¿Rumbo a la bacrimpolítica?

Informe de la organización internacional revela que bandas criminales se están convirtiendo en redes criminales más extensas y podrían desarrollar una agenda política más ambiciosa.

Según el International Crisis Group —la organización no gubernamental con sede en Bruselas dedicada a la resolución y prevención de conflictos armados en el mundo—, la democracia local y la seguridad del país se verán crecientemente amenazadas si el Gobierno, las instituciones judiciales y electorales y los partidos políticos no enfrentan a tiempo los intentos de interferencia de los grupos ilegales en las elecciones de octubre próximo.

En un informe titulado “Romper los nexos entre crimen y política local en las elecciones de 2011 en Colombia”, el Crisis Group analiza los riesgos de la violencia política, del fraude electoral y de la infiltración de grupos ilegales en los próximos comicios para gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas. Y advierte que se trata de la primera prueba sobre la capacidad de los nuevos grupos armados ilegales sucesores del paramilitarismo, las bacrim, de interferir en la política local.

“El alto número de precandidatos asesinados es un mal presagio para la campaña electoral, pues sugiere que la tendencia de los últimos diez años, de una decreciente violencia electoral, podría ser revertida”, afirma Christian Voelkel, analista de la Ong para Colombia, quien cree que “existe un gran riesgo de que el dinero ilegal y la intimidación sean usados para influir en los resultados”.

Ante este panorama, la organización recalca que si bien la acción institucional es importante, no será suficiente para romper el ciclo del conflicto y la corrupción en que están atrapados muchos municipios. Por eso, se plantean reformas más estructurales, por lo menos en tres áreas. En primer lugar, en las instituciones electorales, específicamente el Consejo Nacional Electoral, que, según el documento, “necesita fortalecerse y volverse más independiente para que pueda ejercer sus funciones de supervisión”.

Asimismo, los partidos políticos, dice el Crisis Group, deben fortalecerse para estar en condiciones de asumir pleno control sobre la nominación de candidatos y satisfacer sus obligaciones de rendición de cuentas. Y en tercer lugar, se refiere al gobierno local como tal, el cual debería “desarrollar una base institucional más fuerte, que garantice una mayor responsabilidad y transparencia en la gestión de los asuntos locales”. Además, el informe advierte sobre la necesidad de fortalecer la justicia también a nivel local para que pueda asumir un papel más protagónico en la investigación y sanción de los nexos entre criminales y políticos.

Y tras preguntarse si vamos rumbo a la “bacrimpolítica”, concluye: “Si no se adoptan medidas de mediano y largo plazo, muchas de las regiones de Colombia quedarían expuestas a un prolongado mal gobierno y violento conflicto. La debilidad de las instituciones públicas a nivel local sigue favoreciendo las alianzas entre políticos y actores armados ilegales (...) Si no se impide el fortalecimiento y la expansión de los nexos de las nuevas bandas criminales (bacrim) con la política local, estos grupos podrán operar todavía con mayor impunidad. La captura de dineros públicos incrementaría la base de sus recursos y consecuentemente su potencial de convertirse en una amenaza cada vez mayor para la democracia local y la seguridad nacional”.

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