En reacción a lo anterior, el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías, indicó que la liquidación de la EPS Coomeva se produce como resultado inmediato del ejercicio del Cartel de los Embargos, que lleva a triangular el brazo financiero de liquidez que le proveían los recursos del Sistema General de Participación, dineros que llegaban a través de las Cuentas Maestras, capitales destinados a la prestación exclusiva de los servicios de salud y a haberse contaminado de cuestionables decisiones judiciales que alcanzaron a retener y sacar del giro ordinario de los negocios, que le permitía sobrevivir, prestar los servicios y cubrir sus obligaciones, a la EPS Coomeva.
La EPS Coomeva, se encontraba desde el año 2016 con Medida de Vigilancia Especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Según la Supersalud se evidenció la imposibilidad de la Entidad Promotora de Salud de enmendar su crítica situación económica y como medida de protección de la vida y la salud de los 1.2 millones de afiliados, en 24 departamentos de Colombia, se tomó la trascendental determinación.
La EPS Coomeva, desde hace varios meses estaba bajo las medidas de toma de posesión y de intervención forzosa para administrar, de la mano del Agente Especial Liquidador, Felipe Negret Mosquera, quién no logró salvar de la debacle a la institución, como consecuencia del detrimento continuado de sus principales indicadores operacionales, asistenciales y financieros.
Según la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Coomeva, en los últimos cuatro años, le dieron directrices que no cumplió, como superar con estrictos planes de capitalización y atender con diligencia las múltiples quejas, peticiones y reclamos de parte de sus afiliados en el país.
Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud, a propósito de la liquidación de la EPS Coomeva indicó que no iba a permitir “que las EPS jueguen con la salud de los afiliados, especialmente con la población infantil y con pacientes con enfermedades como cáncer o insuficiencia renal”. Cabe advertir, que la Supersalud ha sido duramente criticada con lo que algunos expertos han denominado, la migración de usuarios, como la que se va a presentar ante la liquidación de la EPS Coomeva, favoreciendo a otras EPS.
Para tomar la medida de liquidación de la EPS Coomeva la Supersalud adujo que la entidad incumplió las condiciones financieras y de solvencia, los indicadores de capital mínimo y de patrimonio adecuado, registraba un estado de iliquidez, arrastraba un progresivo endeudamiento y su debacle financiera originaba que su red de prestación cerrara las puertas y dejara de atender a sus afiliados.
La EPS Coomeva venía arrastrando, según la Superintendencia de Salud, deudas de 1,7 billones de pesos, compromisos valorados en 1,6 veces sobre el valor de su activo, además tenía una grieta de 204.230 millones de pesos en el patrimonio adecuado y unas pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos. En el año 2021 la EPS Coomeva registró pérdidas por 190.219 millones de pesos y de su deuda, en la vigencia pasada, el 40% se concentraba en 30 acreedores, por un valor de 700.352 millones de pesos, lo cual generaba un alto riesgo de liquidez por la probabilidad de incumplimiento en esas obligaciones.
Para destacar que, a la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud le había impuesto a la EPS Coomeva multas por más de 20.000 millones de pesos, siendo una de las más sancionadas, además entre los años 2019 y 2021 la Supersalud imputó cinco medidas cautelares a Coomeva para que diera pronta respuesta a miles de casos de usuarios en riesgo que requerían gestión urgente.
La Supersalud evidenció que la insuficiente red de prestadores le impedía a la EPS Coomeva garantizar los servicios de salud a los usuarios, afectaba la detección temprana de las enfermedades, aumentaba la gravedad de las patologías y provocaba congestión en los servicios de urgencias y que en los últimos tres años la EPS registró una pérdida cercana a 550 mil afiliados, una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector del aseguramiento en salud para ese periodo.
Por su parte y como respuesta a la liquidación de la EPS Coomeva, la entidad, según lo afirmó BLU radio, se declaró víctima de una medida extrema tomada por la Supersalud, por cuanto, en su ejercicio misional le pasaron facturas, de pacientes fantasmas, por más de $136 mil millones de pesos. Se sabe, que en la Comisión de Disciplina Judicial avanzan procesos contra varios juzgados, entre ellos, de Barranquilla y Corozal, que interpuso la EPS Coomeva, porque del billón de pesos que adeudan, $136 mil millones, pertenecen al Cartel de los Embargos.
