se ubican en orillas opuestas en el contexto de proyectos de gran magnitud, como Hidroituango. “El factor común en estos proyectos es una desinformación increíble de ambos lados, lo que da lugar a asumir posiciones que hacen más difícil cualquier proceso”, explica Guzmán.
En 2018, la gerencia ambiental y social les pidió diseñar una estrategia de relacionamiento para que las comunidades recibieran la información oficial sobre las obras y la contingencia, y fue entonces que propusieron un canal adicional, complementario a los existentes, para tener un diálogo fluido con las comunidades que permitiera que ambas partes se escucharan. El objetivo era construir confianza y legitimidad desde la transparencia, explican Pérez y Guzmán. Ese canal son los voceros comunitarios.
La línea social
El convenio de EPM con Desmarginalizar es apenas una de las estrategias que la empresa ejecuta a raíz de la contingencia como parte del Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación y rehabilitación de los municipios aguas abajo de Hidroituango, como explica Jennifer Montoya Díaz, profesional ambiental y social de la gerencia ambiental y social de Proyectos e Ingeniería de EPM. El PAE tiene nueve líneas, dentro de las que está la ambiental, que incluye todos los convenios con instituciones universitarias y estatales, corporaciones autónomas e institutos de investigación, así como la social, que abarca el programa de información comunitaria con líderes, entre otros.
Montoya Díaz amplía este punto para mencionar otras estrategias que se han ejecutado. Una de estas se dio con la Corporación Antioquia Presente, con el fin de “restablecer las condiciones de vida a las personas afectadas” por la emergencia presentada el 12 de mayo de 2018. En total fueron atendidos 336 grupos familiares tanto en la reposición de sus infraestructuras de vivienda como de actividades económicas en los municipios de Valdivia, Briceño y Tarazá.
Con este convenio, EPM finalizó el proceso de retorno con 2.255 familias del municipio de Valdivia, las cuales contaron con acompañamiento psicosocial, fortalecimiento en gestión del riesgo, ayuda humanitaria y mejoramiento de sus infraestructuras de vivienda. Para este año el acompañamiento psicosocial se extendió a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, explica Montoya.
Por otro lado, con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) del Ministerio del Trabajo y con el operador ANDAP se trabaja en el fortalecimiento de organizaciones solidarias del Bajo Cauca para el fomento de una economía basada en la solidaridad, la cooperación y la asociatividad. Montoya cuenta que este convenio ya va para el tercer momento. En el primero se acompañaron y fortalecieron 25 organizaciones, cinco en cada municipio; ahora, en un segundo momento, está en marcha el trabajo con estas y 25 adicionales, y se espera que para el 2022 se inicie con 25 nuevas, completando así 75. Esto incluye a productores de miel, cacao, arroz, gallinas ponedoras y confeccionistas, entre otras. Además, Montoya destaca que, de las cincuenta organizaciones actuales, diez son solo de mujeres.
Además de la capacitación y asesoría técnica, apoyada por entidades como el SENA y Fedearroz, entre otras, a cada organización se le ha aportado material de aprendizaje, como especies animales, insumos, herramientas y equipos.
Ahora se proyecta crear una plataforma virtual que potencie este trabajo, “tratando de evitar la tercerización de sus productos” para mejorar la comercialización y maximizar la ganancia de las comunidades. De las cincuenta organizaciones que hoy reciben el acompañamiento hacen parte 1.030 asociados, el 48 % de estos son mujeres, de ellas un 71 % son cabeza de hogar; el 60 % de asociados pertenecen a minorías étnicas y el 34 % son víctimas del conflicto, según cifras de EPM.
Otro convenio es el que se celebró con la Fundación EPM. Como explica Esteban Betancur Cano, profesional comercial de EPM, en este se busca implementar el programa Ambiente para la Vida en los cinco municipios aguas abajo del sitio de presa de Hidroituango. Esto, a través de cinco estrategias: Cuidamundos, que da capacitación ambiental a instituciones educativas urbanas y rurales, unas sesenta hasta ahora con 14.300 participantes; jornadas de relacionamiento, con las que se han acercado a cerca de 50.000 personas para hablar de asuntos del proyecto hidroeléctrico; fortalecimiento comunitario a líderes y lideresas de las organizaciones comunitarias en el territorio, con el acompañamiento del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia; educación ambiental con grupos organizados que desarrollan actividades económicas en el territorio; y agua para la educación, en la cual se han instalado nueve plantas de potabilización en escuelas rurales, que benefician también a las comunidades cercanas a estas instituciones educativas.
Como vocero comunitario, Luis Miguel Ortiz, quien conoce o ha participado de casi todas estas apuestas de la línea social del PAE, dice que “con todas las iniciativas y la información inmediata, hemos trabajado más relacionados con las familias y se ha mermado un poquito la contrariedad que le tenían a EPM por las afectaciones que hubo cuando la contingencia”. Según Mario Pérez, los voceros que trabajan con Desmarginalizar participan en más del 80 % de convenios ambientales y sociales. Esto los hace “validadores y garantes” de los resultados.
Aclaran que los voceros no son empleados de EPM, sino que tienen contrato con Desmarginalizar, y que esto les permite mantenerse independientes de la empresa y hacerle reclamos cuando lo consideran necesario. Todo esto ha llevado a que la estrategia sea valorada por entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Banco Interamericano de Desarrollo como replicables en otros proyectos, según Gabriel Guzmán.
Luis Miguel ya no siente el rechazo de los primeros días. Dice que los líderes indígenas de la zona están contentos con los resultados. “Ya la gente no tiene ese rencor que tenía con nosotros”, asegura. Siente que, a pesar de la contingencia, la acción de EPM con las demás entidades que se han vinculado ha impulsado el desarrollo en el territorio. Incluso su compañera afectiva, la que se enojó con él cuando firmó contrato con Desmarginalizar, hoy le dice: “Luis Miguel, valió la pena”.