¿Qué hacer con los escudos humanos?

EL DOMINGO, EN EL SUROESTE DEL Cauca, las Farc asesinaron a cuatro civiles y dos policías.

Un día antes, dos carros bomba en la localidad de Toribío dejaron un saldo de 60 heridos y cuatro muertos; esta vez, tres civiles y un policía. La población, por desgracia, sigue pagando con mayor intensidad el alto precio de la guerra. Pero aun más, continúa en medio de ella y en doble dirección: los objetivos militares guerrilleros siguen siendo puestos en medio de civiles y los civiles siguen siendo puestos en medio de objetivos militares guerrilleros. Bien puede caer el transeúnte desafortunado, o bien un civil utilizado como barrera para proteger las unidades de defensa. Esta última práctica, la de los escudos humanos, tiene a la Fuerza Pública con las manos atadas. Aunque el Derecho Internacional Humanitario permite responder ante el fuego, las autoridades, por fortuna, han restringido nacionalmente esta licencia. En lo que es una loable acción de protección a los civiles, si se inicia el fuego en su presencia, la orden sobre todas las fuerzas es el retiro.

Este garantismo, sin embargo, aunque importante, logra sólo proteger parcialmente a los civiles. Tanto el registro histórico como el reciente muestran la clara voluntad de las guerrillas de arremeter según la necesidad y el capricho contra la población; incluso, contra mujeres y niños. No en vano los ataques recientes de las guerrillas, en especial de las Farc, han puesto al país en vilo. De aquí que, entre otras, se busque desde hace un tiempo cómo evitar que continúen defendiéndose tras los civiles. Una solución que, sin duda, requiere ser encontrada pronto. Pero si bien se comprende el afán, éste no justifica que el Gobierno, en voz del más alto mandatario, salga a improvisar estrategias. El lunes, en una intervención ante los medios, el presidente Juan Manuel Santos autorizó —reversando la restricción impuesta hasta ahora— responder a los ataques que hace la guerrilla desde las casas de la población, e incluso, de considerarse frente de refugio de las Farc, destruirlas. La idea gruesa: eliminar el espacio de protección que ofrecen los escudos humanos y desincentivar, con ello, su práctica.

Idea sensata, pero sólo si se obvia el detalle de que lo que está en medio son los colombianos, ni más ni menos. La resistencia que surgió tras la intervención del presidente es palpablemente comprensible. En interés de matizar, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, aseguró que la medida anunciada por el presidente Santos se tomará sólo tras un análisis de inteligencia para determinar que no se afectará a la población civil. Aunque, si se tiene en cuenta que el problema es precisamente que la población se utiliza como escudo, no es muy claro a qué se refiera el ministro. Tampoco resulta muy clara la pretensión de diferenciar entre aquellos que han servido como escudos humanos de manera forzada y aquellos que lo han hecho voluntariamente. ¿Quién lo define? ¿Cómo?

No es absurdo que la población apoye a la que es la autoridad de facto allí donde la del Estado brilla por su ausencia. Con todo, el principio de distinción no puede perderse. Los civiles no hacen parte del conflicto. Punto. Y aunque fuere un acto voluntario, al ser utilizados como escudos humanos, las guerrillas no sólo están violando el Derecho Internacional Humanitario, sino también los Derechos Humanos. Utilizar a civiles como barrera es un trato cruel, inhumano y degradante, en el que se inflige un sufrimiento físico y mental a la persona que espera un daño seguro e inminente. La Fuerza Pública no puede contribuir en este maltrato. Hay que hacer algo para sacar a las guerrillas de sus refugios civiles, sí, pero la respuesta no puede poner en riesgo a la población y luego derribar su casa. Algo más respetuoso —además de más elaborado— se le tiene que ocurrir al Gobierno.

 

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