¿A quién le caerán las aguas sucias del invierno?

Mientras que la Procuraduría anunció que investigará a ocho CAR por falta de prevención ante la ola invernal, la Contraloría saca a la luz presuntas irregularidades en doce de estas entidades.

Las aguas sucias del invierno comienzan a salpicar algunas de las entidades encargadas de evitar y controlar las emergencias que éste ha causado en el país. La Procuraduría general de la Nación anunció que investigará a ocho Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) por presuntas omisiones en el manejo del riesgo del invierno. La Contraloría, por su parte, anticipó que hay 12 casos de irregularidades en materia de contratación por parte de estas entidades y otros casos de omisión de previsiones respecto a la ola invernal. 

La contralora delegada para el medio ambiente, Claudia Serrano, informó que en las auditorias regulares que se practican a las CAR,  se han encontrado irregularidades en el manejo de recursos financieros a 12 de las 33 entidades auditadas. Serrano explicó que el estudio del estado contable revela que algunas no tienen manejo de cartera, otras no saben cobrar tasas retributivas y otras carecen de un inventario adecuado de sus bienes.

Por orden de la contralora general, Sandra Morelli, se prorrogaron las auditorias regulares para entrar a vigilar la gestión misional de las CAR frente a la ola invernal. Serrano dio a conocer los casos de Corponor (la CAR que opera en el Norte de Santander) y la CAR del Valle del Cauca (CVC), cuyos informes finales se darán a conocer el próximo viernes. Y también el de la CAR de Cundinamarca, cuyo informe final se presentará en dos semanas.

Corponor, según la contralora delegada, ha decretado la urgencia manifiesta en repetidas veces desde 2006 y ha realizado 40 contratos por $11.200 millones, de los cuales sólo cinco cumplen los requisitos de la ley, el resto se han hecho con fundaciones que carecen de piso legal. Además, informó que la misma Corporación ha contratado constructores sin tener el crédito para pagar las obras cuando sean realizadas. La contralora delegada afirmó que estas acciones pueden tener incidencias disciplinarias, penales y fiscales.

La CVC, según Serrano, también habría celebrado contratos sin cumplir con los requisitos legales. La Corporación presenta contratos por cerca de $28 mil millones destinados para atender la ola invernal, pero que no cumplen estos requisitos. También se han gastado parte de estos recursos en consultorías y estudios que se presentaron después de finalizadas las obras. 

En cuanto a la CAR de Cundinamarca, Serrano advirtió que en el municipio de Chía se estarían desarrollando megaproyectos de vivienda de interés social en zona de riesgo de la ronda del Río Frío. También aseveró que hay indicios de que los alcaldes -no sólo de Chía sino de otros municipios- habrían modificado los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de poder construir en zonas de riesgo, debido a la escasez de terrenos para urbanizar en algunos municipios.

Además, Serrano anticipó el caso de una de las CAR que utilizó recursos destinados a la educación ambiental para la realización de un festival vallenato. Para el festival se habría contratado a una fundación que, a su vez, fue la ganadora del concurso de vallenato y recibió $400 millones.

El viernes se dará a conocer el informe final sobre Corponor y CVC, mientras que el de la CAR de Cundinamarca tardará dos semanas.

Pero la Contralora delegada aclaró que el agua sucia del invierno no se le puede arrojar sólo a las CAR. Las alcaldías y gobernaciones también tienen funciones de policía que los autorizan a impedir que se construya en las rondas de los ríos y deben sujetarse a los mapas de riesgo elaborados por otras entidades para otorgar licencias de construcción. Serrano afirmó que estos institutos, alcaldías y gobernaciones también están bajo la lupa de la Contraloría.

El exdirector de ambiente y ruralidad de la secretaría de Planeación, Diego García Bejarano, también aseguró que, si bien las CAR pueden tener responsabilidad en las fallas presentadas ante la emergencia invernal, no cargan toda la culpa. Habría que examinar cuáles son las entidades responsables de actualizar los mapas de riesgo a partir de donde se establecen los POT de distintos municipios y las obras que se han superpuesto a estos mapas. Según García, aunque las CAR son responsables de actualizar los planos de riesgo, el Fondo Para la Atención y Prevención de Emergencias (Fopae) también tiene esa responsabilidad, al igual que el Ministerio de Ambiente, como autoridad ambiental. García sugiere que los Fondos de Inversiones Ambientales de Bogotá también podrían ser examinados, para aclarar si sus millonarios aportes para la adecuación hidráulica del río Bogotá se han hecho efectivas y han contribuido a mitigar el riesgo del invierno.

Para las 33 CAR, institutos y Ministerio de Medio Ambiente se destinan cerca de $1.5 billones, esto es el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La contralora delegada aseguró que, si bien la cifra no es alta, “es preocupante que estos recursos no se manejen de la forma adecuada”. Falta que se presenten los informes finales de la Contraloría y que la Procuraduría adelante investigaciones para saber quiénes son los salpicados con el agua sucia del invierno.