Siniestros viales: problema cada día más latente

Como consecuencia de las enormes pérdidas en vidas humanas que dejaban en el mundo los siniestros viales, en 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora cada tercer domingo de noviembre.

Coincidentemente, en esta se- mana se cumplirán los cien días del nuevo Gobierno, y en medio de esta hecatombe que se ha exacerbado aún más los últimos meses (Colombia ha deplorado la pérdida de 6.011 vidas en las vías del país entre enero y septiembre), que parece extenderse como una espiral hacia la muerte, se celebra el encuentro Aliados por la Seguridad Vial, liderado por la Organización Panamericana de la Salud. Y no es para menos, ya que los reporteros de esta otra guerra no paran de narrar las crónicas trágicas que día tras día convierten las vías en campos de guerra.

Solo esta semana, circularon dramáticas imágenes de una madre que, impotente y desconsolada, lloraba a su hija de diez años tendida inerme al lado de la moto en la que viajaba. Con toda certeza, ella nunca tuvo la consciencia de la magnitud del riesgo ni las consecuencias; seguro se echó la bendición y se convenció, como lo hacen millones de colombianos que no tienen otra opción, de que “eso” solo les pasa a los otros. Los reproches a esta madre no se hicieron esperar, pues siempre es fácil mirar los toros desde la barrera, pero la realidad es que en este drama, como en muchos otros, subyacen unos profundos problemas sociales que todos queremos ignorar.

Este caso es la cara visible de cientos de miles de niños que se juegan a diario su vida en las vías del país. Ciertamente, no es una situación tan recurrente en las grandes ciudades como en el resto del territorio, en particular en los municipios que no son capital de departamento ni en centros rurales dispersos. Pero es allí donde justamente la moto se convierte en el medio de transporte escolar, donde, frente a los ojos de las autoridades y la comunidad, se pueden ver hasta tres o cuatro niños montados en ellas, rosario en mano. Allí, donde la infraestructura está en peor estado, las vías son menos perdonadoras, por decir lo menos. Allí, se considera que las condiciones de seguridad de los pocos buses de transporte escolar pueden ser inferiores a las de las que prestan el servicio en grandes ciudades (no se sabe si porque presentan menor riesgo o porque la seguridad en estas zonas es menos importante). Allí, donde son cada vez más lejanas las posibilidades de ascenso social de los niños que asisten a una de las más de 36.000 sedes educativas en zona rural que hay en el país (DANE, 2017). Hablar de progreso, inclusión social, paz total, desarrollo sostenible e incluso de vivir sabroso no es coherente cuando todos somos cómplices y ni siquiera somos capaces de proteger de la muerte ni de las lesiones por siniestros viales, que sabemos son en su gran mayo ría prevenibles y evitables, a nuestros catorce millones de niños en edad escolar. Aceptar que las únicas opciones son desplazarse en moto y correr el riesgo de morir, sufrir una lesión invalidante de por vida o quedarse en deserción escolar es una vergüenza para toda una nación.

Basta ver cómo mueren los niños o quedan lesionados: en 2021, el 41 % de ellos murieron a consecuencia de una lesión craneoencefálica y el 42 % por un politraumatismo. Según el Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud a víctimas de accidentes de tránsito (SIRAS), en los últimos cinco años (2018 a septiembre de 2022), se han reportado 144.845 niños de hasta diez años que recibieron atención en salud por lesiones ocasionadas en siniestros viales y seis de cada doce niños entre los 12 y los 17 que murieron entre 2019 y lo corrido de 2022 conducían una moto, indicó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf ).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible indican que debemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Por otra parte, indican que, de aquí a 2030, se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

Objetivos que contrastan con nuestra realidad, pues solo en estos últimos 18 meses tenemos cerca de 1,5 millones de nuevas motos (¿cuántas de ellas sin frenos ABS?) y se han expedido entre enero y agosto de este año 637.782 licencias para motociclistas (RUNT), de las cuales el 80 % son jóvenes entre los 16 y 35 años (48 % entre 16 y 25 años). En las zonas rurales, donde hay menos oferta de transporte público, por lo menos hasta donde se tiene registro, la demanda de motocicletas iba en crecimiento.

A un transporte ya inseguro, se suman los aumentos de la velocidad promedio de circulación en todas las vías del país y la total anarquía, porque no hay control. Basta ver cómo se han ido incrementando las muertes de motociclistas por el factor velocidad: mientras en 2019 fue determinante en el 28,5 % del total de muertes de motociclistas, en 2021 aumentó al 43,58 % y en lo corrido del 2022 subió al 46,06 % (Inmlcf).

Con el puente del pasado fin de semana, empezó la temporada del año más cruel, en la que miles de incautos usuarios de las vías no lograrán sobrevivir y otras decenas de miles estarán luchando por su vida en un hospital, que, si tienen suerte, quizá pueda atender la letalidad de la lesión sin tener que ser trasladados, aumentando el tiempo de atención y, por lo tanto, su padecimiento, mientras que quienes lograron llegar a salvo a la noche de velitas, a la nochebuena de la Navidad o del Año Nuevo disfrutan ignorantes del drama que vivirán otras miles de familias.

