¿Los comerciantes pagan por la seguridad de la capital?

Los bogotanos celebran la reducción de los homicidios en un 39,1% durante el primer mes en que rigió la restricción a la venta de licor. Pero tras las cifras están las millonarias pérdidas del sector comercial.

A partir de la polémica restricción a la venta de licor para las tiendas de barrio entre las 11:00 p.m. y las 10:00 a.m, según un informe de la Alcaldía, habrían disminuido las cifras de homicidios en la capital en un 39,1%. Los bogotanos se alegran por las cifras, aunque detrás de ellas están las pérdidas que alcanzan los $16.600 millones, que tienen en jaque a los comerciantes y amenazan la productividad económica de la capital. 

En el periodo comprendido desde el 23 de junio, día en que se implementó la restricción, y el 22 de julio del presente año, ocurrieron 42 homicidios durante los horarios en que rige la restricción (de 11:00 p.m. a 10:00 a.m.), mientras que la cifra para el mismo periodo y rango horario en 2010 era de 69. Las cifras indican que hay una reducción global del 24,3% en el total de homicidios ocurridos durante este periodo, que en 2010 fue de 140 y en 2011 de 106.

También se presentaron, aunque en menor medida, disminuciones durante el primer semestre del año. Mientras que en los primeros seis meses de 2010 se presentaron 803 homicidios, de enero a junio de 2011 hubo 760 (una reducción de 2,9 puntos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes). Aunque el Comité Estadístico del Homicidio anunció que en el 65% de las localidades hubo reducción, también manifestó que el 30% de los homicidios se hallan concentrados en Unidades de Planeación Zonal (UPZ) como Lucero, Corabastos, Bosa Occidental, Ismael Perdomo, Patio Bonito, El Rincón y La Sabana, que requieren mayor atención de las autoridades.

Aunque la reducción de 2,9 punto respecto a 2011 no parece significativa, la alcaldesa Clara López indicó que fortalece la percepción internacional de la capital, ubicada desde 2010 en el cuarto lugar de las ciudades con menor tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a un estudio comparativo que se aplicó a 51 ciudades con características similares a las de Bogotá.

Pero mientras los bogotanos celebran las disminuciones en los factores de inseguridad, miles de tenderos buscan alternativas para no quebrarse. La directora de asuntos de gobierno e industria de Bavaria, manifestó que las pérdidas globales de la cadena de valor (que incluye tiendas, distribuidoras y productores) ascienden a los $16.600 millones. En cuanto a lo que  Bogotá ha dejado de recaudar a través del impuesto de consumo e IVA proveniente de la venta de cerveza, son $2480 millones. Y los tenderos han dejado de percibir $2.270 millones. Es el precio que paga el sector comercial por la seguridad de Bogotá.

A raíz de la crisis que enfrentan, aumenta el número de tenderos que buscan alternativas para recuperar sus ingresos. Para el pasado 12 de julio, 1.374 tenderos ya habían cambiado la razón social de sus locales para poder vender alcohol. “Es sencillo, uno va a la Cámara de Comercio y le cuesta $50 mil hacer el cambio de registro y pasar de tomadero a bar-discoteca. Esos $50 mil no son nada en comparación a las pérdidas de los fines de semana sin vender trago, porque si antes de la prohibición vendía casi un millón ahora ni siquiera llegó a la mitad de eso”, cuenta Eliana Victoria, una comerciante de la localidad de Usme que utilizó el mecanismo para evadir la medida.

Según manifestó la alcaldesa, en Cámara de Comercio hay actualmente otras 2.500 solicitudes de este tipo que no podrán hacerse efectivas porque no cumplen con las normas establecidas para el uso del suelo. Desde que entró a regir la medida se han impuesto 4.422 comparendos y se han cerrado 144 locales comerciales.

La encrucijada por el alcohol, que desde el principio generó polémica entre el sector comercial y la administración, cada vez da más de que hablar. Los comerciantes reiteraron que la medida debe levantarse, que no es una solución de fondo para la seguridad y que resultará contraproducente, pues además del cambio de razón social por parte de miles de locales también podrían proliferar expendios ilegales que representan un peligro a la salud pública. Pero la Administración tiene resultados para exigir que la medida permanezca. La pregunta que le surge a los bogotanos, después de ver las pérdidas en el sector comercio,  es si es justo que los tenderos, propietarios de tomaderos, distribuidores y productores paguen por la seguridad de todos los bogotanos.