De momento nos adeudan cuatro meses de salario desde el mes de agosto de 2021 hasta la fecha, nos adeudan las vacaciones y un retroactivo, me da miedo decirlo, es cruda la realidad de nosotros porque no sabemos quien es el que nos va a dar respuesta o resolver nuestro problema. Mientras que nosotros como trabajadores de la salud cumplimos con el deber, yo no sé por qué a nosotros no nos cumplen con el salario. Necesitamos que se solidaricen con nosotros que también somos seres humanos, estamos prestando el servicio con hambre, eso es inhumano, requerimos que se pongan la mano en el corazón.
Actualmente el Hospital departamental San Francisco de Asís está intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud, y sobrevive con los giros directos y con los pagos que hacen del régimen especial, los administradores aducen que las EPS no pagan de manera oportuna, a los especialistas les deben seis meses, a los administrativos, a auxiliares de laboratorio al personal de Ordenes de Prestación de Servicios también, los responsables se tiran la pelota, la Presidencia de la República a la Superintendencia Nacional de Salud, éste al Ministerio de Salud, aquel al ministerio del Trabajo y éste a la Supersalud y nadie define nada, nadie nos ayuda, entretanto nuestras familias esperan el fruto de nuestro trabajo y lo pero con miedo a lo que nos pueda suceder a quienes denunciamos. Los trabajadores afectados son 208. Mis familiares me dicen, no hable porque le pueden hacer daño… añade la enfermera chocoana Cilia Perea.
Mientras este panorama se repite en el sector de la salud, en toda la geografía nacional, el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y miembro de Veedores Sin Fronteras, red Andina Anticorrupción, solicitó formalmente al Consejo Nacional de Disciplina Judicial un informe sobre las investigaciones que viene adelantando con relación al cartel de los Embargos, y de los recursos inembargables en materia de salud.
A su vez, Bustos formuló quejas sobre distintos despachos judiciales a efectos de que se determine su posible participación en tales hechos. Adicionalmente solicitó la urgente intervención de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncien ante tan grave atropello al patrimonio público y al atentado contra la salud de los colombianos.
Pablo Bustos Sánchez, en calidad de presidente de la Red de Veedurías, también radicó el pasado 14 de diciembre de 2021 ante el Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga un derecho de petición, a propósito de las actuaciones de ese despacho frente a los embargos judiciales de los recursos inembargables de la salud, las Cuentas Maestras Recaudadoras.
“Respetado señor Juez: PABLO BUSTOS SANCHEZ abogado titulado, identificado como aparece al pie de mi firma, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., abogado titulado e identificado con T.P 36.951. del C.S.J. actuando como actual presidente y fundador de la RED VER, RED DE VEEDURIA DE COLOMBIA, organización ciudadana creada en 1994 y coordinador internacional de VEEDORES SIN FRONTERAS y, líderes internacional en control sanción y la lucha participativa contra la corrupción y en el control social por medio del presente escrito, actuando en defensa del interés general, de la moralidad pública y del patrimonio colectivo con base en la Ley Estatutarias de Veedurías Ciudadanas, 850 de 2003, y 1757 de 2015 de las cuales fuimos co-redactores, respetuosamente acudo ante su despacho con el propósito de formular la siguiente petición”, dice el inicio de la misiva enviada por Bustos al Juez 12 de Bucaramanga.
Bustos le solicitó al Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, que allegara copia de todas sus actuaciones realizadas dentro de procesos ejecutivos que han puesto en riesgo los recursos inembargables del Sistema General de Seguridad Social en Salud, además que indicara si dentro de los procesos ejecutivos se han embargado Cuentas Maestras administradas por EPS.
Bustos, le indicó al Juez, que, si la respuesta a la pregunta anterior era positiva, respondiera, si tuvo en cuenta a la hora de embargar Cuentas Maestras administradas por una EPS, que dichas Cuentas manejan recursos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud, capitales inembargables, que no son propiedad de las EPS, por tanto, que no se pueden embargar.
El presidente de la Red de Veedurías le pregunta al Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga si él es consciente, que al embargar Cuentas Maestras de una EPS está poniendo en riesgo el aseguramiento en salud de los afiliados de estas y consecuentemente la vida y salud de aquellos y que cuál fue el análisis realizado, que exige la Corte Constitucional, para saber si eran o no procedentes los embargos.
Le indica el veedor Bustos Sánchez al Juez 12 de Bucaramanga que, si él sabía que tanto la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación como entidades de vigilancia y control han requerido a los despachos judiciales abstenerse de realizar embargos sobre recursos de la salud, so pena de enfrentarse a sanciones fiscales, disciplinarias e incluso penales.
“Ahora bien, en el evento de haber decretado embargos sobre Cuentas Maestras y recursos inembargables del Sistema de Seguridad Social en Salud ¿Tuvo usted en cuenta que en las demandas presentadas se hayan enseñado las facturas con el cumplimiento de los requisitos legales y que además, se aportaran con la demanda, los soportes y anexos técnicos que dieran cuenta que dichas facturas efectivamente están soportadas en la prestación de un servicio de salud, para no poner en riesgo los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud y además de asegurar su destinación especifica como recursos parafiscales”, le pregunta en el derecho de petición, Pablo Bustos al Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga.
