¿El fin del limbo?

Provisionalmente el reinsertado enviará por escrito su contribución a la verdad.

Después de varios intentos por definir la situación judicial de más de 20.000 desmovilizados rasos, sale la reglamentación de la Ley 1424 de 2010, que pondrá fin al limbo en que estaban los exparamilitares que dejaron las armas y se acogieron al llamado de paz del anterior gobierno. El director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, Miguel Samper, le explicó a El Espectador los alcances de los decretos.

¿Qué es exactamente lo que debe reglamentar el Gobierno?

Dos cosas: primero, el Gobierno debe expedir un decreto-ley que modifique el mecanismo no judicial para que los desmovilizados participen en un proceso de  esclarecimiento de la verdad. Lo segundo es el procedimiento para firmar el acuerdo de contribución a la verdad y para solicitar los beneficios y reglamentar el procedimiento de la Ley 1424.

¿Qué alcances va a tener?

El decreto-ley debe establecer cuáles serían las funciones de ese mecanismo no judicial —de contribución a la verdad— y cómo serían las relaciones de este mecanismo con la Rama Judicial. Lo que dejó claro la Ley 1424 es que la información que surja en ese mecanismo, como es información no judicial, no puede utilizarse en un proceso, ni hacerse valer como prueba.

¿Cómo lograr la relación entre el mecanismo y la Rama Judicial?

Lo que se ha analizado es que el mecanismo no judicial pueda apoyarse de esa información que, debido a que no podrá ser de carácter probatorio, tendrá más un uso como doctrina de parte de la Rama Judicial. A este mecanismo le corresponde esclarecer la información sobre cómo operaban los grupos, el contexto, cuál era su estructura, el patrón de comportamiento, pero no hechos delictivos porque eso corresponde a la justicia.

¿Y qué busca el segundo aspecto que se va a reglamentar?

Lo que se busca es aclarar cuáles son los momentos. Los desmovilizados tienen seis meses para manifestar su voluntad de participar en el mecanismo de procedimiento de la Ley 1424. En ese plazo de seis meses ellos simplemente deben decirle a la Alta Consejería para la Reintegración que quieren participar de ese mecanismo. Una vez manifiesten esa voluntad, inicia el segundo momento, que es la verificación de unos requisitos para ver si se puede suscribir con ellos o no el acuerdo de la verdad.

¿Cuáles son esos requisitos?

Básicamente que la persona tenga el carácter de desmovilizada, que esté participando o se haya comprometido con su proceso de reintegración y que no haya cometido delitos después de su desmovilización; una vez verificado esto y con un compromiso serio se suscribe el acuerdo. Lo otro es la parte operativa, que implica, primero, que le suspenden o revocan las órdenes de captura que profiera la Fiscalía a solicitud de la Alta Consejería, o si ya el juicio llega a su final, se suspendería condicionalmente la ejecución de la pena. Todo esto en el entendido de que se debe constatar que el desmovilizado continúa en su proceso de reintegración y que está participando activamente en él.

¿Cómo saber que ellos cumplen con sus compromisos?

El proceso de reintegración lo puede constatar la Alta Consejería de varias maneras: que la persona no hayan cometido delitos lo puede verificar la justicia, y que esté contribuyendo a la verdad se constata con el propio mecanismo, que debe indicar si la persona compareció y está participando activamente en las entrevistas. Se establece una salvaguardia porque este mecanismo no empieza a operar sino a partir del próximo año.

¿Cuál es esa salvaguardia?

Que provisionalmente el desmovilizado envíe su declaración por escrito manifestando cuál es su contribución a la verdad. Con esa declaración ya se constata quién tiene voluntad y en cualquier momento será llamado a la entrevista. Lo que ocurre es que mientras tanto esto se entenderá como una voluntad de participar activamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad.

¿Se va a articular con la Ley de Víctimas?

Sí, en la medida en que se le endilgan las funciones de llamar a entrevista al Centro de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas como el instrumento unificado de justicia transicional para el esclarecimiento y levantamiento de la memoria histórica.

¿Quiénes estarán a cargo de los decretos?

La Alta Consejería para la Reintegración de personas de grupos armados ilegales certificará varios aspectos y suscribirá los acuerdos. La Consejería le tendrá que certificar a la Fiscalía o al juez que la persona está cumpliendo con todos los requisitos, que está reparando a las víctimas con trabajo comunitario y que cumple con las garantías de no repetición porque no ha vuelto a delinquir, y cuando se certifica se procede al otorgamiento de los beneficios.

¿Cómo va a ser el plan de trabajo con la Fiscalía?

El decreto que crea el mecanismo debe incluir una reforma de planta de la Fiscalía para brindarle las herramientas para investigar su pertenencia al grupo y el concierto para delinquir, que se llevarán hasta el final de juicio, habrá sentencias en todos los casos.

Temas relacionados