Según la EPS Coomeva, varias Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-, le pasaron recobros o facturas falsas y algunos juzgados, actuando a favor de las IPS, embargaron a Coomeva en siete procesos diferentes, en montos que llegaron a $136 mil millones de pesos.
Luego de la medida de liquidación la EPS Coomeva les comunicó a sus afiliados que tendrán acceso a los servicios de salud que presta la entidad hasta el 31 de enero de este año, aclarando que no se podrán interrumpir hospitalizaciones y que los servicios de salud y suministros médicos establecidos por fallos de tutela serán garantizados hasta el 31 de enero del 2022. El traslado y distribución de afiliados se realizará conforme a lo establecido por la ley, procedimiento que corresponde y será notificado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El Gobierno a través de la ADRES que depende del Ministerio de Salud tendrá que ponerse en la difícil tarea, que puede durar varios meses, de verificar, uno a uno, por cada paciente, sus facturas.
Al parecer, el Cartel de los Embargos maneja un negocio redondo porque en el entorno judicial de tutelas y reclamos y en esa cacería de brujas, los embargos emergen de juzgados pequeños locales y, por debajo de la mesa, logran el cometido de secuestrar, así sea de manera temporal, los dineros de las EPS, ocasionando el desbarajuste actual.
La Supersalud ya presentó en contra del magistrado Jorge Eliecer Mora y el conjuez Teodoro Antonio Deyongh Salcedo del Tribunal Superior de Barranquilla una queja disciplinaria por estos hechos, sumándose a la petición, de noviembre pasado, que hizo de la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión de Disciplina Judicial, de investigar a esos implicados por las actuaciones que condujeron a proferir una tutela que ordenó devolver a sus dueños la operación de la EPS Ambuq y todos sus afiliados que ya habían sido entregados a otras EPS en el país.
Frente a la liquidación de la EPS Coomeva el presidente de la Red Nacional de Veedurías Pablo Bustos advirtió que: “Las decisiones sobre el embargo y retención, a su vez con la pérdida de esa liquidez que llevaba y la afectación de la calidad y oportunidad de los servicios para sus usuarios llevó al traste a una de las empresas prestadoras de salud más importantes y más grandes del país. La liquidación de la EPS Coomeva es la muestra de que las practicas que se atribuyen al Cartel de los Embargos, ese manejo irregular, así terminen con procesos de conciliación, facilitaron el proceso de quiebra y desorientación de la función central de una empresa de la magnitud e importancia como es la EPS Coomeva”.
“El modus operandi del Cartel de los Embargos, demuestra cómo éste es capaz de acabar y estrangular en su totalidad al sistema de salud… Este apenas es el inicio, muchas otras EPS que han venido siendo golpeadas, diezmadas y saqueadas mediante artimañas jurídicas terminaron en manos de personas inescrupulosas con la anuencia de jueces y abogados, que en últimas, hicieron de este un fracaso empresarial, precarizaron al sistema del servicios de salud, desdibujaron el propósito del servicio público, desorientaron el recurso público y culminaron en una inmoralidad rampante y abierta frente al manejo de la cosa pública representada en el respeto al derecho fundamental a la salud y la vida, donde por cierto, muchos pacientes de diverso orden, incluidos de alto riesgo, pagaron con su humanidad, en un pervertido servicio de salud”. Concluyó afirmando el veedor Pablo Bustos.
Actualmente varios despachos judiciales siguen siendo investigados por la Comisión de Disciplina Judicial por presuntos actos o patrones comunes frente al embargo de bienes inembargables de la salud, practica que ha conformado lo que hoy se conoce como el Cartel de los Embargos.
Vale recordar, que la liquidada EPS Coomeva acumulaba unas 3.500 tutelas y más de 37.000 quejas y reclamos. Además, según la Superintendencia Nacional de Salud, se demostró que esta EPS no realizaba el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas como cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, y presentó deficiencias en la gestión del riesgo en la población gestante.
Por su parte, el 26 de enero de 2022, la fiscalía general de la Nación, a través de información que suministró la dirección de comunicaciones de la entidad, emitida a su vez, por la Dirección Especializada contra la Corrupción, oficina que le compete investigar al Cartel de los Embargos, indicó que han recibido 10 denuncias en las cuales se menciona la presunta existencia de lo que han denominado “Cartel de los Embargos”.