Bustos le advierte al Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, que, por el carácter especial de esa facturación en salud, títulos ejecutivos complejos, que deben demostrar la relación comercial con un contrato vigente, se debe aportar la factura con los requisitos de ley y soportar con anexos técnicos que los servicios de salud fueron prestados a los afiliados de las determinadas EPS.
Le pregunta Bustos, en su derecho de petición al Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, que, si él tiene conocimiento de la existencia del Cartel de los Embargos y de todos los hechos de corrupción que se han presentado con diversos despachos judiciales de todo el país, en esa materia.
Para Pablo Bustos Sánchez existe una fundada preocupación sobre el abuso de las medidas cautelares, tanto en su solicitud por los accionantes como en su decreto por parte de los despachos judiciales. Es por ello que solicitó que se investigue un presunto Cartel de los Embargos, que estaría operando en diversos juzgados del país, el cual tendría como propósito presentar demandas millonarias que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces o despachos judiciales, de manera ilegal, al punto de autorizarse el embargo de cuentas inembargables, incluidos recursos inembargables y destinados exclusivamente a prestar los servicios de salud, como son las Cuentas Maestras Recaudadoras, que operarían en Barranquilla, Bucaramanga e incluso Bogotá, entre otros.
Admite Pablo Bustos, que, entre las denuncias recibidas por la Red de Veedurías de Colombia, halló que extrañamente algunos de estos despachos judiciales anteriormente citados, hoy bajo la lupa de la Red de Veedurías, fueron investigados en el pasado por prácticas irregulares en el manejo de sus actuaciones judiciales.
“En dichos despachos se estaría autorizando ilegalmente el embargo de Cuentas Maestras Recaudadoras, expresamente prohibido su embargo por la ley y así reiterado por los órganos de control como la Procuraduría, Contraloría y Supersalud, por corresponder a recursos parafiscales que solo se pueden destinar a la atención en salud de los afiliados a las EPS, procesos cuyas cuantías son millonarias. La restricción del uso debido de tales recursos por decisión judicial pone en riesgo de manera indolente y desconsiderada la salud y vida de miles de usuarios, no pocos en condiciones de gravedad extrema, haciendo nugatorios sus derechos fundamentales y birlando de manera proterva e insensible, los sagrados recursos públicos especialmente protegidos”. Admite el presidente de la Red de Veedurías; Pablo Bustos Sánchez.
Bustos agrega que tales actuaciones judiciales presentarían fallas adicionales como no respeto o violación de los términos para impugnar las decisiones de embargo, el monto ilimitado o excesivo de los embargos, esto es sin guardar relación con la suma ejecutada y los límites legales de esta, en clara violación del derecho de defensa y debido proceso incurriéndose en una posible vía de hecho.
Por otra parte, a la grave situación por la que pasa actualmente el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- se suma un informe divulgado por RCN radio, el 13 de diciembre de 2021, en donde el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, revela el ranking de las EPS más demandadas por el derecho a la Salud en el país. El documento indica que en la vigencia 2020, se interpusieron 81.899 tutelas que reclamaban el derecho a la salud.
El informe denominado: “La Tutela y los Derechos a la Salud y la Seguridad Social 2020″, admite que entre enero y junio del 2021 se interpusieron 46.113 tutelas, un promedio diario de 250 tutelas. Según el documento de la Defensoría las siete regiones con el mayor número de tutelas en salud fueron: Antioquia con 15.260, Valle del Cauca con 9.991, Bogotá con 6.769, Norte de Santander con 5.992; Caldas con 5.202, Santander con 4.649 y Risaralda con 3.701.
La Nueva EPS, es la Empresa Promotora de Salud más demandada en el año 2020, con el 12,39% de las tutelas de salud. La Nueva EPS, actualmente es la más grande del país con 7.346.739 afiliados y es la de mayor crecimiento poblacional durante el 2020 (18,47%). Le siguen Medimás (12,34%), Coomeva (7,38%) y Savia Salud (5,35%), dice el documento de la Defensoría del Pueblo.
El informe además indica que, al aplicar el indicador, número de tutelas por cada 10 mil afiliados, las aseguradoras con los indicadores más altos fueron: Medimás, Coomeva, Comfaoriente, Savia Salud y Convida.
En cuando a las Aseguradoras de Riesgos Laborales, la ARL Positiva fue la más demandada con 42%, seguida por Sura con 19% y seguros de vida Colpatria con 9,9%. Colpensiones fue el Fondo de Pensiones con más tutelas en derechos de la salud con un 67,5%, seguido por Protección con el 18%.
Ante un panorama tan desolador con respecto a la salud en el país, el Veedor Pablo Bustos indicó, que su tarea y la de otros veedores en Colombia es tratar de establecer si en algunos despachos judiciales se han solicitado o decretado medidas cautelares respecto de tales recursos parafiscales, de prohibido embargo, tratándose de recursos con destinación específica por mandato legal, única y exclusivamente al servicio de salud. De igual forma, resulta de singular importancia saber si los apoderados accionantes han solicitado tal tipo de medidas cautelares en procesos ejecutivos.
El gran interrogante que queda en el ambiente es saber si el Juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, presuntamente, sin soportes, ordenó embargos y hasta falló a su deber por no compulsar copias a la fiscalía.