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América Latina enfrenta una oportunidad histórica para atraer inversiones en energías renovables mediante la implementación de un Impuesto al Carbono en el Transporte Marítimo. Esta medida, que la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas discutirá en abril, podría generar hasta US $60.000 millones anuales para financiar la transición energética en países en desarrollo.
Gracias a su enorme potencial en el sector energético, la región podría consolidarse como un epicentro para la producción de hidrógeno verde, impulsando la modernización portuaria y el abastecimiento de una nueva flota marítima con menor dependencia de combustibles fósiles. La transición del transporte marítimo hacia energías renovables podría generar hasta cuatro millones de nuevos empleos para 2050, principalmente en el Sur Global.
En el caso de Colombia, su ubicación estratégica entre los océanos Pacífico y Atlántico, así como su proximidad al Canal de Panamá, le brindan una posición privilegiada para convertirse en un referente mundial en la producción y abastecimiento de hidrógeno verde para la industria marítima. Además de su ubicación geográfica favorable, el país cuenta con un potencial excepcional para la generación de energías renovables. Tan solo en La Guajira, la velocidad del viento duplica al valor medio a nivel mundial y la radiación es un 60 % más alta que el promedio global. Se estima que el potencial combinado de producción de energía eólica y solar podría alcanzar los 30 Gigavatios (GW) superando la capacidad actual instalada de 18,8 GW lograda entre todas las fuentes.
Este potencial contrasta con la realidad de la matriz energética colombiana, donde apenas un 1 % de la energía producida proviene de fuentes eólicas y solares. De ahí la importancia de implementar un impuesto eficiente que financie la transición energética en estos países con tanto potencial de producción de energías renovables.
En un contexto de crisis climática, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es crucial. La aplicación de este impuesto contribuiría a la disminución del uso de combustibles fósiles en Colombia, donde en 2021 el 26,6 % de sus exportaciones correspondieron a petróleo crudo, el 12 % a carbón y el 5,03 % a petróleo refinado. La introducción de este gravamen permitiría una transición hacia exportaciones con menores emisiones, impulsadas por la producción de hidrógeno verde.
De esta manera, Colombia podría consolidarse como un hub estratégico para la energía limpia y la logística marítima sostenible.
Los 176 gobiernos de la OMI, incluidos los de América Latina, reanudaron en Londres las negociaciones sobre los aspectos clave de esta regulación, como el precio, el alcance y la distribución de ingresos, antes de la decisión final en la cumbre de abril.
Tania Miranda, directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas, afirmó: “todos los países miembros de la OMI, incluyendo los latinoamericanos, acordaron por consenso en 2023 descarbonizar la industria para mitad de siglo, y que para ello es necesario imponer un precio global a las emisiones de carbono del transporte marítimo. Ahora, tienen la oportunidad de diseñar esta política de una manera que beneficie a nuestras comunidades e industrias”.
“Esta medida impulsaría la inversión en proyectos de energía renovable en toda América Latina, y los futuros ingresos de un impuesto podrían ayudar a que nuestros puertos y cadenas de suministro sean más resilientes al cambio climático. Está en el interés de los gobiernos de toda la región, participar de manera activa y constructiva en las conversaciones de la OMI para lograr que se adopte una medida ambiciosa y equitativa en abril de este año”, agregó Tania Miranda.
Vale la pena mencionar que más de 45 países ya han manifestado su respaldo a esta iniciativa, que además de atraer inversiones y generar empleo, contribuiría a la reducción de emisiones del transporte marítimo, posicionando a América Latina como un actor clave en la economía del futuro. En la próxima votación de la OMI, la región tiene la oportunidad de liderar el cambio y negociar los beneficios económicos de la transición energética.