'¿Cuál es el pacto de los Nule con el procurador?': Jaime Araújo

El exmagistrado insiste en que Alejandro Ordóñez nunca ha tenido la diligencia de investigar a los exempresarios, pese a las irregularidades en todos sus contratos.

'¿Cuál es el pacto de los Nule con el procurador?', preguntó el exmagistrado Jaime Araújo Rentería en el marco de la defensa del senador Iván Moreno Rojas, investigado por el carrusel de contratos en el Distrito.

Aseguró que este nido de corrupción surge es en el Palacio de Nariño, donde se concentraron 15 billones de pesos del erario público en solo dos empresas, sin el organismo a cargo de Ordóñez haya adelantado las respectivas investigaciones; todo sumado al hecho de que el secretario jurídico de la administración Uribe Edmundo del Castillo haya sido socio de los exempresarios.

Le pidió al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, que le indique claramente si es que ha establecido algún acuerdo con los exempresarios, para impartir “justicia secreta y selectiva”, en cuyo caso abandonará el caso, pues "tener de aliado al procurador es tener de su lado a los 3 mil funcionarios a su cargo".

Dio cuenta de una innumerable lista de contratos cedidos a los Nule por organismos del Gobierno Nacional y entes territoriales en los que se han hecho evidentes irregularidades probablemente relacionadas con la corrupción y, pese a ello, no ha habido la más mínima actuación por parte de la Procuraduría.

Agregó que los correos que intercambiaban los confesos autores del millonario peculado objeto de la investigación demuestran que había una estrategia de defensa para llevar testigos al organismo de control que incriminaran a los Moreno Rojas.

Dijo que parece haberse revivido el mundo de los bizarros, donde los victimarios son quienes los que imparten justicia por sus propias fechorías.

Añadió que allí salta a la luz pública cuáles eran los salvavidas que buscaban los Nule, que inicialmente se dieron cuenta que no podían enlodar al Gobierno Nacional, tratando de responsabilizarlos de las irregularidades de los contratos y decidieron hacerlo con la administración distrital, que era más vulnerable.
 

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