Con respecto a ¿Cuántas imputaciones y/o juicios ha realizado la fiscalía general de la Nación? El ente investigador indicó que, “de los procesos investigativos, se han archivado 3 denuncias, al no acreditarse de manera objetiva las conductas investigadas y 7 continúan en etapa de indagación; esto es en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física para establecer la existencia o no de responsabilidades en materia penal”.
Frente a los interrogantes de si la fiscalía tiene identificada, de manera clara, a los actores del Cartel de los Embargos, y si existe más de un cartel o se trata de solo una red a nivel nacional, la Dirección Especializada contra la Corrupción aseguró “que todas las hipótesis delictivas se están manejando, dado que ello obedece no a una consideración personal, sino a la actividad investigativa que permita confirmar o desvirtuar las afirmaciones de la existencia o no de carteles de este tema”.
Y con respecto a si existe participación de jueces, abogados otros actores, la fiscalía aseguró que: “dentro de las denuncias que actualmente figuran activas se encuentran en calidad de aforados algunos jueces y gobernadores que han sido denunciados, por lo que, por su calidad foral su investigación corresponde a fiscales adscritos a la Unidad delegada ante la Corte, en las Unidades delegadas ante el Tribunal y en las Unidades de Delitos contra la Administración Pública”.
Ante la pregunta: ¿Teniendo en cuenta la inembargabilidad de los recursos públicos destinados al aseguramiento en salud de los afiliados a las EPS que afecta a todos los colombianos, qué actividades de policía judicial ha ordenado la fiscalía general de la Nación y con qué finalidad? El ente investigador contestó: “En primer lugar, la pregunta parte de una afirmación que debe ser valorada por los fiscales en cada caso en particular, en segundo orden, las noticias criminales conforme lo dispone el art. 207 CPP tiene su respectivo programa metodológico, donde se han planteado las hipótesis a demostrar con los medios cognoscitivos pertinentes, reiteramos de acuerdo a cada caso en concreto, sin poder afirmar que por el mero hecho de la denuncia una persona será culpable o inocente, pues esta es la dinámica del proceso, por tanto cada noticia tendrá sus propias órdenes impartidas, esto es la recolección de documentos, entrevistas, inspecciones, análisis de la ley y jurisprudencia, con la finalidad de establecer la ocurrencia de la conducta y posibles responsabilidades o si se ha actuado bajo algunas de las causales de ausencia de responsabilidad, como error de tipo o prohibición o no se adecua al tipo penal respectivo y se desvirtúa la responsabilidad del procesado frente al hecho denunciado”. Aquí la fiscalía se limita a enumerar las acciones, tareas y normas que asume el ente investigador sin ir al fondo del interrogante.
Si se tiene en cuenta que los embargos son sobre los recursos públicos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que por mandato constitucional son parafiscales y con destinación específica a la atención en salud, se le preguntó a la fiscalía qué medida cautelar ha ejecutado para evitar que se sigan presentando embargos sobre las Cuentas Maestras. La entidad respondió que son 10 denuncias, de la cuales 7 figuran en estado activo, y adujo que la fiscalía no puede tomar decisiones de medidas cautelares sobre cuentas de las entidades públicas, si no, sobre las cuentas de particulares, posterior a su vinculación formal a un proceso a través del acto de imputación de cargos, situación que no se ha presentado.
La fiscalía aseguró que los delitos por los cuales está investigando al Cartel de los Embargos son: prevaricato por acción, fraude procesal y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la fiscalía aseguró que, “desde el direccionamiento estratégico del señor fiscal general, para los años 2020 a 2024, se ha establecido el objetivo estratégico número 3 consistente en aumentar la judicialización de casos correspondientes a corrupción en recursos de salud y Covid-19. Desde la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra la Corrupción se tiene implementado un trabajo articulado de seguimiento bimensual a los despachos fiscales con el fin de focalizar el recurso humano dirigido a que se obtengan los suficientes elementos materiales probatorios que permitan a los despachos fiscales adoptar las decisiones que en derecho corresponden con suficiencia probatoria y no realizar imputaciones sin sustento probatorio atendiendo que el proceso penal es dinámico y se deben acreditar tres aspectos, la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad, al faltar uno de estos elementos no estaríamos ante la ocurrencia de una conducta reprochada por el ordenamiento penal. Aunado a lo anterior, desde el año 2018, se tiene dispuesto especialmente el seguimiento a diferentes conductas que se caracterizaron como delitos que atentan contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en cumplimiento a la sentencia T-760 de 2008″.