Como consecuencia de las enormes pérdidas en vidas humanas que dejaban en el mundo los siniestros viales, en 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora cada tercer domingo de noviembre.

Coincidentemente, en esta se- mana se cumplirán los cien días del nuevo Gobierno, y en medio de esta hecatombe que se ha exacerbado aún más los últimos meses (Colombia ha deplorado la pérdida de 6.011 vidas en las vías del país entre enero y septiembre), que parece extenderse como una espiral hacia la muerte, se celebra el encuentro Aliados por la Seguridad Vial, liderado por la Organización Panamericana de la Salud. Y no es para menos, ya que los reporteros de esta otra guerra no paran de narrar las crónicas trágicas que día tras día convierten las vías en campos de guerra.

Solo esta semana, circularon dramáticas imágenes de una madre que, impotente y desconsolada, lloraba a su hija de diez años tendida inerme al lado de la moto en la que viajaba. Con toda certeza, ella nunca tuvo la consciencia de la magnitud del riesgo ni las consecuencias; seguro se echó la bendición y se convenció, como lo hacen millones de colombianos que no tienen otra opción, de que “eso” solo les pasa a los otros. Los reproches a esta madre no se hicieron esperar, pues siempre es fácil mirar los toros desde la barrera, pero la realidad es que en este drama, como en muchos otros, subyacen unos profundos problemas sociales que todos queremos ignorar.

Este caso es la cara visible de cientos de miles de niños que se juegan a diario su vida en las vías del país. Ciertamente, no es una situación tan recurrente en las grandes ciudades como en el resto del territorio, en particular en los municipios que no son capital de departamento ni en centros rurales dispersos. Pero es allí donde justamente la moto se convierte en el medio de transporte escolar, donde, frente a los ojos de las autoridades y la comunidad, se pueden ver hasta tres o cuatro niños montados en ellas, rosario en mano. Allí, donde la infraestructura está en peor estado, las vías son menos perdonadoras, por decir lo menos. Allí, se considera que las condiciones de seguridad de los pocos buses de transporte escolar pueden ser inferiores a las de las que prestan el servicio en grandes ciudades (no se sabe si porque presentan menor riesgo o porque la seguridad en estas zonas es menos importante). Allí, donde son cada vez más lejanas las posibilidades de ascenso social de los niños que asisten a una de las más de 36.000 sedes educativas en zona rural que hay en el país (DANE, 2017). Hablar de progreso, inclusión social, paz total, desarrollo sostenible e incluso de vivir sabroso no es coherente cuando todos somos cómplices y ni siquiera somos capaces de proteger de la muerte ni de las lesiones por siniestros viales, que sabemos son en su gran mayo ría prevenibles y evitables, a nuestros catorce millones de niños en edad escolar. Aceptar que las únicas opciones son desplazarse en moto y correr el riesgo de morir, sufrir una lesión invalidante de por vida o quedarse en deserción escolar es una vergüenza para toda una nación.

Basta ver cómo mueren los niños o quedan lesionados: en 2021, el 41 % de ellos murieron a consecuencia de una lesión craneoencefálica y el 42 % por un politraumatismo. Según el Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud a víctimas de accidentes de tránsito (SIRAS), en los últimos cinco años (2018 a septiembre de 2022), se han reportado 144.845 niños de hasta diez años que recibieron atención en salud por lesiones ocasionadas en siniestros viales y seis de cada doce niños entre los 12 y los 17 que murieron entre 2019 y lo corrido de 2022 conducían una moto, indicó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf ).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible indican que debemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Por otra parte, indican que, de aquí a 2030, se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

Objetivos que contrastan con nuestra realidad, pues solo en estos últimos 18 meses tenemos cerca de 1,5 millones de nuevas motos (¿cuántas de ellas sin frenos ABS?) y se han expedido entre enero y agosto de este año 637.782 licencias para motociclistas (RUNT), de las cuales el 80 % son jóvenes entre los 16 y 35 años (48 % entre 16 y 25 años). En las zonas rurales, donde hay menos oferta de transporte público, por lo menos hasta donde se tiene registro, la demanda de motocicletas iba en crecimiento.

A un transporte ya inseguro, se suman los aumentos de la velocidad promedio de circulación en todas las vías del país y la total anarquía, porque no hay control. Basta ver cómo se han ido incrementando las muertes de motociclistas por el factor velocidad: mientras en 2019 fue determinante en el 28,5 % del total de muertes de motociclistas, en 2021 aumentó al 43,58 % y en lo corrido del 2022 subió al 46,06 % (Inmlcf).

Con el puente del pasado fin de semana, empezó la temporada del año más cruel, en la que miles de incautos usuarios de las vías no lograrán sobrevivir y otras decenas de miles estarán luchando por su vida en un hospital, que, si tienen suerte, quizá pueda atender la letalidad de la lesión sin tener que ser trasladados, aumentando el tiempo de atención y, por lo tanto, su padecimiento, mientras que quienes lograron llegar a salvo a la noche de velitas, a la nochebuena de la Navidad o del Año Nuevo disfrutan ignorantes del drama que vivirán otras miles de familias.