¿Qué puede hacer la alcaldesa encargada?

Aunque su tiempo de mandato es incierto, María Fernanda Campo Saavedra recibe el reto de poner a marchar una ciudad infartada.

El tiempo durante el cual la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, ocupará el cargo del alcalde suspendido, Samuel Moreno Rojas, es incierto. El Polo Democrático Alternativo definirá una terna de candidatos a partir de la cual el presidente nombrará un alcalde definitivo durante las próximas horas, semanas o meses. Sin embargo, la ciudad no da espera para que su nueva gobernante inicie labores para controlar la emergencia invernal, el retraso en obras de infraestructura para la movilidad, los escándalos de corrupción en contratación de estas obras y el creciente nivel de inseguridad.

Campo Saavedra es ingeniera industrial egresada de la Universidad de Los Andes, fue viceministra de relaciones exteriores durante el gobierno de Andrés Pastrana, ha ocupado cargos directivos en el sector financiero y la banca de inversión y  fue la primera mujer presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) desde 2000 hasta 2010. Mientras estuvo a cargo de la entidad impulsó la creación del Consejo Regional de Competitividad para Bogotá y Cundinamarca –que concentra 1.800 actores del sector público y privado para mejorar la competitividad de la ciudad- y del programa Bogotá Emprende –que generó empleo a más de un millón de emprendedores en cuatro años–. Desde el siete de agosto de 2010 es ministra de Educación y ha liderado la reforma a la educación pública que generó fuertes manifestaciones en universidades del país durante las últimas semanas. Ahora encabeza el gobierno de una ciudad que, según el analista Juan Carlos Flórez, “está infartada”.

Sin embargo, cuenta el analista, en la mayoría de problemas que aquejan a la capital no hay mucho tiempo para que la alcaldesa tenga una labor influyente. “Bogotá requiere una cirugía minuciosa y un nuevo cirujano que tendremos desde el primero de enero de 2011”. Las obras de infraestructura para la movilidad que se adelantan (troncales de Transmilenio e implementación del Sistema Integrado de Transporte Público) están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los compromisos con los contratistas son de largo alcance, por lo cual las decisiones importantes al respecto no serán tomadas hasta el siguiente periodo de gobierno.

Tampoco está en manos de la alcaldesa, aunque pidió el acompañamiento del procurador general durante su mandato, seguir descabezando a funcionarios públicos implicados en la corrupción. “Esto estaba en manos de la Contraloría Distrital, pero el contralor era enemigo de la ciudad. La Personería podría hacer algo, pero su director es el personero de bolsillo de Samuel Moreno y está siendo investigado por la Procuraduría. La Fiscalía está en deuda con la ciudad, tiene un aparato enorme y no ha dado un solo resultado”, afirma Flórez.

Desde su dirección de la Cámara de Comercio, Campo Saavedra ya venía trabajando el tema de la inseguridad en la capital. Aunque las últimas cifras, publicadas el mismo día en que Moreno fue suspendido, indicaron que la tasa de homicidios durante el mes de abril se redujo en un 10,4%, al pasar de 135 a 121 casos, las alarmas siguen encendidas después de que hubo cuatro muertes violentas y un atentado con artefactos explosivos durante los últimos días . “Ella conoce este tema y no debería seguir ocultándolo como lo hizo el gobierno de Moreno, que se encargó de maquillar durante cuatro años el panorama de la inseguridad, cuando en realidad no hay un bogotano al que, en el mejor de los casos, no le hayan robado el celular en la calle”, dice el analista.

La inmediata responsabilidad de la nueva alcaldesa, y que ella misma definió como la primera de sus prioridades, es adelantar labores frente a la emergencia invernal. El río Bogotá está altamente contaminado y desbordándose, poniendo en riesgo zonas del noroccidente como Fontibón y Engativá –que además se inundan con aguas negras por el colapso en sus sistemas de alcantarillado y representan altos riesgos en materia der salud para más de cuatro mil habitantes–. Campo podría responsabilizarse de trabajar con el Ejército, el Acueducto y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para controlar el río, asimismo garantizar, de la mano de las secretarías y organismos de emergencia, la asistencia y reubicación de los afectados para impedir tragedias mayores, y monitorear los cerros orientales donde crece el riesgo de deslizamientos especialmente en las localidades de Usme y Usaquén.

‘Adjudicación del Sirci debe ser el principal reto’

El candidato a la Alcaldía por el Partido Liberal, David Luna, afirma que aunque hay necesidades inmediatas como la emergencia invernal y que el Congreso tramite la ley para sancionar el delito menor, el reto prioritario de la nueva alcaldesa está relacionado con el millonario contrato (cerca de $60 billones)  del Sistema de Recaudo y Control de Flota (Sirci) que será la base de conectividad tecnológica del Sistema Integrado de Transporte (SITP) y permitirá que los usuarios utilizen una sola tarjeta para movilizarse en todo el sistema. Según Luna, este es un contrato que define el futuro de la movilidad en Bogotá durante los próximos 25 años y moverá cerca de seis mil millones de pesos diarios. “Veo muchos ruidos en este contrato, tanto de carácter técnico como de corrupción. Le recomendaría a la nueva alcaldesa que suspendiaera el proceso licitatorio y exigiera el acompañamiento no sólo de las autoridades sino de expertos técnicos, para adjudicarlo de manera transparente”. 
 

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