Con respecto a si se ha investigado la forma en que se reparten las demandas y, tenido en cuenta, que se están presentando demandas en ciudades específicas aun cuando los jueces no son, por razón del territorio, competentes, la fiscalía indicó que “una vez se ha recibido información acerca de una presunta manipulación en los procesos de reparto dentro de las oficinas judiciales, se han desplegado equipos de trabajo, con el acompañamiento de peritos con el fin de identificar si los sistemas de reparto presentan algún tipo de anomalía, instruyendo a los despachos fiscales, que los mencionados procesos, al presuntamente estar dentro de la categoría de corrupción judicial están priorizados dentro del direccionamiento estratégico del despacho del señor Fiscal General de la Nación”.
Con respecto a una publicación del 21 de enero de 2022, del periódico Vanguardia de Bucaramanga, titulada: ‘Cartel de embargos’ enreda a juez de Bucaramanga, el periódico indicó que: “En algunas ciudades de Colombia, jueces y abogados tenían un posible acuerdo para demandar y embargar los recursos de algunas empresas prestadoras del servicio de salud”.
La publicación de Vanguardia sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomó medidas e intervino ante el presunto Cartel de los Embargos que se estaría presentando en varias ciudades de Colombia, incluida Bucaramanga, en el que jueces y abogados habrían conformado una red para congelar los recursos de centros médicos que solo eran liberados a través de conciliaciones económicas, lo que podría representar un entramado de corrupción.
El presidente de la Comisión, Julio Andrés Sampedro Arrubla, solicitó al presidente de la Comisión Seccional de Disciplina de Santander, Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, adelantar las pesquisas ante lo expuesto por la red de veedurías (Pablo Bustos) en contra del Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga por los hechos anteriormente mencionados.
Según denunció la Red de Veedurías de Colombia en 2021, jueces de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva y Cúcuta habrían tejido un entramado de corrupción en complicidad de algunos abogados que se encargaban de interponer diferentes demandas a Empresas Promotoras de Salud, IPS, casos cuyo reparto, casualmente, casi siempre era asignado a los mismos juzgados. “Descubrimos que presuntamente se estaban embargando recursos inembargables de una forma irregular, procesos en los cuales el reparto se hacía de forma dudosa”, sostuvo Bustos.
Además, el veedor argumentó que “dichos repartos se hicieron de forma ágil, vulnerando el debido proceso, efectuando las medidas cautelares y reteniendo los millonarios recursos de la salud. En los hallazgos de Bustos y que ahora son materia de investigación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los casos no llegaban a fallos, sino que, por el contrario, luego de más de tres e incluso hasta seis meses con los recursos embargados, finalizaban en una conciliación económica en la que presuntamente se beneficiaron abogados y hasta los mismos jueces”.
El Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, Hernán Andrés Velásquez Sandoval, mediante comunicado público rechazó enérgicamente la publicación de Vanguardia del pasado 21 de enero de 2022, titulada: Cartel de los Embargos enreda a juez de Bucaramanga, “lo anterior por publicar de manera sesgada pues dan a entender que hago parte de esa organización poniendo en juicio el buen nombre del titular de este despacho”, agregó Velásquez Sandoval.
… “No sobra advertir, que las decisiones judiciales se presumen acertadas y conforme a derecho, por lo que no pueden ser tildadas de ilegales al capricho de cualquiera, sin sustento jurídico y probatorio, siendo el proceso, por esa razón, el escenario idóneo para cuestionar el tipo de actuaciones, no son los medios de comunicación, máxime si es una la versión que se tiene en cuenta allí para tal fin… a lo que se suma que el denunciante no es parte en ninguno de los procesos que tilda de irregulares”, aseveró el juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, Hernán Andrés Velásquez.
Una reflexión final para la Superintendencia Nacional de Salud y para el Gobierno del presidente Iván Duque. Con la liquidación de las EPS Coomeva ya son 12 las Entidades Promotoras de Salud desaparecidas en el periodo de su mandato. ¿Será esa la mejor medida? en tratándose de que hay por medio billones de pesos y lo peor, los grandes damnificados son los afiliados, quienes capturados asisten a un espectáculo en donde no se sabe qué es mejor, si el remedio o la enfermedad.