En un país como Colombia, en el que se ha librado una sangrienta guerra por más de medio siglo que impactó a todas sus esferas, es imperativo proteger, asistir, reparar y acompañar a las víctimas. Bajo esa premisa, en 2011 se debatió y promulgó la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que en su momento fue todo un hito para el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Una década después fue evidente que la norma aprobada se había quedado corta en muchos aspectos y en 2021 se prorrogó por diez años para cumplir con los objetivos establecidos, pero el paso más importante para cumplirles a las víctimas se dio esta semana con la radicación de un proyecto para reformar la ley.
Y es que la atención y reparación a casi 10 millones de víctimas, no obstante, requiere de mucho más que tiempo. Empezando por ese aspecto: el universo de víctimas aumentó de forma considerable, pues para el momento de la promulgación de la ley había 4.863.206 de víctimas. Pero, con corte a agosto de 2023, en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay inscritas 9.555.446 víctimas. ¿Eso qué implica? Que no son suficientes las fuentes para financiar la ley y que es necesario tener nuevas estrategias para superar los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que identificó la Corte Constitucional, organismos de control, expertos y académicos, y que han derivado en obstáculos para garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas.
Existen otros rezagos en la implementación de la Ley 1448. Como que se decretó antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, así que no existía la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni las demás instancias creadas tras el acuerdo de La Habana. O que tampoco existía la Ley de Paz Total aprobada en 2022, ni se tenían las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ni las víctimas habían advertido tantas dificultades para su proceso de reparación y atención. Todo esto hace necesaria una actualización de la ley, con el objetivo de abordar de forma estructural los problemas actuales que enfrentan las víctimas del conflicto armado y ofrecerles soluciones duradera.
Una reforma de esta magnitud solo podía completarse teniendo en cuenta las sugerencias de todos los sectores involucrados en la política pública de víctimas. Fue por eso que durante buena parte de este año la Unidad para las Víctimas, de la mano del Ministerio de Justicia y del Derecho y de Prosperidad Social, lideró y acompañó un ambicioso proceso de participación, compilación, sistematización y análisis de propuestas, del que hicieron parte la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, víctimas no organizadas, organismos de control, organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional, congresistas y expertos en temas jurídicos y económicos, entre otras delegaciones.
Como parte de la ruta de participación se habilitó un instrumento de recolección de sugerencias en el que se recibieron más de 1.400 proposiciones. Además, se realizaron 32 eventos en los que participaron más de 1.700 personas. Esa suma de voluntades se convirtió en un vehículo de construcción de consensos, cuyo motor fue la voz de las víctimas, sus demandas de justicia y reparación, y el reconocimiento de su condición política en la agencia de sus derechos.
Fue un proceso de participación inédito con las víctimas que resaltó así la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, durante el acto de socialización del proyecto con quienes participaron en su formulación: “Desde este Gobierno podemos decir que hicimos un proceso de participación amplio, real y efectivo. Porque pensamos en los asuntos estructurales que la política requiere. Escuchamos a una cantidad de actores partiendo que esos actores llevan años estudiando su realidad”.
Al respecto el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, señaló: “Este proyecto se ha confeccionado tal y como al Gobierno le gusta: con la mayor participación posible de las personas que se van a ver beneficiadas con esta reforma a la ley. Este es un procedimiento democrático y, en ese sentido, la iniciativa se convierte más en un mandato y en una orden que nos han dado las millones de víctimas del país”.
Durante la radicación del proyecto en la Presidencia de la Cámara, Tobón Yagarí destacó que “lograr consensuar todas esas propuestas no fue fácil”, pero que esa voluntad se consolidó en la construcción de “la mejor reforma posible para que el Congreso la mejore”.
Los ejes del proyecto
1. Enfoque de soluciones duraderas. Se trata de una respuesta coordinada y articulada a nivel interinstitucional, a través de estrategias y acciones destinadas a superar de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
2. Articulación con el Acuerdo de Paz. Garantizar que la política de víctimas esté en línea con lo establecido en el Acuerdo de Paz y con la implementación de planes y programas a nivel local e interinstitucional derivados de la firma del Acuerdo.
3. Fuentes de financiación. Se propone la creación de una comisión para elaborar recomendaciones de financiamiento, pues los recursos asignados para la implementación de la política pública de víctimas han sido insuficientes para cumplir con los compromisos.
4. Fortalecer la reparación colectiva. Se busca integrar los Planes de Reparación Colectiva con otros mecanismos del Acuerdo de Paz, mejorar la implementación de dichos planes con programas más robustos.
5. Fortalecer los enfoques diferenciales. Se incluyen los enfoques diferencial e interseccional; de derechos; niñez; género, derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas; discapacidad, persona mayor y territorial.
6. Restitución de tierras: Se plantean nuevos principios, clarificar los derechos de los segundos ocupantes, ajustes al procedimiento de restitución de tierras y un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las órdenes de restitución de tierras.
7. Fortalecimiento del SNARIV. Se propone una Estrategia Integral de Intervención Territorial para alinear las ofertas institucionales a diferentes niveles y así mejorar los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).
8. Fortalecer el componente de esclarecimiento de la verdad. Se proyecta la construcción de un Mapa de Reconocimiento y Memoria, así como difundir el análisis y ampliación del legado de la Comisión de la Verdad.
9. Adecuación del concepto de víctima. Se busca que, desde una perspectiva más garantista, se adapte el concepto de víctima para miembros de la fuerza pública, jóvenes desmovilizados, víctimas en el exterior y miembros de grupos armados que dejaron las armas.