¿Excarcelación masiva?

El senador Roy Barreras advierte sobre la posibilidad de que postulados a Justicia y Paz recuperen la libertad por vencimiento de términos. Por su parte, Miguel Samper, director de Justicia Transicional, dice que no será así hasta tanto exista sentencia.

La Ley de Justicia y Paz no cumplió con los fines para los que fue creada y ahora se hace necesario realizar modificaciones o tramitar una nueva iniciativa que satisfaga las prioridades del conflicto en el país. Lo que resulta más preocupante es que por cuenta de los vacíos de la norma, más de mil postulados para recibir los beneficios de la ley podrían reclamar la libertad sin que se les haya dictado sentencia o hubieran colaborado de forma efectiva para la búsqueda de la verdad.

Este fue el preocupante dictamen que hizo el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras —ayer durante una mesa temática para analizar los alcances de la norma—, al advertir que “en la actualidad estamos hablando de más de 1.300 postulados, 400 de ellos imputados, más de 10.000 audiencias realizadas y sólo se le ha dictado sentencia a cuatro personas. La mayor parte de estos postulados ya están a punto de cumplir cinco años en prisión y seguramente sus abogados pedirán la libertad antes de que termine este año, aún sin que se dicte condena, y lo peor, sin conocer la verdad”.

Por su parte, Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, aunque reconoce los pocos avances que se han obtenido en la construcción de verdad y reparación en el marco de la Ley de Justicia y Paz, cree que los postulados no recuperarán la libertad por vencimiento de términos. “Si bien la pena alternativa que contempla la ley es de cinco a ocho años, eso no implica que puedan recuperar la libertad con antelación. Hasta que exista sentencia condenatoria ellos no pueden quedar libres”, recalcó Samper.

Para el representante a la Cámara Iván Cepeda, quien es vocero de las víctimas de crímenes de agentes del Estado, son evidentes los vacíos en la implementación de la ley y al respecto afirma: “Este diagnóstico lo advertimos desde el comienzo de todo el procesos. La Ley de Justicia y Paz presenta fallas de carácter estructural y su sistema carece de los recursos judiciales para poder garantizar que quienes se han sometido a esta ley puedan rápidamente aportar los elementos de verdad y reparación”.

En consideración de Cepeda, desde 2005, momento en que entró en vigencia la normatividad, “el tiempo ha transcurrido y los procedimientos judiciales son supremamente lentos (...), hay un represamiento de muchas versiones. Además, la extradición de los principales jefes paramilitares significó un golpe mortal a todos los procesos de justicia, verdad y reparación que se venían dando”.

A este panorama de impunidad, lentitud de procesos y a la posibilidad de que los cabecillas y mandos medios de los paramilitares recuperen la libertad por vencimiento de términos, se suma que en la actualidad no existe ningún mecanismo legal para que se desarrolle un proceso de desmovilización masivo. “Es necesario garantizar el acceso a nuevos postulados porque hoy por hoy no existe la posibilidad de una desmovilización masiva y es necesario que tengamos esa herramienta. Acá no se está hablando de negociaciones, se está hablando del desarme a cambio de colaboración con la justicia y aportes a la verdad”, afirmó Barreras.

La verdad, uno de los temas prioritarios de la ley, es otra de las preocupaciones, y así lo manifestó la fiscal de Justicia y Paz Beatriz Silva cuando asevera: “El país no conoce todo el horror de las versiones libres adelantadas con los victimarios, el terror y la crueldad a la que sometieron a miles de víctimas. No puede haber más terror y crueldad y para lograrlo hay que desmovilizar a todos los violentos y se requiere de un marco legal nuevo. Sin éste, no se podrá hacer un proceso serio de paz”.

Otro de los temas que se hace necesario incluir en la modificación de Justicia y Paz o en la nueva herramienta de justicia transicional que se cree —a juicio de la Comisión de Paz del Senado—, es la inclusión de los militares dentro del universo de victimarios con beneficios en sus condenas. “Ellos son combatientes y tienen derecho como parte en el conflicto a recibir beneficios de justicia transicional, que no es más que reducción de pena a cambio de colaboración con la justicia, a cambio de conocer la verdad en episodios como el de los falsos positivos”, explicó el congresista Barreras.

Al margen de las nuevas propuestas para mantener vigente la posibilidad de llevar a cabo desmovilizaciones masivas y cumplir con los estándares de la justicia transicional, lo que resulta evidente, y así lo dicen muchos al analizar las cifras, es que la Ley de Justicia y Paz ha fracasado.

 

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