¿Filtrar o blindar la información?

Barack Obama prometió que su presidencia sería la más transparente de todas, sin embargo, ha procesado a más denunciantes públicos que todos los gobiernos anteriores.

El 16 de mayo de 2006, un artículo en la tapa del diario The Baltimore Sun sacudió el corazón de la comunidad de inteligencia norteamericana. Ayudada por una fuente secreta, la periodista Siobhan Gorman reportó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), mucho antes de ocurridos los atentados del 11 de septiembre de 2001, contaba con herramientas de monitoreo que le habrían permitido identificar las conversaciones de muchos de los terroristas que perpetraron el atentado.

Aún peor: la misma herramienta le habría dado al gobierno Bush la posibilidad de rastrear miles de conversaciones telefónicas y correos electrónicos sin vulnerar la intimidad de los estadounidenses. Sin embargo, según el reporte de Gorman, la NSA había resuelto descartarla, y se había enfocado en un ambicioso e inefectivo programa de interceptación sin orden judicial de miles de conversaciones. El reportaje de Gorman dejó en evidencia a la NSA, la más sofisticada agencia de espionaje electrónico del mundo.

La noticia ratificaba lo que ya el diario The New York Times, con ayuda de otro informante, había revelado un año y medio atrás: tras los atentados del 9-11, el gobierno de George W. Bush había promovido el establecimiento de un costoso e inefectivo sistema de intervención de mensajes a través del cual se vigiló, con dudosa legalidad, a miles de ciudadanos.

Algunos dentro del NSA cuestionaban desde hacía tiempo el programa. Entre ellos Thomas Drake, un experto en espionaje electrónico y desciframiento de códigos, alto funcionario de esta agencia, que tras acudir en vano a numerosas instancias dentro del sector de defensa, resolvió contactar secretamente a Gorman y revelar lo que allí pasaba. Drake fue acusado de cometer diez delitos contemplados en la Ley de Espionaje de 1917.  El Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusaba, entre otras cosas,  de posesión no autorizada de material clasificado y obstrucción a la justicia.

Contra las cuerdas

Hace unas semanas, Thomas Drake aceptó un ofrecimiento de acuerdo extrajudicial del Departamento de Justicia para que se declarara culpable por un caso menor (utilización indebida de computadores públicos) y acabar allí el proceso. El gesto fue interpretado por la prensa norteamericana como un gran fracaso para las autoridades judiciales en su esfuerzo por perseguir a los “filtradores de información pública” o whistle-blowers.

El caso Drake  refleja una tendencia sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Nunca antes una administración estadounidense había abierto tantos procesos criminales en contra de whistle-blowers. Según declarara el director del FBI, Robert S. Mueller III, ante el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU., entre 2001 y 2008 la administración Bush investigó 85 casos de filtraciones a los medios de comunicación, sin que ninguno de estos llegara a los tribunales. Antes de la administración Obama, sólo una persona había sido condenada en el país por realizar filtraciones: Samuel Loring Morison, un experto en inteligencia que en 1984 filtró tres fotos satelitales de barcos de guerra soviéticos a la revista londinense Jane’s Defence Weekly.

Sin embargo, en menos de 18 meses, cinco casos han sido abiertos en contra de filtradores, incluyendo el de Bradley E. Manning, analista de inteligencia de 23 años acusado de haber suministrado a Julian Assange y a su organización, Wikileaks, 260.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado, 90.000 informes de inteligencia sobre Afganistán y un video en que soldados norteamericanos en Irak disparan contra civiles, entre ellos dos fotógrafos de Reuters.

Un tercer denunciante procesado por espionaje –primero en orden cronológico– es Shamai Kedem Leibowitz, contratista del FBI que a finales de 2009 se declaró culpable de filtrar material de esta misma agencia a un blog. Tanto el material filtrado como la identidad del bloguero son desconocidos. Leibowitz fue condenado a pagar 20 meses de cárcel.

Jeffrey Sterling, un antiguo agente de la CIA, también comparecerá ante un juez en septiembre, acusado de haber suministrado al periodista  James Risen, de The New York Times, material clasificado de la agencia de inteligencia sobre una operación clandestina para sabotear el programa nuclear del gobierno Iraní, cuyo contenido fue publicado por el escritor en su libro State of War, un recuento de las operaciones de la agencia de inteligencia durante los años de George W. Bush.

Finalmente, Stephen Kim, un exanalista de política exterior del Departamento de Estado, es acusado de suministrar a una organización de noticias –se presume que fue a Fox News– un informe ultra secreto sobre información militar de Corea del Norte.

Varias preocupaciones

Para el profesor de teoría política y especialista en transparencia Thomas C. Ellington, del Wesleyan College, los procesos van intimidar a futuros denunciantes. “Muchos de los funcionarios procesados expusieron malos manejos dentro de alguna institución, como en el caso de Drake, que avergonzó a la NSA. Si utilizar la Ley de Espionaje como herramienta para perseguir whistle-blowers se convierte en doctrina, va a transformar negativamente el ambiente para el periodismo”.

De hecho, el caso de Jeffrey Sterling  y el periodista James Rise, de The New York Times, ha llamado la atención. Hace unos días, Rise recibió una citación (subpoena) del Departamento de Justicia para que testifique en contra de Sterling y admita que fue este exagente de la CIA quien le suministró parte del material que publicó en su libro sobre las operaciones encubiertas en Irán. “Risen podría lograr persuadir al juez de que su testimonio no es esencial para el caso. Pero si el juez no lo libera de su deber de testificar, podría llegar a enfrentar 18 meses de prisión por desacato a la Corte”, le explicó a El Espectador Josh Gerstein, experto en temas de transparencia y periodista del blog Politico.

Algunos señalan, además, que resulta curioso que mientras se procesa a Sterling, no se haga lo mismo en otros casos.  Como el de Thomas M. Tamm, exempleado del Departamento de Justicia, quien confesó ser una de las fuentes de información de Newsweek sobre el programa de escuchas sin orden judicial que luego revelara The New York Times. Así mismo, expertos en la materia señalan el silencio de la administración frente al libro del legendario Bob Woodward, Obama’s Wars, en el que aparecen mencionados numerosos informes clasificados discutidos por el gabinete del presidente durante los primeros meses de su gobierno.

“¿Cómo pueden procesar con credibilidad a burócratas de medio nivel y oficiales júnior de inteligencia que filtran información cuando tantos funcionarios de alto rango le revelaron secretos mucho más graves a Woodward?”, escribió con dureza Michael Isikoff, principal periodista investigativo de la cadena NBC.

¿Más o menos transparente?

Michael Evans, miembro de la organización Archivos de Seguridad Nacional (NSA), asegura que en materia de acceso a la información el presidente Barack Obama “ha hecho más que cualquier otra administración en la historia reciente”, entre otras, la emisión de una directiva que obliga la publicación de la lista entera de visitantes a la Casa Blanca. Evans sostiene que le preocupan los procesos contra los whistle-blowers, “pero políticamente hablando es muy difícil que el presidente pueda influenciar estas investigaciones sin ser acusado por sabotear o politizar el caso”.

Obama pareciera atrapado entre la promesa de la transparencia y las presiones por blindar la información sobre seguridad nacional.  Durante estos meses las miradas estarán puestas sobre dos nombres: James Risen, que podría ir a prisión si no revela sus fuentes, y Julian Assange, fundador de WikiLeaks, cuyo caso lleva meses siendo analizado por la Fiscalía de los Estados Unidos.