De acuerdo con el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch, desde el 7 de octubre del año pasado han sido asesinados más de 1.200 israelíes y ciudadanos extranjeros en Israel y más de 36.000 palestinos en Gaza, en su mayoría civiles, en el contexto de hostilidades entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, que han incluido ataques ilegales y otros abusos graves.
Al punto que Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch, afirma que “los crímenes atroces perpetrados por las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos desde esta fecha son el legado deplorable de décadas de impunidad por ataques ilegales y represión sistemática de Israel contra los palestinos”.
Panorama en el que una pregunta válida es: ¿qué papel juega la Corte Penal Internacional (CPI) en el conflicto Israel-Palestina? Esa fue la pregunta principal que se abordó en el conversatorio con el mismo nombre realizado por El Espectador y la Universidad El Bosque. Evento que surge en medio de la necesidad informativa de entender este prolongado conflicto y abordarlo de manera responsable desde una visión periodística y académica integral, por ello contó con la participación de Edwin Bohórquez Aya, gerente digital de este medio, y Camilo Ramírez Gutiérrez, experto en Derecho Internacional Humanitario y docente de la Institución de Educación Superior.
Para hablar de la jurisdicción y competencia de la CPI es indispensable partir, como se mencionó en la charla, de que es una autoridad creada el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, en la cual 120 Estados aprobaron el Estatuto de Roma a favor de crear un Tribunal Penal Internacional. Figura constituida para investigar y procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, motivo por el cual la Corte está evaluando casos de presuntas violaciones cometidas por ambas partes en el contexto del conflicto Israel-Palestina, como detalla Ramírez:
“La Corte Penal Internacional no solo tiene competencia frente a individuos miembros de los Estados, también frente a individuos miembros de grupos armados organizados, en este caso Hamás, a quienes no puede atribuírseles un estatus de fuerza armada palestina porque no son parte de un gobierno. Por ello, son justiciables por la CPI ambos frentes: líderes de Estados y representantes del Hamás”, explica el experto y aclara que esta jurisdicción rompe con la protección brindada en el marco del Derecho Internacional y la inmunidad que se les brindaba a los representantes de gobiernos.
Es así como este organismo internacional ha iniciado investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las dos partes, que incluyen ataques dirigidos contra civiles, uso desproporcionado de la fuerza y otros actos que podrían constituir transgresiones de lesa humanidad. Contexto en el cual, luego de siete meses de conflicto en Gaza, a inicios de mayo de este año el fiscal general de la CPI, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y tres líderes de Hamás.
La petición tuvo diferentes reacciones en el marco del sistema internacional, pues mientras algunos países y organizaciones apoyan las investigaciones como un paso hacia la justicia y la rendición de cuentas, otros (incluido Israel) rechazan la competencia de la CPI en este asunto y consideran las investigaciones “politizadas y sesgadas”.
Escenario en el que el experto Ramírez reconoce que la medida es acertada, dado que “se muestra que ambos están actuando contra la norma y se buscan elementos probatorios para demostrar los delitos que son diferenciales en cada caso. Es una forma de reivindicar la justicia internacional ya que antes del anuncio se cuestionaba por qué la CPI sí intervino, por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, pidiéndole a Vladimir Putin que dejara las escaladas contra civiles”, señala.
En esa misma línea, es de destacar que una de las posibles consecuencias de estas investigaciones podría ser la emisión de nuevas órdenes de arresto contra líderes y funcionarios israelíes y palestinos. Proceso complejo que dependerá de las pruebas recolectadas y de la cooperación de las partes involucradas, según se expuso en la charla. Sin embargo, uno de los alcances que sí pueden tener estas peticiones es que cumplan un efecto disuasivo, en la medida en que modifiquen las órdenes en torno a la estrategia de guerra de los líderes israelíes por temor a represalias o consecuencias ante este tribunal.
Es así como la acción de la CPI tiene importantes implicaciones políticas y diplomáticas, dado que puede influir en las relaciones entre Israel y Palestina, así como en las políticas de otros países respecto al conflicto en un intento por poner un alto a los crímenes de lesa humanidad y al genocidio en el marco de la comunidad internacional.
