¿Será verdad tanta dicha?

La nueva norma establece por lo menos 140 instrumentos para combatir la corrupción, como inhabilidad por 20 años para quienes resulten condenados por robarle al Estado y la eliminación de la prisión domiciliaria.

Si hay un tema que mortifica a todos los colombianos del común es la corrupción. No hay un día en el que los medios de comunicación no hablen de algún escándalo porque en alguna obra o contrato estatal se robaron los dineros públicos.

Por eso, la expectativa hoy ha girado en torno a la sanción de la Ley Anticorrupción, realizada esta mañana por el presidente Juan Manuel Santos, que –en el papel- busca ponerle un ‘tatequieto’ a ese flagelo que desde hace años desangra las finanzas de la Nación y que, dicen algunos posando de sociólogos, parece metido en la genética de los ciudadanos. “La corrupción en sus justas proporciones”, decía el expresidente Julio César Turbay. “Roben, pero al menos ayuden a la gente”, es el eslogan en la calle.
Según advirtió el primer mandatario, la nueva normatividad incluye por lo menos 140 instrumentos para combatir la corrupción, dentro de los que destacó la inhabilidad por 20 años a quienes sean condenados por corrupción, así como la eliminación de la prisión domiciliaria y la prohibición a quienes financien campañas políticas para contratar con la administración que apoyó.
“Se acabaron las gabelas para los procesados por corrupción”, enfatizó Santos, recalcando que de ahora en adelante ya no habrá, para condenados por delitos de corrupción, mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad; no habrá suspensión condicional de la  misma ni tampoco libertad condicional.

El presidente explicó que no tiene sentido que mientras un capturado por un robo menor pasa meses o años en una celda el que roba cifras millonarias a los colombianos cumpla la sentencia “tranquilamente sentado en el sofá de su casa”.
De otro lado, el estatuto incluye un tema fundamental que ayudará a limpiar la imagen de la política, según Santos, ya que prohibe a quienes financien campañas políticas ser contratistas de la respectiva administración. “Quienes financiaron campañas a alcaldías, gobernaciones y presidencia no podrán ser contratistas de la respectiva entidad territorial a cuyo gobernante apoyaron”.

La Ley fortalece también la acción de la Procuraduría y la Contraloría, facilitándoles la realización de procesos verbales, mucho más ágiles y expeditos. La idea del Gobierno es trabajar en alianza con dichos organismos, además de la Policía y los jueces, y con la colaboración ciudadana.

Asimismo, con el nuevo Estatuto Anticorrupción se buscará  acabar con las ferias y carruseles de anticipos, pues los recursos serán manejados por fiducias irrevocables o patrimonios autónomos que garantizarán su buen uso. La normatividad contempla, además, castigos de inhabilidad y multas cuantiosas para quienes reiteradamente le incumplan al Estado.

“Los colombianos no aguantamos un contratista más que dilate las obras en perjuicio de la gente”, dijo Santos, agregando que los interventores también tendrán que responder por los incumplimientos y demoras. Y, según la ley, de ahora en adelante no podrá haber más obras truncadas por improvisaciones y malos diseños. “Se exigirá que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos para evitar los sobrecostos y las onerosas controversias entre el Estado y el contratista”, concluyó el mandatario.
El nuevo Estatuto Anticorrupción toca, por otra parte, un tema considerado neurálgico y recurrente. De un tajo le pone fin a la denominada ‘puerta giratoria’, por lo  que los servidores públicos no podrán pasar de trabajar con el Estado a trabajar con empresas o entidades del sector privado con las que tuvieron relación directa o a las que supervisaron con ocasión de su cargo, por lo menos durante dos años.
 
Igualmente, ningún contador o revisor fiscal podrá alegar el secreto profesional para abstenerse de denunciar actos de corrupción de los cuales tenga conocimiento. Quien así lo alegue, verá cancelada la inscripción de su matrícula.
En materia de organización institucional, la Ley crea una Comisión Nacional para la Moralización, que estará presidida por el Presidente de la República, que contará con la participación de los organismos de control, auditoría e investigación, y los presidentes de las Altas Cortes y del poder legislativo, entre otros, para implementar y asegurar el cumplimiento de las normas del nuevo Estatuto.

Adicional a esto, se contempla la creación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, en la que los ciudadanos organizados -gremios, ONG, universidades, medios de comunicación, veedurías ciudadanas, organizaciones sindicales, iglesias, entre otros- tendrán un espacio para plantear sus propuestas.

Ahora sólo queda esperar si de verdad se cumple lo que dice el papel porque si hay algo seguro es que los corruptos ya estarán buscando la manera de eludirla. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán popular. Serán el Gobierno y las autoridades judiciales y disciplinarias las encargadas de que los colombianos recuperen la credibilidad en sus instituciones y, sobre todo, en la política.