¿Conflicto armado o amenaza terrorista?

DURANTE EL LANZAMIENTO DEL 'Plan Troya' en Tumaco, Nariño, el presidente de la República aseguró que desde "hace rato hay conflicto armado" en Colombia.

Una afirmación que en otro contexto sería obvia, incluso superflua, pero en un país que duró ocho años tratando de eliminarla de su vocabulario por orden de la Casa de Nariño no deja ser notorio que sea la misma institución la que la retome. Sin embargo, y como es propio del estilo pragmático de la administración Santos, no parece haber nada de ideológico detrás del pronunciamiento: con el proyecto de ley de víctimas en sus últimos debates había que crear una diferenciación entre aquellas víctimas producto de crímenes comunes y de aquellas producto del conflicto, algo para lo que se hizo necesario volver al término original, uno que demarcara con conveniente precisión la frontera. La decisión, no obstante, ha enfrentado resistencia y, entre todo, era de esperase: finalmente fue propósito bandera de la pasada administración suplantar un término por otro.

Un propósito, por demás, no del todo errado: los grupos insurgentes colombianos actúan, en efecto, de forma terrorista. Algo que el país no discute como tampoco discute su radical ilegitimidad. Pero, ¿hay que dejar por eso de llamar al conflicto por su nombre? ¿Acaso no abarcan también el concepto de “conflicto armado” las acciones terroristas? ¿Cuál es la necesidad de reducirlo? El temor que expresan algunos sectores es que de aquí se pase a justificar a la insurgencia al punto que se le termine reconociendo estatus de beligerancia, una situación a todas luces desastrosa. Sin duda, lo último que necesita el país es mandar el escabroso mensaje de que la guerra de nuestras guerrillas es correcta y de lo que se trata es de combatientes honestos que se atienen, entre otras, al Derecho Internacional Humanitario (DIH). No obstante, el paso entre reconocer el conflicto armado del país y hacer lo mismo con el estatus de beligerancia es suficientemente amplio como para considerar excesivas tantas alarmas, y ridículo, por no decir artificioso, el que se desate una disputa política por este motivo.

Injustificable es también, en el otro lado del espectro, celebrar la recuperación del término porque se trataría, supuestamente, del primer indicio de paz. Claro, en el protocolo II adicional del 12 de agosto de 1999 del Convenio de Ginebra se establece la posibilidad de una salida negociada de todo conflicto armado. Una salida que, sin duda, quisiéramos. Pero, ¿no podríamos lograr la paz también con terroristas? ¿Irlanda acaso no se ha sentado a negociar con el Ira y España no ha hecho lo mismo con Eta? Si en realidad estuviéramos al borde de esta posibilidad, no importaría mucho cómo se llamara a los criminales. Sí importa su nombre, sin embargo, cuando estamos justificando la presión militar en las fronteras, por ejemplo. Hubiera sido mucho más fácil, sin duda, justificar el ataque a Raúl Reyes en Ecuador estando en medio de un conflicto armado que enfrentando una etérea amenaza terrorista.

Pero más allá de ésta y un par de ventajas jurídicas más —militarmente es irrelevante pues en la definición de “objetivo militar” del DIH de nada importa si se trata de un grupo terrorista o insurgente—, el real valor de hablar del conflicto por su nombre es que éste de hecho remite a un referente común, uno que hemos sufrido por muchos años, contra el cual nuestras FF.AA. luchan y que sabemos bien lo que representa. Su significado es tan claro que ocho años de campaña de la administración Uribe fueron incapaces de eliminarlo. Y ahora, que oficialmente se retoma, lo único que se hace es volver a darle un poco de claridad a este desastre y permitir pensar mejor cómo resolverlo. ¿O por qué más requeriríamos volver al término original justo cuando comenzamos a reparar sus estragos?

 

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